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Otorgan libertad a comisario acusado de recibir dinero para beneficiar a presos

El jefe policial José Budiño fue imputado por cohecho e incumplimiento de deberes de funcionario público por favorecer a reclusos. La Fiscalía lo acusó de percibir montos de dinero a cambio de beneficios para los internos en "espacios VIP" de la Alcaidía

José Budiño se quebró cuando la jueza Griselda Strólogo le concedió la palabra. Pidió disculpas y apuró un sorbo de agua. «Cuento con 27 años de servicio y no tengo ni un día de arresto», aseguró con la voz entrecortada. «Por amor a la fuerza, dediqué mi vida a hacer cumplir la ley», dijo el comisario que hasta hace cuatro días estuvo a cargo de la Alcaidía Mayor de la Unidad Regional XVII (URXVII), departamento San Lorenzo, donde los reclusos aún sin condena firme se encuentran detenidos de manera transitoria. Más allá de la imputación por los delitos de cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público, el jefe policial recuperó la libertad por entender la magistrada en primera instancia que no entorpecerá el proceso investigativo. Budiño abandonó los Tribunales de San Lorenzo en el móvil de traslado para retirar sus pertenencias de la Unidad Penitenciaria N° 11, de Piñero.

Budiño estaba detenido desde este sábado, cuando personal de Gendarmería Nacional realizó una serie de allanamientos en la Alcaidía Mayor de la URXVII. Según consta en la investigación llevada adelante por el fiscal Aquiles Balbis, como resultado de los procedimientos se secuestraron celulares, chips de memoria, cuchillas de carnicería, navajas, chairas –piedras para afilar–, televisores 40 y 50 pulgadas, botellas de bebidas alcohólicas, parrillas móviles, routers, tablets, herramientas, sogas, alcohol etílico y hasta cajas de pizzas y empanadas pedidas a través de deliverys.

«Había alcohol etílico como para incendiar toda la Jefatura», denunció el fiscal Balbis en la audiencia de este martes. También la investigación le atribuye a Budiño haber recibido sumas de dinero en efectivo como contraprestación de beneficios para los internos: elementos de higiene, comida y espacios de reclusión VIP, tal como denominaron desde Fiscalía.

La acusación contra Budiño se origina a partir del peritaje de los teléfonos celulares de los integrantes de la banda que tenía base logística en barrio Copello de Capitán Bermúdez, a cuyo cabecilla Walter «Viejo» G. y sus otros nueve miembros se les dictó ayer la prisión preventiva al cabo de una maratónica audiencia en los Tribunales de San Lorenzo.

Según la pesquisa, dichas escuchas y mensajes incriminan a Budiño. Cuando uno de los integrantes de la banda, identificado como Ricardo «Maluma» D., cayó detenido en la Alcaidía Mayor acusado de haber sido autor material de dos crímenes y de otras dos tentativas de homicidio en los últimos meses en el Cordón Industrial, se comunicó vía mensaje de texto con un tal Ariel. «Acá hay que poner dos luquitas para estar mejor», fue el mensaje que recibió de parte de las autoridades de la institución, según consta como evidencia recolectada por Fiscalía.

El funcionario explicó que el precio para acceder a las «celdas VIP» ascendía a mil pesos semanales.

En los allanamientos ordenados por el fiscal Balbis también se encontraron cartas de los internos, en las que solicitaban visitas especiales durante el proceso de detención en la Alcaidía Mayor de la URXVII.

«Niego todos esos hechos. También niego ofrecimiento de dinero e incumplimiento del reglamento»,  dijo Budiño.

Las hermanas Dana y Ayelén G., hermanas de El Viejo y también acusadas de integrar dicha organización delictiva, permanecieron detenidas durante viernes y sábado pasado en la Alcaidía Mayor. «Está imposibilitado el alojamiento del personal femenino», acusó Balbis.

«Hice una consulta telefónica con el fiscal para que autorizara el ingreso de estas mujeres, ya que no les otorgaban permiso para que fuesen llevadas a la Alcaidía de Mujeres de Rosario», contestó Budiño.

Balbis también denunció la conexión que los internos mantenían con los agentes policiales que trabajan en la Alcaidía a través de líneas celulares. «Se tenían agendados en los teléfonos cuando deberían comunicarse en el espacio de detención», planteó el representante del Ministro Público de la Acusación.

Más allá de haber dicho que «si la investigación así lo comprueba, se trataría de hechos de gravedad institucional despreciables y aberrantes», la jueza Strólogo aceptó la calificación del fiscal Balbis pero no hizo lugar a la solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía, ante lo cual se otorgó la libertad al comisario Budiño.

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