Como consecuencia de su impacto sobre diversos ámbitos de la sociedad, la problemática de los asentamientos irregulares constituye una de las principales preocupaciones del Estado en lo que respecta a inclusión social y garantía del acceso a la vivienda. En este sentido, la imposibilidad de alcanzar un empleo estable y las dificultades para obtener un crédito accesible a largo plazo constituyen una de las bases de la cuestión.
Asimismo, la expansión urbanística hacia la periferia, que se pone en evidencia tanto en la radicación de estos conjuntos de construcciones precarias como a través de la implementación de los programas de vivienda social, tiene una marcada incidencia, entre otras cosas, en materia de servicios, circulación vehicular, tiempos de viaje y seguridad.
Parte de este fenómeno social se ve reflejado en el último censo realizado por la agrupación Techo, que revela que cerca del 90 por ciento de los asentamientos posee conexiones irregulares tanto de agua como de energía y que más de la mitad no cuenta con ninguna calle de su barrio asfaltada.
“Dentro de los sectores que no tienen acceso a la vivienda hay una diferenciación importante, estratos sociales. Hay gente que tiene un trabajo estable y a la que le falta muy poco para llegar a la vivienda formal, mientras que hay quienes, formalizado su hábitat, tiene que volver a la marginalidad porque no lo puede sostener. Entonces podemos hablar de un arco de problemáticas sociales que debe ser desmontado, analizado en profundidad y resuelto con políticas diversificadas”, analizó en diálogo con El Ciudadano la decana de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Isabel Martínez de San Vicente.
La ONG latinoamericana Techo, abocada a fomentar el desarrollo comunitario en asentamientos precarios, promover la conciencia y acción social e incidir en espacios de toma de decisión y de definición de políticas públicas, publicó en 2013 un informe que expone la realidad y carencias de las personas que los habitan.
De allí se desprende que de las 110 villas relevadas en Rosario (172 en toda la región), donde viven alrededor de 35.600 familias, sólo el 5,6 por ciento tiene agua corriente mientras que el 81,5 por ciento se abastece a través de una conexión irregular.
En lo que respecta a la energía, sólo el 3,6 por ciento cuenta con un medidor comunitario mientras que el porcentaje restante está “enganchado”.
Al margen de estos datos estadísticos, Martínez de San Vicente estimó necesario avanzar más en detalle para conocer en profundidad la realidad de cada familia.
“Sabemos cuántas personas hay pero no cuántos de ellos están al borde de ingresar a los sectores medios, cuántos al borde de caerse a la línea de indigencia, cuántos podrían salir de allí porque les representaría un cambio cualitativo y cuántos de ellos necesitan quedarse. Lo que no es correcto es pensar el asentamiento como una unidad para su realojamiento in situ o traslado”, explicó.
Un error estructural
Para intentar darle una solución al problema de la vivienda, los gobiernos nacional y provincial impulsan ya desde hace años diversos programas (Procrear y “Mi Tierra, Mi Casa”, respectivamente) de crédito para la financiación de un terreno o para la realización de obras de infraestructura. En referencia a ello, la especialista en urbanismo calificó como un error la utilización de estos proyectos para la construcción de viviendas individuales ya que ello podría tener un impacto negativo muy fuerte para la población en general.
“Significa resignarse a no tener servicios nunca o que éstos sean deficitarios por el alto costo que representa para la sociedad en su conjunto. No sólo hablamos del agua, pavimento y cloacas, sino también en la seguridad, recolección de residuos, energía…”, señaló.
“Además –advirtió–, estar lejos de la ciudad impacta también en materia de traslado: hay familias que para ir a trabajar hacen más de una hora de viaje en bicicleta”, observó, al tiempo que se refirió a los barrios abiertos periféricos, “en los que se apuesta a que las familias tengan, por lo menos, dos autos”, produciendo así un impacto sobre el medio ambiente, la circulación y el estado de caminos y rutas.
Oportunidades hay
Si bien Martínez de San Vicente reveló que el problema de la pobreza no se resuelve desde el punto de vista urbanístico, reconoció que “la ciudad posee oportunidades que no están siendo miradas de un modo abarcativo”. En este sentido, deslizó la posibilidad de gestionar un acuerdo con Nación para utilizar terrenos de ferrocarriles de la zona de Puerto Norte, hasta el momento destinados para construcciones de alto nivel, para la implementación de iniciativas mixtas, proyecto actualmente en tratamiento según reconocieron desde la Municipalidad (recuadro).
“Podría haber construcciones de media densidad como edificios de planta baja y tres pisos, en los que además resulta más fácil la convivencia. Si uno pensara en tipología de cuatro o cinco pisos destinados a sectores que pudieran pagarlos en muchos años podríamos ir insertando en distintos puntos de la ciudad emprendimientos de vivienda”, explicó trazando un paralelismo con los proyectos urbanísticos proyectados para la zona del ex Batallón Militar de Comunicaciones 121, ubicado en la zona sur.
Asentamientos irregulares y barrios exclusivos
La vicepresidenta del Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat de la Municipalidad de Rosario, María Inés Capón, coincidió en que la problemática de los asentamientos irregulares debe ser abordada con políticas integrales que requieren de la intervención de diversas reparticiones y organismos no gubernamentales.
Según la funcionaria, ante la detección de un espacio de estas características se busca en un primer lugar “concretar reuniones con los vecinos para poder analizar el programa o proyecto a implementar”.
En esa línea, resaltó la implementación de dos planes: por un lado el Programa Nacional de Mejoramiento de Barrios –Promeba–, que actualmente contempla trabajos en los barrios Itatí (zona sudoeste) y La Cerámica (norte), y por el otro el Plan Abre, desarrollado conjuntamente con la provincia, que “apunta a la apertura tanto urbanística como social, incorporando a los jóvenes a diferentes planes de capacitación que se derivan a las secretarías de Promoción y Desarrollo Social”.
Proyecto mixto en debate
En otro orden, la funcionaria comentó que la propuesta de la decana de la Facultad de Arquitectura de la UNR, Isabel Martínez de San Vicente, de avanzar en la implementación de un proyecto urbanístico de pequeños edificios destinado a los sectores medios/bajos en la zona de Puerto Norte, estableciendo una mixtura con las enormes torres premium que se encuentran ya instaladas, fue presentada oportunamente por la Secretaría de Planeamiento local ante Nación, que ahora deberá analizarla.
