La primera alarma en el radicalismo la encendió una ilusión de Gabriela Michetti. Se trataba de la posibilidad, idílica y 24 horas después desmentida por el destinatario, de formar un nuevo bloque entre el PRO y el bonaerense Sergio Massa tras las elecciones de octubre.
Se entiende esa vocación del macrismo de mostrar unidad con el intendente de Tigre y por ahora la cuestión quedó sólo en las ideas de Michetti.
Pero en la UCR arrancó en ese momento el temor por lo que podría pasar con el armado de un interbloque que reuniera a peronistas no kirchneristas, que les permitiera llegar a sentarse como la segunda fuerza política con representación parlamentaria, al menos en Diputados. Hasta ahora, por lo menos en la década K, nunca se había dado la opción de un segundo peronismo (obviamente no oficial) con fuerza como para sacar suficientes diputados y seducir tras las elecciones a otras fuerzas para armar un interbloque.
El botín que está en el medio es la cuota de cargos que la Constitución nacional le reserva al primer partido de la oposición medido en representación en el Congreso, es decir la presidencia de la Auditoría General de la Nación y los estratégicos sillones en el Consejo de la Magistratura. De ahí la eterna pelea.
Así, no es la primera vez que se desata un debate sobre el tema. Con cada recambio legislativo aparece la discusión sobre la forma de calcular la primera oposición para quedarse con la vicepresidencia segunda de la Cámara de Diputados.
La distinción no es fácil: en la última renovación el PRO intentó meter en discusión una modificación a la reglamentación del funcionamiento de la Auditoría General de la Nación por la que se distribuyeran proporcionalmente entre la oposición los sillones en el colegio de auditores, en lugar de reservar la presidencia del cuerpo y dos cargos a la UCR como primera fuerza opositora.
Ese pedido macrista no tuvo éxito, pero en ese debate se ventiló otra cuestión espinosa: ¿debe interpretarse en todos los casos que los cargos reservados a la oposición van para el bloque más numeroso, o puede tratarse también de un interbloque entre distintos socios políticos? A esto último se jugó el macrismo con ese pedido de reforma y ésa es la base de las dudas que volverán a sobrevolar el Congreso, claro está, siempre de acuerdo con el resultado de la elección de octubre.
Por otra parte, un ejercicio de ese tipo, donde un peronismo quedara como oficialismo y otro como primera oposición, no es nuevo en la historia reciente argentina. Carlos Menem supo armarlo para alguna elección de senadores en la que se quedó con los tres cargos.
Este temor, cierto o especulativo, es una de las herramientas que el radicalismo más usa en esta campaña. El jueves último lo volvió a hacer Ernesto Sanz en un acto en Entre Ríos: “Los entrerrianos saben como nadie que el peronismo se desdobla antes de las elecciones para recibir votos por el oficialismo y la oposición, y después de las elecciones se juntan para sumar los legisladores. En Entre Ríos habrá muchas boletas, pero sólo dos propuestas auténticas: la del gobierno y la de la Lista3”, dijo allí.
No parece posible –por lo menos Massa insiste hasta el hartazgo con esa garantía– que el Frente Renovador fuera a llegar a un acuerdo de fusión poselectoral con Cristina Fernández de Kirchner.
De hecho, para la UCR un pacto de ese tipo despejaría el peligro de perder el primer lugar como fuerza de oposición. El riesgo es otro: si Massa y su lista logran sumar en las Paso (primarias) y en octubre lo suficiente como seducir a peronistas no contenidos ante el fin del mandato de Cristina Fernández, un nuevo interbloque podría complicar a la UCR.
El radicalismo en esta elección, además, se somete a un test de estrés político como casi ningún otro partido.
A diferencia del kirchnerismo, que en este turno debe renovar las bancas obtenidas en su peor elección, la UCR debe reponer las bancas alcanzadas en su mejor elección reciente. Así, de 40 bancas propias, esta vez arriesga 22.
Finalmente, de acuerdo con el resultado, todo será cuestión de interpretaciones, duras y complejas si se tiene en cuenta que esos cargos que la Constitución reserva a la oposición son los únicos que el oficialismo debe ceder dentro de toda la administración.
Así, no hay duda sobre la Auditoría General, donde se establece que “el presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso”. Aquí hay un punto a favor del radicalismo.
Pero en el reparto de cargos en el Consejo de la Magistratura puede no ser tan claro: “Correspondiendo dos al bloque con mayor representación legislativa, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría”, dice el texto.
Queda como saldo otro cargo que no otorga la Constitución a la oposición, pero sí lo hizo la ley de medios: un sillón en el directorio de la Afsca (autoridad de aplicación de la ley de Medios, que hoy ocupa el radical Marcelo Stubrin) y que puede ser tan preciado como cualquiera de los otros puestos.
