Daniel Zecca
Oscar Blando es docente en la Universidad Nacional de Rosario y ex director de Reforma Política y Constitucional de Santa Fe. Durante los gobiernos de Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz se dedicó a preparar el camino de diálogo y consultas con los distintos sectores de la sociedad para desembocar en una reforma constitucional, pero no alcanzaron los números en la Legislatura para hacerla realidad. En 2024 el oficialismo provincial logró alcanzar los dos tercios en cada cámara y se aprobó la ley de necesidad de la reforma constitucional. Para Blando, esa ley tiene luces y sombras, entre las que destaca la imposibilidad de reformar al Senado provincial. Pero su miedo más grande es que una reforma de fondo como la constitucional quede atrapada en medio de una coyuntura política donde las «ideas de la libertad» bloqueen el espíritu progresista de los cambios y achiquen el rol del Estado como garante de derechos básicos de la sociedad.
—¿Qué opinión tenés sobre el camino que se decidió tomar para reformar la Constitución santafesina?
—Creo que lo positivo es que se avanzó con los acuerdos políticos necesarios frente a lo que fue siempre el obstáculo de conseguir los dos tercios en Diputados y Senadores. Eso significó durante décadas la existencia de vetos recíprocos, es decir que tanto oposición como oficialismo, según dónde estuviera, impedía otorgarle los votos suficientes para obtener la ley de necesidad de la reforma. Obviamente eso se consiguió y actualizar una Constitución de mediados del siglo pasado es un hecho político importante.
Ahora, analizando la ley de necesidad de la reforma, yo digo que hay luces y sombras. En primer lugar, por suerte quedó desechada la idea que estaba instalada en un grupo oficialista, que era la de hacer una especia de pacto que debía aprobarse a libro cerrado, que incluía la reelección del gobernador. Esto, por suerte, no fue así. Creo que es positivo que haya más de 40 artículos que van a ser sometidos a reforma, más la inclusión de derechos, instituciones, modificaciones, que se habilitaron para la reforma. Porque hay que saber que de todos los proyectos la mayoría proponía la reforma parcial de la Constitución. Sólo dos proyectos planteaban la reforma total. Esto supone que la ley de necesidad, al ser reforma parcial, tenía que determinar cuáles son los artículos o temas, o materias, que iban a habilitarse. Esto es muy importante porque esta Legislatura definía lo que iba o lo que no iba. Hay una reforma amplia, se avanza en temas importantes, tema derechos, autonomía municipal, limitación de los mandatos, la inmunidad del proceso de los legisladores, que se quita, una posibilidad de instituciones amplias.
—¿Y las sombras cuáles serían?
—Una de ellas es que de entrada nomás hubo una restricción democrática a la participación política, porque establecer el 2,5% del padrón como piso para que los partidos o frentes puedan ingresar al reparto me parece una barrera innecesariamente alta. ¿Para qué? Esto tiene algún sentido, y es razonable, para que los Ejecutivos, un intendente o un gobernador, no tenga una situación tan fragmentaria en esa Legislatura o en ese Concejo que impida la gobernabilidad, por eso se ponen determinados pisos como para evitar la fragmentación y la ingobernabilidad. Ahora, ¿qué sentido tiene poner esa barrera donde no hay gobernabilidad en discusión? En una reforma constitucional, donde es el pueblo el que asume el poder constituyente derivado, asume su titularidad, y no debería haber ninguna barrera. Y si hay alguna barrera, en todo caso que sea la que tiene la ley de Paso vigente. Por lo tanto, esta es una barrera que restringe la participación democrática.
Después, sobre el tema de fondo, la ley de necesidad deja de lado uno de los temas centrales de la política santafesina, uno de los poderes centrales, que es el Senado. Otra vez el Senado no se toca. No solamente porque impide la discusión de uni o bicameralidad, sino porque impide discutir la representación del Senado. Es un sistema de uno por departamento, uninominal. Todo sistema uninominal excluye a las minorías, la proporcionalidad no existe. Gana uno y se lleva todo, un sistema clásicamente mayoritario. Y eso tiene no solamente impacto en la representación, sino también en la representación de las mujeres, porque el sistema uninominal impide la paridad. Es decir que vamos a seguir teniendo el mismo tema que tiene hoy la provincia de Santa Fe. En la elección de 2023 de los 19 departamentos no fue electa ninguna senadora.
Otro tema que a mí me parece que la ley de necesidad de la reforma se equivoca en el planteo de la autonomía municipal. Porque si bien se declara la autonomía municipal, sin embargo, para la autonomía institucional, que es la que puede dictar su propia carta orgánica, como seguramente tendrá Rosario, se establece que la primera Carta Orgánica va a ser convocada por el Ejecutivo y va a ser sancionada por el Concejo Deliberante de ese momento. Esto es insólito, porque ciertamente aquí la ciudadanía asume su soberanía en el sentido de decir qué Carta Orgánica, es decir qué Constitución en chiquito quiere. Ahora serán los representantes, es como si la reforma la hubieran hecho los legisladores y no el pueblo. Esto no resiste el menor análisis, si no es por una especulación puramente electoral.
Tampoco estoy de acuerdo en que se haya decidido elegir a los convencionales en una lista de 50 y a otros 19 por los diferentes departamentos. Porque el argumento de que así están representados todos los departamentos de la provincia no es sostenible, porque en una representación de 69 habría obligación de que cada departamento tenga dos representantes, o lo que sea, con lo cual se aseguraba que la participación del norte al sur esté presente. Eso es posible de asegurar.
—¿Cuál creés que debería ser el objetivo de la reforma en el contexto político que estamos viviendo?
—Creo que la Constitución debería quedar blindada respecto a la intención de instalar las políticas gubernamentales libertarias. Es decir, yo creo que la Constitución de Santa Fe debería garantizar que no penetren las políticas libertarias. Porque he escuchado, preocupado, la idea de que esta Constitución debe seguir los lineamientos del gobierno nacional. Y me parece que esto es un error, porque tanto el gobierno municipal, como el provincial o el nacional, deben estar sujetos al programa de la Constitución, no la Constitución al programa de los gobiernos. Esto es una concepción central del asunto. Ahí está la soberanía popular, que dice qué Constitución quiere o qué gobierno quiere, qué derechos quiere, qué garantía necesita. No es una ley, estamos creando la Constitución. Y esto lo digo porque los representantes de La Libertad Avanza y aliados ya han adelantado posturas respecto a que quieren instalar determinadas cuestiones. Por ejemplo, el tema del Estado. ¿Qué Estado queremos tener? Eso es lo que se va a discutir en la Constitución. Ellos siguen con la idea de destruir el Estado, quieren un Estado chico. Bueno, algunos creemos que el Estado, más allá de que tiene que ser transparente, eficiente, etc., está fundamentalmente para garantizar derechos. Sin Estado no hay derechos. Por lo tanto, cuando uno habla de achicar el Estado, sabe que puede estar achicando los derechos y libertades.
—¿Tenés miedo de que la gente por una cuestión circunstancial, como por ejemplo que baje la inflación, termine apoyando una reforma menos progresista?
—Exacto, esto puede pasar. El contenido de la Constitución está en disputa. No hay debate más político que el de una reforma constitucional. Vamos a discutir los órganos de poder, si es un poder más concentrado, si es un poder más limitado, qué participación ciudadana va a haber, y sigo ejemplificando. Van a venir con la bandera de los derechos clásicamente liberales: vida, libertad y propiedad. Esos son los derechos del siglo XVIII, de la Revolución Francesa para acá, antes de la Constitución de 1953, o con la Constitución del 53 en Argentina. Una Constitución que niega los derechos sociales, la reforma del 49, y mucho más niega la del 94, que incorpora los derechos económicos, sociales y culturales, medioambientales, sexualidad, diversidad, género, claramente ahí va a haber una disputa. También hay una idea de restringir la participación política y yo creo que en base al ejercicio de la libertad de expresión, la petición, el reclamo, la protesta pacífica, deben ser reconocidas en la Constitución y no deben ser restringidas o vistas como algo lesivo, peligroso o violento.
Esta idea de igualdad de derechos, el artículo 16 de la Constitución establece la igualdad. Somos todos iguales y ya está. Bueno, primero que cuando se declaró la igualdad ante la ley estaba detrás el reconocimiento de la desigualdad, porque si no no se necesita proclamar la igualdad. Es decir, en los hechos y en la realidad hay desigualdad, asimetrías, entre distintos grupos sociales. Por suerte, la ley de la necesidad de la reforma, no toca un artículo de la Constitución actual de Santa Fe, que es el artículo 8, que empieza igual que el de la Nación, diciendo “todos los habitantes de la provincia son iguales ante la ley”. Hasta ahí es una concepción absolutamente liberal, del siglo XVIII para acá. Pero después incluye algo que hoy se llama “desigualdad estructural”. Es decir, hay desigualdades sistemáticas que están presentes. ¿Y quién es el que remueve esas desigualdades? “Incumbe al Estado remover los obstáculos de orden económico y social que limitando la libertad y la igualdad de los individuos impida el libre desarrollo de la persona”. Ese es el reconocimiento que después hizo la reforma del 94 del artículo 75 inciso 23. Y le pone nombre: las mujeres, los niños, los discapacitados, las personas mayores, los grupos estructuralmente desaventajados. ¿Y quién puede? El Estado. Por suerte este artículo quedó, pero hay una concepción que intentará que este artículo quede en la primera parte y no en la segunda.
—Frente a eso, ¿qué hubieras propuesto?
—Siendo una reforma parcial, la Legislatura lo único que podía hacer era habilitar temas o artículos para que la convención lo discuta. Había varias maneras de hacerlo. Un ejemplo es la reforma de la Constitución actual, de 1962, esa convocatoria nombró a todos los artículos que había que reformar y sólo dejó afuera uno, que no se podía reformar, y por eso fue parcial. No decía cómo, sólo nombraba los artículos. Cuando yo estuve en la Dirección de Reforma Política y Constitucional, durante los gobiernos de Antonio Bonfatti y Lifschitz, donde avanzamos mucho más, nosotros también presentamos un proyecto que estuvo cerca de salir, pero no salió, y también poníamos una dirección a la reforma. Ahora, esa dirección es una sugerencia. La Convención puede decir todo lo contrario. Voy a dar un ejemplo: el artículo de la religión oficial, puede ser que se discuta que sea laica, que haya neutralidad del Estado en materia religiosa o que quede como está. Eso no está asegurado. Y lo mismo sobre todos los temas.
Yo creí que no iba a aparecer este tema, porque lo daba por hecho que la interpretación era cómo yo estoy diciendo, pero el tema se discute más seriamente con la presentación que hace en la Justicia (el diputado nacional) Nicolás Mayoraz, de LLA, que dice que la ley es inconstitucional, porque establece qué dirección tiene que tener la reforma. Y yo creo que no es inconstitucional por eso. Lo que hace la Legislatura es una propuesta de que sea esa la dirección, pero la convención puede decir lo contrario. Es más, podría decidir no cambiar nada. Puede no compartir la decisión de modificar tal o cual artículo, y dejarlo como está.
La otra manera era poner los artículos y ahí todo se discutía. Se eligió esta manera, y me parece que no está mal, pero la convención es soberana para discutir la dirección de todos los temas que la ley ha tratado, y desde luego está en disputa la orientación política que va a tener la reforma en derechos, en garantías, en la organización del poder, el hecho de que el Senado no está en la agenda es toda una definición política, se va a poder discutir otros temas, pero no ése. Esa columna vertebral va a quedar incólume en Santa Fe, pero se van a poder discutir temas sobre el Poder Judicial, sobre la autonomía, sobre la educación.
—¿No creés que buena parte de los santafesinos no tiene conciencia de que se está por reformar nada menos que la Constitución en Santa Fe?
—Cuando nosotros, con el gobernador Lifschitz planteamos la reforma, estuvimos más de dos años con un proceso de concientización pública. Eso fue lo que hicimos desde mi Dirección, lo que se llamó Bases para la reforma, establecer un diálogo social con todas las instituciones y que eso se resuma en un proyecto de ley de necesidad de la reforma. Esto no se hizo y contribuye a la cuestión de que “es una reforma para la política y para la reelección”. Porque ciertamente, salvo lo que se discutió el último día, la sociedad no supo cuáles temas se podían discutir o no. Yo espero que ahora haya un proceso de diálogo, no sobra tiempo porque las elecciones son el 13 de abril, para discutir y debatir.
—¿Eso aumenta el riesgo de que la coyuntura se trague las cuestiones de fondo?
—Sin dudas, es un año electoral también, entrelazado con la elección nacional, aunque van separadas. Hay que tratar de avanzar con una Constitución que sea progresista, acorde a los tiempos del siglo XXI, acorde a las normas del bloque de constitucionalidad que tiene la Argentina. La Constitución nacional establece pisos, estándares mínimos, pero las provinciales podrían superar eso, es un piso, no un techo. Por ejemplo, la Constitución nacional hablaba de cuotas con respecto a las mujeres, bueno, ahora hay paridad. Esto supera. Obviamente que hay temas mucho más sensibles. Qué pasa si discutimos el medicamento como bien social, dentro de la discusión del derecho a la salud. ¿Qué tipo de lineamientos generales vamos a hacer sobre la seguridad pública? Ahí se pueden dar orientaciones. Sobre el tema de la educación, está muy de moda hablar de la educación como servicio y no como derecho. Es una ola nacional y es importante qué educación queremos. La autonomía municipal, si uno la explica bien es un tema que tiene que ver con la cercanía. Si hay algo que tiene la autonomía es descentralización y proximidad. Es decir que la sociedad participe de la mayor manera posible en la discusión de los temas comunes. Por eso está bien que se haya incluido lo que se llama el derecho a la ciudad, el derecho a construir una sociedad igualitaria donde todos puedan participar.
El tema de la limitación de los mandatos. No puede ser que el gobernador solo tenga limitación y un concejal pueda estar 30 años, un senador pueda estar 30 años. Este tema se tomó y esperemos que se apruebe. Lo mismo los llamados privilegios de los senadores, cuando saltan las cuestiones la gente las siente como un privilegio. Son inmunidades, pero por lo menos hay que sacar la inmunidad de proceso, que quede la inmunidad de arresto y de opinión, porque son base para un derecho parlamentario, pero permitir la investigación. Establecer órganos de control, más allá del Tribunal de Cuentas, formas de participación. Hay que abrir y desburocratizar la democracia. Hay que idear formas de participación.
—¿Te preocupa algo en especial del debate de la convención? ¿Cómo ves la participación de outsiders en un debate que se supone necesita de especialistas?
—Me preocupa que gobernador y vice van a ser convencionales, la mayoría de los senadores van a ser seguramente convencionales. Y si uno ve los nombres que circulan para la lista de 50, gran parte de ellos van a ser legisladores provinciales. Es decir, en esos 60, 90 días, ¿quién gobierna la provincia? El tema de que los outsiders intervengan en política no es nuevo, y en Santa Fe hay casos, y en la ciudad de Rosario en gran medida. Ahora, si evaluamos a esos representantes que vienen desde fuera de la política, no han sido demasiado relevantes o superiores a los que están en política. Por lo tanto, en una cuestión donde se manejan cuestiones políticas en primer lugar, pero también cuestiones técnicas, cuestiones que tienen que ver con un anclaje histórico, político, se necesita también gente que tenga algún expertise, o algún conocimiento sobre ese tema. Van a reformar la Constitución. De eso dependen los derechos y las libertades públicas, los poderes, bueno, así es la democracia y por eso un poco me preocupa.
