Preocupado por que los números de la realidad no alteren el espasmódico índice de inflación, el gobierno de Javier Milei volvió a echar mano sobre el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y postergó para mayo el aumento que estaba previsto para este mes.
La medida tiene una doble intención: en lo inmediato, que la actualización de ese impuesto no se traslade a los surtidores y por consiguiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), y esperar a que se aplaque la guerra en Medio Oriente que tiene como rehén al precio del petróleo.
El precio de los combustibles es uno de los factores determinantes en las mediciones del Indec debido al impacto que provoca en el transporte y el resto de los costos de la cadena productiva de prácticamente todos los sectores.
No subir los combustibles implica atenuar la suba de la inflación que se viene acelerando en los últimos meses. Pero esta artimaña del Gobierno no es nueva.
La administración de Javier Milei desdobla o posterga desde mediados de 2024 la actualización de los impuestos fijados a los combustibles. La diferencia es que esta vez se da en un escenario de creciente presión sobre los precios de la energía producto la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
La postergación de la actualización en el impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL) fue oficializada en el decreto 217/2026 publicado en el Boletín Oficial.
El texto indica que el Ejecutivo definió volver a diferir los incrementos remanentes en los montos de los Impuestos sobre los Combustibles y al Dióxido de Carbono, derivados de las actualizaciones correspondientes a los años calendario 2024 y 2025, para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.
El decreto dice que la medida se tomó “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, y que considera “necesario, para los productos en cuestión, volver a diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”.
El Gobierno viene realizando ajustes desde septiembre del año pasado dispuso que las subas se calculen en base a la inflación y se actualicen de forma trimestral.
Además, estableció un monto fijo diferencial para el gasoil destinado a consumo en las provincias patagónicas, el Partido de Patagones en Buenos Aires y el Departamento de Malargüe en Mendoza.
Las postergaciones de los aumentos impositivos a los combustibles dispuestas en 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por un total de 2.326 millones de dólares, de acuerdo a la estimación de la consultora Economía y Energía.
