El conflicto en la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín tuvo ayer un nuevo giro que apaciguó, al menos temporalmente, a los asociados que se manifestaban frente a los Tribunales Federales de bulevar Oroño. En medio de la protesta en reclamo por la “devolución” de la institución, actor clave en los puertos del Cordón Industrial, trascendió que el juez federal Marcelo Bailaque, a cargo de la tutela, extendió la intervención por otros seis meses pero dejó al mando al ex intendente de la ciudad Daniel Sorrequieta, antiguo referente local del obeidismo y conocido por los estibadores. Así cesó en el cargo el economista de la Universidad de Buenos Aires Roberto Pasqualino, resistido y denunciado judicialmente por serias irregularidades por la agrupación Miguel Ru. Con la nueva designación se cumplió uno de los tres reclamos de los trabajadores, que era su remoción: un segundo es el apartamiento del propio juez, pero el tercero –y principal– es la normalización de la Cooperativa para que vuelva a estar en manos de sus asociados, junto al fin de la intervención de la seccional local del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos.
Sorrequieta, cuyo nombre fue propuesto al juez Bailaque desde el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) inauguró su gestión antes de tomar posesión del cargo con palabras tranquilizadoras para la expectativa de los socios de la cooperativa. “El camino es tomar contacto con la línea gerencial de la Cooperativa, tomar un cuadro de situación, y a partir del cuadro de situación, empezar el camino de normalización de la Cooperativa y de devolución de la Cooperativa a sus socios a través de elecciones libres y democráticas para que se elija un consejo de administración”, anticipó el interventor designado.
“Éste es un camino para desarrollarlo en el menor tiempo posible”, sostuvo después. Y en cuanto a las denuncias presentadas por los estibadores, no las soslayó aunque aclaró que los “datos previos” de los que dispone son “de las personas que han intervenido en este proceso”, por lo que no podía hablar antes de completar el cuadro de situación que él mismo había mencionado con datos “desde adentro”, en lo que pareció un convite a los manifestantes a reunirse.
La Cooperativa está intervenida desde agosto de 2019, días después de que el juez federal de Campana Adrián González Charvay ordenara la detención de Herme Juárez, quien estaba al frente desde 1969, por lavado de dinero, extorsión y otros delitos. Juárez también controlaba el Supa, que también fue intervenido. La oposición, reorganizada, comenzó al poco tiempo a reclamar la restitución: al primer interventor, el abogado Juan Schaer, lo acusaron de negociar convenios en beneficio de las empresas agroexportadoras; y al segundo, Pasqualino, por “desmanejos”. Entre ellos, el pedido de liberar 150 millones de pesos que pasaron a ser administrados por una mutual, según la agrupación Miguel Ru.
Ambos interventores habían asumido con la promesa de una normalización, por lo que ahora los trabajadores, si bien celebraron el fin de la gestión de Pasqualino, también mostraron reservas. “La palabra intervención para el estibador es una mala palabra”, dijo uno de los miembros de la corriente. “Tenemos que seguir luchando por el objetivo que tenemos desde el primer momento, que son las elecciones”, completó.
E insistió sobre los “150 millones de pesos que fueron trasladados a una mutual: por supuesto que vamos a hacer los reclamos para que vuelvan a su lugar de origen”.
Por lo pronto, el ex intendente de Puerto San Martín abrió el compás por el tema. “La Cooperativa está trabajando normalmente y los trabajadores quieren la democratización, tener el control para evitar pérdida de mercado laboral y evitar el vaciamiento, y para que sea conducida de la manera que ellos entienden que debe ser conducida y que hasta ahora no ha sucedido”, dijo.
“El objetivo del Inaes –remarcó– es devolverles la cooperativa a los trabajadores para que pueda competir en un mercado cada vez más competitivo y que no sea una cooperativa que se venga a menos sino que siga creciendo”.
Sobre los desmanejos, en tanto, consideró que con su gestión la cuestión está “políticamente prescripta”, no así en el ámbito judicial. “En el tema penal, cada uno se arreglará donde se tenga que arreglar, pero estas cuestiones de que prescribir en el tema político todos los desencuentros, para mí va a ayudar para poder en el futuro desarrollar una buena tarea y que sea exitosa”, consideró.
