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Oroño al 700: según el municipio, el conflicto es entre particulares

La obra fue paralizada en base al Código de Faltas en junio de 2013, pero por un amparo se siguió trabajando. Tras varias instancias judiciales, la causa volvió a foja 0 luego que la Cámara de Apelaciones se declarara incompetente, por lo que se volvió a parar.

Luego de la protesta, que incluyó el corte de calle, por parte de trabajadores de la Uocra tras el despido de 32 trabajadores de una obra que está paralizada en bulevar Oroño 737, el municipio rosarino, mediante un comunicado, señaló que “no tiene responsabilidad” en el conflicto ya que el mismo “es un problema entre particulares”.

Según indicaron, la obra fue paralizada en forma preventiva hace poco más de un año, hasta tanto se resolviera el conflicto entre privados por el uso de un pasillo (denominado como servidumbre), pero mediante una medida cautelar, los constructores pudieron avanzar en la construcción. Esa medida fue apelada, pero como la Cámara de Apelaciones se declaró incompetente, debe reimplantarse la paralización.

Desde la Dirección General de Asuntos Jurídicos del municipio señalaron que la obra de bulevar Oroño 737 cuenta con un permiso de edificación (Nº 21689) de 2012.

Luego, mediante el expediente 5403 del año 2013, vecinos que residen en la propiedad ubicada en bulevar Oroño 749 denunciaron que el pasillo de salida a bulevar Oroño (nomenclado con el 737) es para uso solamente del lote interno número 3 y no para los otros dos que conforman el conjunto de edificación interna.

Frente a la denuncia de los propietarios del edificio de Oroño 749, en mayo del año pasado, la dirección de Obras Particulares, con fundamento en el Código Civil, advirtió que hasta tanto los particulares no resuelven la extensión del uso de ese pasillo a los otros dos lotes, debía paralizarse la obra en forma preventiva. Ese dictamen fue enviado a Asuntos Jurídicos, que dictaminó en el mismo sentido que la Dirección de Obras Particulares.

En junio de 2013 los constructores interpusieron un recurso de amparo y se dictó una cautelar, que permitió continuar la obra. La medida cautelar fue renovada por el Juzgado Civil y Comercial de la 11ª Nominación, a cargo de Delia Giles.

La medida cautelar fue apelada y la Cámara de Apelaciones se declaró incompetente, sosteniendo que el caso es del fuero Contencioso Administrativo. “Frente a esta decisión judicial se reimplantó la paralización de la obra, hasta tanto los particulares resuelvan su situación”, terminaron diciendo desde el municipio.

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