Vicentin dejó un tendal de deudas, parte de las cuales son con medianos y pequeños productores o acopiadores que le vendieron granos al consorcio con sede en Santa Fe pero nunca cobraron. El concurso de acreedores que se tramita en el juzgado de Reconquista analiza un pedido del directorio de la firma para pesificar esos pagos en veremos, y los afectados pusieron desde el inicio el grito en el cielo. Este miércoles, varios de ellos se concentraron frente a la Bolsa de Comercio de Rosario para reactivar esa queja y, además, reclamar que la causa pase a un tribunal de Rosario. La condescendencia del juez en lo civil y comercial Fabián Lorenzini con el deseo de quienes llevaron al colapso a la cerealera hizo ruido incluso entre quienes esgrimieron «Soy Vicentin» antes de darse cuenta de que los desmanejos corporativos los colocan también en el lugar de perjudicados. Al mediodía, se manifestaron a las puertas del edificio de Paraguay al 700, donde funciona la institución que presidió uno de los investigados por el mega desfalco, Alberto Padoán, y donde tiene uno de sus domicilios legales la sindicatura de la corporación.
Los productores y acopiadores que protagonizan la nueva movida cuestionan a los síndicos de Vicentin y a la justicia, entre otras cosas, por la incorporación de Diego Guelar, ex embajador ante China durante el gobierno de Cambiemos, como consultor de la empresa en el proceso de concurso. Como ocurre con los integrantes del nuevo directorio tripartito elegido a mediados de octubre por la mayoría de los accionistas, recelan de la estrecha relación del ex diplomático con los directivos que quebraron la agroexportadora con variados desmanejos.
En la Bolsa de Comercio de Rosario están las oficinas del estudio Baravalle & Granados, donde fijaron domicilio los síndicos designados por el juez Lorenzini para el proceso preventivo de acreedores.
Los acreedores cerealeros de Vicentin no quieren que se pesifiquen las deudas por los granos que no cobraron y que, en muchos casos, ni siquiera facturaron, porque no tenían fijado precio cuando se enviaron a depósito. Argumentan que si bien esas operaciones comerciales se asientan en pesos, se rigen por la cotización del dólar al cierre efectivo de los contratos. Con el proceso devaluatorio y las presiones hacia el gobierno para profundizarlo que imperan en el país, sostienen que se van a licuar esos pasivos y serán ellos los que pierdan.
La movilización de este miércoles, señalan sus protagonistas, es para evitar una estafa penal y procesal “que tiene como único fin el vaciamiento de la empresa”.
Los acreedores de Vicentin no quieren saber nada con la pesificación de las deudas
Un acopiador cordobés, parte de la movida, resumió la queja en diálogo con LT8: “Sembramos en dólares y vendemos en dólares, y ahora quieren pesificarnos la deuda. O sea, licuarla por parte de la sindicatura de Vicentin”. Agregó a modo de pregunta: “¿Después de 9 meses, qué vamos a cobrar si nos pesifican?”. Y le reclamó a Lorenzini que revea ese modo de cálculo, propuesto por la misma Vicentin.
El magistrado ya no goza de la confianza de los productores, muchos de los cuales se pusieron la camiseta del consorcio nacido en el norte santafesino cuando el gobierno nacional amagó con intervenirlo. “Queremos que la causa se traslade a Rosario porque nosotros hacemos los contratos con base en Rosario, vendemos en Rosario y Vicentin tiene los puertos en Rosario, no sé por qué está todo en Reconquista“, inquirió el mismo interlocutor con una pregunta de respuesta obvia: el grupo tiene aceitadas relaciones con todos los poderes del Estado en esa ciudad, como demostraron las marchas y apoyos al directorio del default y las medidas dispuestas por el Juzgado local, que aceptó iniciar un proceso concursal sin siquiera la presentación del último balance del grupo. Un requisito legal obviado que hace poco se completó tardío y con números e ingeniería contable que pocos dan por verosímiles.
La movilización de este miércoles busca meter presión antes de que sea tarde. Los síndicos de la convocatoria, los contadores Ernesto García, Carlos Amut –ambos santafesinos– y el galvense Diego Telesco deben presentar el próximo 13 de noviembre al juez Lorenzini el informe individual de cada crédito verificado. El trío, con domicilio legal precisamente en el piso 9 de la Bolsa rosarina, insiste en acompañar la postura del directorio de Vicentin de que la deuda con los productores y acopiadores es en pesos, al contrario de la contraída en dólares con los bancos y entidades financieras extranjeras, otro núcleo que, con más poder de maniobra, ya movió sus fichas desde los tribunales estadounidenses.
Los proveedores cerealeros de Vicentin colgados por el consorcio calculan que, con la pesificación de sus deudas, cobrarán apenas la décima parte de las mismas. Por lo bajo, algunos admiten ahora que la intervención estatal que rechazaron y finalmente desactivaron era lo que más convenía a sus bolsillos, pero que la esmerilaron por razones «ideológicas».
