Esteban Guida y Rodolfo Pablo Treber
Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
A partir del anuncio presidencial de la querella contra los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri que propiciaron la fuga de divisas, volvió a ser noticia el informe del Banco Central de la República Argentina sobre el mercado de cambios, deuda y formación de activos externos 2015-2019, publicado en mayo del año pasado. En ese documento se detalla “un profundo cambio de paradigma en el enfoque de la política cambiaria, monetaria y de endeudamiento, tendiente a una desregulación de los mercados” desarrollado durante el gobierno anterior, cuyas repercusiones siguen generando una gravosa carga para el país.
Entre las conclusiones más importantes del estudio se resalta que en el período considerado ingresaron al país más de 100.000 millones de dólares en concepto de deuda pública, privada e inversiones y, como consecuencia de la liberación total del mercado, 8 de cada 10 de esos dólares fueron destinados a la “Formación de Activos Externos”, lo que comúnmente se denomina fuga de capitales. Este último dato da muestra de cómo se utilizó al Estado para favorecer a un sector con acceso a las divisas, dejando como saldo negativo una gran cantidad de deuda pública y abultados intereses, fuera de toda lógica de sentido nacional.
El proceso se vio agravado cuando en 2018 el gobierno macrista decidió recurrir Fondo Monetario Internacional (FMI) para sostener este mecanismo, organismo que, en sociedad y complicidad con el saqueo perpetrado a manos de los propios funcionarios, desembolsó un préstamo record de 44.500 millones de dólares para financiar la fuga con deuda pública, tal como señala el informe.
El dato revelador (que hace tiempo venimos mencionando en esta columna como una de las peores consecuencias de la economía liberal, que abarca mucho más que el período macrista), es la brutal concentración de riquezas que existe en el país, y el enorme poder de fuego que tiene un reducido número de actores. Como señala el informe: “La fuga de capitales presenta una notable concentración en unos pocos actores económicos. Un reducido grupo de 100 agentes realizó compras netas por u$s24.679 millones. Por su parte, la fuga de capitales de los 10 principales compradores explica u$s7.945 millones. Al diferenciar entre personas humanas y personas jurídicas, se observa que apenas el 1% de las empresas que realizaron compras netas adquirió u$s41.124 millones en concepto de formación de activos externos. Mientras que en el caso de las personas humanas, tan solo el 1% de los compradores acumuló u$s16.200 millones en compras netas durante el período”.
En el análisis detallado de este segmento se deja entrever quiénes fueron los principales beneficiados de este accionar. En efecto, cerca del 50% de la Formación de Activos Extranjeros estuvo a cargo de las instituciones financieras (30%) y de las empresas de energía (20%). Banca privada y transnacional sumadas a las empresas de distribución eléctrica y petroleras fueron actores principales de esta estafa al pueblo argentino. Le siguen Industria Química, Caucho y Plástico (9%), Comunicaciones (8%), Alimentos, Bebidas y Tabaco (6%) y Transporte (6%), entre otros.
El gobierno está poniendo el eje de esta cuestión en los dólares fugados, pero no se está dando la suficiente importancia a una cuestión básica de fondo: ¿cómo hicieron estas empresas y personas para reunir la cantidad necesaria de pesos para comprar semejante cifra de dólares?
Haciendo una estimación con los datos oficiales, tan solo en el año 2019 el Top 100 de empresas fugadoras necesitó más de 374.000 millones de pesos para comprar los dólares, y esto significó aproximadamente el 20% de la base monetaria registrada a finales de ese año. La pregunta que todos debemos hacernos es ¿cómo hacen tan solo 100 empresas para acumular semejante cantidad de pesos y sacarlos del sistema sin afectar su propia liquidez y funcionamiento? La respuesta está en el párrafo anterior. La economía argentina presenta una estructura fuertemente concentrada en actividades estratégicas vinculadas al consumo masivo, cuyas empresas logran absorber, a través del sistema de precios, los recursos de la economía, presionando así sobre el mercado cambiario cuando intentan fugar sus ganancias en forma de divisas.
Es decir que el problema de la fuga de capitales no es solamente producto de la falta de regulaciones en el mercado cambiario. Debemos considerar también la existencia de monopolios y oligopolios que dominan numerosas cadenas de valor fundamentales de la economía; fijan los precios de los bienes y servicios que venden de acuerdo a sus pretensiones de ganancia y fuga, y logran succionar los recursos (parte de los cuales inyecta el Estado con la expansión monetaria que financia el déficit fiscal y cuasifiscal). Son los mismos precios que explican buena parte del proceso inflacionario en el país.
Vale aclarar que el problema no es la ganancia empresaria; muy por el contrario, se pone el énfasis en el sentido opuesto al interés nacional de estos grupos económico que, con la ayuda de los funcionarios de turno, obtuvieron ganancias extraordinarias con las que compraron dólares subsidiados por el Estado y los fugaron, a costa del esfuerzo y el trabajo del conjunto de los argentinos.
Por otro lado, y abarcando más que el período en estudio, el BCRA admite que los u$s86.000 millones fugados representan el triple de la formación de activos externos habituales en un plazo similar. Esto quiere decir que, a pesar de que el gobierno colonial de Macri obtuvo la cifra récord promedio de casi u$s22.000 millones por año, se toma como habitual una fuga de u$s7.000 millones/año. Esto representa, ni más ni menos, el 12% de la balanza comercial del país o el equivalente a lo que gasta el país en concepto de fletes del total de sus importaciones y exportaciones. Allí puede verse que el gobierno actual no está poniendo el énfasis en terminar definitivamente con esta situación; está naturalizada la existencia de grupos económicos concentrados que se formaron y actuaron discrecionalmente a partir el último gobierno cívico militar y siguen hoy protagonizando los mencionados hechos (no olvidar el origen y la trayectoria de los 200 empresarios que aplaudieron efusivamente a Macri apenas asumió…).
¡Qué fácil les ha resultado a estos empresarios dar de baja, o modificar a su conveniencia, algunas comunicaciones del BCRA para desregular el mercado cambiario! ¿No vemos el poder que tienen estas empresas para acomodar a su beneplácito las reglas del mercado, mientras sus predicadores rentados promueven la libertad económica y la independencia del BCRA? ¿No se conocen con nombre y apellido quiénes son los responsables de esta situación? Tristemente, ningún gobierno democrático desde 1983 a la actualidad se atrevió a cambiar las reglas de un sistema financiero liberal dominado por la banca privada y transnacional, a más no ser para volver a la situación previa a la ley de Entidades Financieras vigente, N° 21.526, que data del 14 de febrero de 1977 y fue promulgada por Videla y Martínez de Hoz durante la dictadura militar.
Ahora ya sabemos un poco más. Ya sabemos quiénes y gracias a quiénes se llevó a cabo un nuevo saqueo al pueblo argentino. Saber la verdad nos hace libres, pero ser libres es una gran responsabilidad.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
