La Justicia federal condenó a un policía y a dos vecinos de Villa Gobernador Gálvez por la venta al menudeo de cocaína y marihuana en distintos domicilios de esa localidad. Durante el juicio se probó que el uniformado proveía los estupefacientes que sus cómplices comercializaban, además de brindarles protección filtrándoles datos de sus compañeros de las Fuerzas de Seguridad a los que identificaba con el mote de “bichos”. Por esos hechos, el agente recibió ocho años de cárcel que se sumarán a una condena de 24 años de prisión por otros delitos, entre ellos el copamiento de la comisaría de General Lagos y posterior robo a la sucursal del banco Credicoop en 2015. En tanto los civiles, una mujer, de 30 años, y un hombre, de 33, de muy bajos recursos, recibieron seis años de cárcel.
Se trata del agente policial Carlos Alberto Morgan, de 44 años, condenado a ocho años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en forma organizada, agravado por su calidad de funcionario de la Policía de Santa Fe. Además quedó inhabilitado para trabajar como policía durante los ocho años de la condena y se le impuso una multa de 4.000 pesos.
Esa pena fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Rosario, integrado por los jueces Ricardo Moisés Vásquez, Otmar Paulucci y Eugenio Martínez Ferrero, quienes también condenaron a seis años de cárcel a María Soledad Rechia, de 30, y a Víctor Antonio Ruiz Díaz, de 33 y apodado Wilson, como coautores del mismo delito agravado por la intervención de tres o más personas y multas por 338 pesos a cada uno.
El debate comenzó en mayo pasado y terminó este mes con la acusación a cargo del fiscal federal de Rosario Oscar Fernando Arrigo.
Según esgrimió en el juicio, la investigación contra el policía Morgan comenzó en octubre de 2015 por pedido de la fiscal provincial Viviana O’Connell, quien investigaba al agente como miembro de una banda de civiles y policías que entre varios ilícitos robó el banco Credicoop de General Lagos, luego de copar la comisaría de esa localidad.
En el marco de esa pesquisa, la fiscal O’Connell advirtió que el uniformado estaba implicado en la venta de drogas y como no tenía competencia para perseguir delitos por infracción a la ley de tenencia y tráfico de estupefacientes remitió las actuaciones a la Justicia Federal, causa que recayó en el fiscal Claudio Kishimoto, quien realizó la instrucción del caso que llegó a juicio en mayo y derivó en las tres condenas dictadas este mes.
Según los argumentos del fallo, al que El Ciudadano tuvo acceso, a partir de intervenciones telefónicas se pudo establecer que el policía Carlos Alberto Morgan, quien a la fecha se encontraba prestando funciones en la subcomisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez, notificaba a distintas líneas telefónicas la presencia de personal policial por la zona donde brindaba protección, identificando generalmente a los miembros de la Fuerza de Seguridad como “bichos”.
En ese sentido, y tal como lo planteó el fiscal Arrigo durante el juicio, los jueces entendieron que el rol de Morgan era clave para la organización criminal. Prueba de ello fueron parte de las escuchas que se ventilaron en las audiencias, donde se mostraron como evidencias las fluidas comunicaciones telefónicas entre Rechia y Morgan, en las que la mujer lo llamaba con los apodos Negro y Negrito con tanta confianza que en varias ocasiones le pedía “fiados” o “mercadería”, a lo cual el policía le prometía que le podía conseguir.
Y para muestra basta un botón: en este diálogo la mujer le pidió a Morgan estupefacientes para vender y así devolverle el dinero de su parte, e hizo referencia a un operativo policial en el que otros uniformados le sacaron la mercadería a su compañero de venta:
-Rechia (R): Me llevaron esa mercadería que yo tenía para pagar, tenía que pagar 7.500. Me arrancaron las 300 bolsas Negro que me quiero morir, me quiero morir le llevaron la droga. O sea Negro, me quedé sin plata, que me quedé sin mercadería para laburar, me dejó, como quien dice, en la ruina.
-Morgan (M): Eso que le avisé que este guacho que le habían mandado cana, tenía que haber sacado todo, qué giles que son, yo no entiendo.
-R: Che Negro, ¿ Y vos no me podes conseguir?
-M: Me entendés pero uno no, porque o sea tengo que poner plata yo…y si viste ustedes siguen laburando así mal, es para perder plata.
-R: Bueno Negrito, fíjate de última que se yo… Te estoy pidiendo, por favor, capaz que me puedas rescatar una aunque sea.
-M: Dejame voy a hablar… aunque sea uno.
-R: Uno aunque sea, yo con uno… escúchame Negro, de última ¿Vos te fijás, si? Mañana si me podés conseguir aunque sea uno, yo con eso te pago a vos, paso la mitad de lo que te estoy debiendo.
-M: Dale, dale, dejame ver que es lo que puedo hacer.
La relación comercial entre ellos también quedó plasmada en varios reclamos respecto a la calidad de la mercadería, como en uno de los diálogos en los que Rechia le advirtió que “el verde es muy feo, duro, que ni se puede fumar”, y que el policía le aconsejaba que “la mezcle”, en clara alusión a la marihuana.
De las mismas escuchas de las que se desprendió que Mariela Rechia y Wilson Ruiz Díaz vendían estupefacientes proveídos por Morgan, se supo que además les brindaba protección y les eliminaba la competencia, como se aprecia en una de las conversaciones:
-Rechia (R): Viste la minita que yo te dije que a mitad de cuadra estaba laburando? Bueno, viste que ahora trajo puchos, trajo escamitas, alitas y merca… Qué voy a vender, con razón no vendo nada. Así que Negro, vas a tener que ayudarme a hacer.
-Morgan (M): Bueno, si si si, no si ahora me voy a llegar. Dejame que ahora me voy a quedar por ahí. ¿Hoy qué es? Miércoles, mañana.
-R: Miércoles, mañana yo te llamo cuando él me diga: «Mariela ya hay movimiento que van y vienen cada rato”…..ahí nomás te llamo y fue.
-M: Dale, yo me voy y manoteo alguno.
-R: Fue, luqueale todas las cosas, luqueale todas las cosas.
-M: Si, si más vale.
-R: Y si es bueno, dámelo que lo vendo y agarramos mitad y mitad.
-M: Dale, dale, dale, que yo mañana me voy a quedar allá todo el día.
Además de las escuchas, los jueces valoraron que la droga incautada en el domicilio de Villa Gobernador Gálvez allanado, si bien era poca cantidad –alrededor de 42 gramos de cocaína y 540 gramos de marihuana– estaba fraccionada para la venta en 208 bochitas, a lo que agregaron el secuestro de algunos elementos destinados a fraccionar los estupefacientes como papel metálico, precintos plásticos y bolsas de nylon cortadas en pequeños cuadrados.
En ese sentido concluyeron que Rechia y Ruiz Díaz eran los encargados de la comercialización de los estupefacientes y Morgan era quien les proveía dicho material, brindaba protección y se encargaba de liberar la zona de posibles competencias en la venta de estupefacientes. Y por tanto que era el uniformado quien lideraba esa organización.
En sus conclusiones, los magistrados esgrimieron que parte de la cobertura policial que brindaba Morgan a los dos vendedores “implicaba evitar que se instalaran en la zona otros vendedores de estupefacientes que impliquen una competencia al negocio ilícito, a la par de informarles cuando se realizaban patrullajes en la zona, y si el mismo implicaba un peligro para la empresa delictiva”.
En relación a Wilson Ruiz Díaz concluyeron que “hacía las veces de vendedor al menudeo o directamente al consumidor”. Mientras que Rechia, “al margen de ser la guardadora del material estupefacientes secuestrado, era quien negociaba con Morgan la entrega del producto ilícito, y a quien le retribuida en dinero”.
El tribunal agregó en los fundamentos que la mujer también “lo mantenía informado acerca de las ventas del negocio, de la calidad del producto que comercializaban, de los inconvenientes que tenía con sus revendedores, y de la aparición de competidores de ventas en su zona de influencia”.
Al dictar las condenas, los jueces tuvieron en cuenta que Ruiz Díaz tenía una condena de dos años de ejecución condicional de junio de 2019 por el delito de tenencia simple de estupefacientes, por lo que a los seis años de prisión le agregaron seis meses unificando las dos penas.
Uno de los planteos de la defensa de Morgan fue señalar que el policía estaba siendo juzgado dos veces por el mismo delito, en referencia a todas las acusaciones que acumuló durante el proceso que llevó adelante la Justicia provincial que lo condenó como integrante de una banda mixta de policías y civiles que cometían diferentes delitos, entre ellos el copamiento de la comisaría de General Lagos y posterior asalto al banco Credicoop de esa localidad en mayo de 2015. Pero el planteo fue desestimado por los jueces federales.
Policías falsos y verdaderos
Por los delitos de competencia provincial, Morgan fue condenado a 24 años de prisión. La pena fue dictada por la Cámara de Apelaciones que confirmó y agravó el fallo de primera instancia donde había sido penado a 20 años de cárcel por el robo al banco Credicoop de General Lagos entre otros delitos.
El golpe ocurrió el 13 de mayo de 2015 luego de asaltar la comisaría de esa localidad y reducir entre seis encapuchados a una mujer de categoría sargento que estaba a cargo de la seccional. Luego de atarla con alambres se apoderaron de una ametralladora FMK3, dos escopetas calibre 12.70, tres chalecos antibalas y la pistola de la agente. Cargaron todo en el patrullero que estaba en la puerta de la seccional y condujeron hasta el banco, donde redujeron al custodio y a varias personas y se robaron 120 mil pesos.
Por ese hecho, a los que se sumaron numerosos delitos como el cobro a detenidos a cambio de beneficios, el guardado de armas sin registrar, amenazas de muerte a otros policías o el robo de suministros otorgados por la provincia llegaron a juicio oral cinco policías y tres civiles acusados de integrar dos asociaciones ilícitas que trabajaban de forma coordinada.
Por el lado de los uniformados, dos agentes fueron absueltos y tres condenados. Además de Morgan hallaron culpable a quien era jefe de la subcomisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez, Maximiliano Maldonado, condenado a 21 años de prisión, y al suboficial Fernando Acosta, a 6 años.
La pata civil estaba conformada por Humberto Ismael Aguirre, alias Viejo, quien era el jefe y fue condenado a 22 años de prisión, y Damián “Mortero” López, el organizador penado a 20 años de cárcel.
En tanto Oscar “Chunchi” Berlari, condenado a 17 años, junto a Damián López y Miguel Vallejos (quienes acordaron penas en juicios abreviados) eran quienes cometían las entraderas y escruches disfrazados de policías. Además a López, penado a 20 años de prisión, le atribuyeron ser el nexo con el policía Morgan.
