Una empleada de 45 años que trabajó las últimas dos décadas en el Servicio Penitenciario de Santa Fe denunció a uno de sus superiores de la cárcel de Coronda por abuso sexual y acoso laboral. La mujer dijo que las agresiones comenzaron a finales de 2015 pero que le llevó un tiempo radicar la denuncia por las graves secuelas que le provocaron los abusos, entre ellas, dos intentos de suicidio. Hace una año, otra empleada del Servicio Penitenciario denunció a dos superiores por un ataque sexual también ocurrido en el penal de Coronda.
La denuncia fue radicada en la ciudad de Coronda el 6 de noviembre pasado por una suboficial que brindó detalles de los tormentos a los que fue sometida por el entonces subdirector del penal Ricardo G., según declaró.
El abogado Martín Mazzeo, quien representa a la uniformada, dijo a El Ciudadano que los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado son investigados por la Unidad de Delitos Complejos de la Fiscalía de Santa Fe, aunque aclaró que la pesquisa pueda ser derivada a la Unidad Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas).
El letrado dijo que el superior de su clienta la citaba en su despacho para cometer los abusos y cuando la mujer no soportó más la situación y se negó a someterse, empezó a ejercer sobre ella, quien era su subordinada, violencia laboral.
“Hubo una persecución, con sanciones administrativas. Este año, a raíz de lo que venía pasando, la denunciante intentó quitarse la vida”, dijo Mazzeo.
“Empezó a tocarme”
En su denuncia, la empleada penitenciaria aclaró que lleva 20 años de trabajo en el Servicio Penitenciario de Santa Fe y que a finales de 2015, cuando brindaba funciones en la Unidad Penal N° 1 de Coronda, el entonces subdirector del penal Ricardo G. comenzó a abusarla. “Antes de que este hombre tuviera jerarquía tenía una relación buena conmigo, de compañeros y amigos”, dijo la mujer antes de detallar el primer abuso, en tiempo presente.
“Cuando él comienza de subdirector del penal se hizo hacer su despacho en una oficina que está al lado del baño, en el pasillo, a continuación de secretaría, subiendo la escalera, la primera oficina”, dijo con el detalle de lo que no se olvida sobre el día que la llamó a ese lugar delante de otras personas y le dijo de “muy mala manera” que subiera a la oficina rápido y lo esperara ahí.
“Cuando fui él no estaba y esperé cinco minutos”, continuó la empleada penitenciaria en su denuncia en la que refirió que su superior llegó, la hizo sentar, le empezó a hablar del trabajo. «Hasta que en un momento empezó a tocarme y obligarme, porque siempre me decía que me iba a sacar de donde yo estaba, y se bajó el cierre del pantalón, y recuerdo muy bien el olor que tenía, y me obligó a practicarle sexo oral”.
La suboficial reconoció que en ese momento no pudo contar lo que le había pasado pero todo empeoró. “No pude decirle nada en ese momento a mi pareja ni a nadie, esta situaciones pasaron dos veces de obligarme a practicarle sexo oral. Pero de acosarme y mandarme a llamar por cualquier cosa era recurrente y por varios meses pasó. Porque yo no le respondía o no iba cuando me llamaba”, dijo antes de encontrar a su jefe con otra mujer en su despacho y sentirse “aliviada”.
La empleada agregó que se tomó licencia y luego su jefe fue trasladado. “Pero todo lo que pasé en ese tiempo me ha dejado mal, con secuelas que no puedo resolver, estoy yendo a terapia con psicólogo y psiquiatra, me han denigrado y maltratado en el Servicio Penitenciario tratándome de loca”.
Además agregó que lo que siguió fueron traslados “de un lado a otro” y que las secuelas que fue acumulando derivaron en varios episodios intentos de suicido.
“He intentado quitarme la vida, una vez fue en mi casa, otra vez fue en el Servicio”, dijo. «La última vez fue el 6 de julio pasado del año pasado luego de una discusión con el director de ese momento porque me sancionaban y no me decían por qué, y me hicieron reducción de haberes. Yo estaba en el Servicio y tomé pastillas”, recordó.
Según dijo la derivaron inconsciente hasta el Samco, situación que aseguró no recordar por lo que había ingerido, como tampoco su traslado a un sanatorio: “Ni siquiera le avisaron a mi familia lo que me había sucedido”.
Al finalizar su denuncia, la mujer dijo no saber cómo manejar la situación: “Lo del abuso no lo denuncié y traté de olvidar lo que pasó porque sabía que por la jerarquía me iba a mandar a otro lado. Y traté de hacer lo mejor que pude, de llevarlo y de controlarlo pero no pude, no sé, todo esto me superó, y no lo puedo olvidar”.
Por último agregó que en una situación tan vulnerable sintió como un “abandono de persona” el accionar del Servicio Penitenciario al no responder ni ante el abuso ni ante sus intentos de suicidios.
Un caso similar
Hace un año, otra empleada del Servicio Penitenciario de Santa Fe de 36 años, quien también brindaba servicios en la cárcel de Coronda denunció en la comisaría de la Mujer de la localidad de Gálvez que fue violada por dos superiores en junio de 2017 y que recibió amenazas para que el abuso sexual no trascendiera.
Su abogado también es Martín Mazzeo y contó que además de haber sufrido el ultraje, la empleada penitenciaria, quien llevaba una década como empleada penitenciaria, fue despedida sin justificación, en lo que el letrado consideró una maniobra destinada a encubrir el delito. Además, el letrado agregó que el esposo de la trabajadora, también empleado penitenciario, fue trasladado a otra unidad penal como consecuencia de una persecución laboral.
Según Mazzeo, su clienta acusó de violación al entonces director y subdirector de la cárcel de Coronda. Según la denuncia, la mujer fue asignada a una garita alejada 50 metros de donde trabaja el personal, en un puesto que se denomina Estacionamiento.
Allí no tenía luz, ni agua. El día de la violación, aparecieron los dos directivos señalados, la tomaron de la vestimenta y cometieron el abuso sexual. A partir de ese día, siempre de acuerdo a la denuncia, la empleada comenzó a sufrir persecuciones laborales y amenazas de muerte para que no denunciara.
Dos años después del ataque, le notificaron su despido por presunto abandono de servicio, es decir, por una ausencia injustificada. Según explicó el letrado, el día que le reclaman no haber asistido a su trabajo, 16 de agosto de 2017, su clienta había pedido licencia por enfermedad inculpable, y tenía un certificado médico que presentó pero no se lo recibieron.
