En medio de la polémica generada por la declaración jurada del presidente Mauricio Macri, el titular de la Afip, Alberto Abad, declaró poseer entre sus bienes títulos de la empresa Molinos Río de la Plata que, en 2015, fue acusada por el organismo que él ahora preside de haber evadido al fisco 1.100 millones de pesos en concepto de pagos atrasados del impuesto a las Ganancias.
Esa tenencia de títulos públicos con cotización en el país lo coloca en una situación de incompatibilidad prevista en el Código de Ética que rige para el personal del organismo recaudador, porque podría generar una situación de conflicto de intereses en quien debe aplicar el poder de policía sobre una firma de la que su resultado financiero influye en su propio patrimonio. La deuda reclamada por el organismo remite a dos períodos en los que Abad era el titular de la Afip. Adicionalmente, la declaración jurada del funcionario reconoce en el ítem de deudas contraídas, a distintas sociedades financieras sometidas también al control de la Afip.
Según su declaración, presentada ante la Oficina Anticorrupción por el período 2015, Abad reconoce poseer acciones y Obligaciones Negociables de las empresas Pan American Energy, Irsa y Arcor entre otros. Pero entre los títulos públicos con cotización en el país, señala que al inicio del año poseía un monto equivalente 85.525 pesos invertido en Molinos Río de la Plata. Al cierre de ese período, el valor de esos títulos trepó, según lo declarado, a 121.540 pesos. Sin que el monto sea significativo en el patrimonio total del funcionario, su declaración puede traer aparejado un posible conflicto de intereses, según las normas que rigen el funcionamiento interno de Afip.
En el Código de Ética que lo alcanza, está descripta esa controversia cuando “se contrapongan en una misma situación los intereses de este Organismo con los intereses personales de los funcionarios”. Además, aclara que su personal “debe evitar situaciones que desencadenen un conflicto de interés real o potencial”.
En el acápite “b”, la norma establece que nadie en Afip “debe entablar relaciones personales o profesionales, ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo”. En 2015, la Afip inició un proceso de determinación en el cual le reclamó a la empresa el pago de Ganancias de 220,9 millones de pesos por el ejercicio 2006 y de 919 millones por el de 2007. Objetó esos pagos atrasados que habrían sido generados por precios de transferencia en transacciones internacionales entre firmas pertenecientes al mismo grupo empresario. El reclamo por la deuda coincide con el período en el que Abad fue el administrador federal: dejó su cargo en 2008. Según declaró, en 2013 esos títulos fueron incorporados a su patrimonio. De avanzar el proceso –más allá de las apelaciones planteadas por la empresa– se podría dar la paradójica situación en la que Abad debiera cobrarle a la firma en la que posee sus inversiones personales.
En ese marco, también resaltan dos deudas reconocidas con el Banco Santander Río (por 720.000 pesos cada una) y con Prisma Medios de Pago (85.950), que agrupa servicios de pago electrónico como Pago Mis Cuentas y Monedero, entre otras. De ambas, Abad fue director titular en las sociedades controlantes. Esas dos empresas están incluidas en los procesos de fiscalización del organismo. En 2014, el kirchnerista Norberto Berner había sido denunciado por haber declarado una deuda con una telefónica que debía ser controlada por la Secretaría de Telecomunicaciones a su cargo.
La defensa
Abad está imputado por presunta violación de secretos en una causa que investiga la divulgación de datos bajo secreto fiscal con objetivos políticos. En medio de un clima enrarecido dentro de la Afip, hizo circular un memo interno en el cual exhortó a la unidad del personal, conmocionado por las denuncias contra funcionarios del organismo recaudador. “Se han realizado importantes acciones legales en contra de grupos económicos que intentan defraudar al Estado, evadiendo impuestos o aprovechando indebidamente beneficios fiscales”, se lee en el descargo en el que resaltó las acciones penales llevadas adelantes por Afip. “No es casual entonces que nos encontremos, como es de público conocimiento, ante una artera campaña de desprestigio contra el personal de las distintas áreas” que, según dijo, está basada en “falsos hechos y en los más inverosímiles delitos”. Cuestionó a los medios que los publicaron y condenó las “cobardes acciones” llevadas a cabo contra algunos funcionarios imputados. Los alrededores de la Afip se poblaron con afiches ofensivos que dan cuenta de una interna desatada.
