Otra vez 200 empleados de la tabacalera Bronway están en vilo: vuelven a depender de la Justicia federal para poder trabajar. Una historia que comenzó con el cambio en la manera de tributar a la Afip en la época del macrismo, con una ley hecha a la medida de las multinacionales que en busca de quedarse con todo el mercado presionan para que las pymes nacionales cierren; esto obliga a estas pequeñas y medianas empresas a trabajar con medidas cautelares en todo el país.
Es que el impuesto fijado, o sea que tienen que pagar todas las tabacaleras, no es un porcentaje del precio del paquete de cigarrillos, sino un impuesto que va aumentando en relación con el paquete de cigarrillos de las multinacionales. Eso implica que el precio de ese impuesto supere el precio de mercado de un paquete que ofrecen las pymes nacionales.
También por eso es que, hasta que se resuelva el problema de fondo, estas pymes funcionan en todo el país con medidas cautelares. En Rosario, las presentaciones de las multinacionales generaron idas y vueltas durante el fin de 2022 y comienzo de 2023, hasta que las dos firmas santafesinas en cuestión lograron la medida judicial para poder trabajar.
Sin embargo, ahora se presentó otro problema. La llegada de un nuevo juez federal a Rosario hace tres semanas dio un nuevo vuelco, ya que este magistrado desempolvó una medida cautelar presentada por una multinacional y decidió darle curso, lo que implica directamente el cierre de la tabacalera y la consecuente caída de dos centenares de puestos de trabajo si la medida prospera.
Es por eso que desde la tabacalera Bronway presentaron una denuncia contra el juez en el marco de lo que definieron como un sinfín de irregularidades alrededor de esta medida.
Darío Ippolito, titular de la firma, detalló cómo fue la maniobra de la multinacional: “Viene Massalin, contrata a un estudio jurídico de Rosario y presenta una acción preventiva de daños ante la Justicia provincial. Una medida cautelar para que Bronway tribute por el mínimo que establece la ley, que es imposible de pagar, ya que ese impuesto está hecho sobre un porcentaje del precio de los cigarrillos que vende Massalin, que cuestan más del doble que los de Bronway”, describió la operatoria.
Pero la Justicia provincial consideró que la empresa en cuestión no tenía legitimación activa para realizar esa presentación, que en todo caso correspondería a la Afip. “No lo puede pedir un particular. Encima la cautelar no la podría dictar ya que tiene el mismo fin que la pretensión de fondo entonces esta cuestión, estaría adelantando la sentencia”, agregó el dueño de la firma.
Y en ese sentido apuntó contra el nuevo juez, Gastón Salmain, a quien el martes denunció ante la Justicia federal: “Lo más grave es que el Gastón Salmain, con 50 mil expediente en trámite, con amparos de salud sin resolver, decide agarrar esta causa que no tiene ningún apuro ya que la demora no genera nada en relación con una cuestión de salud por ejemplo. La Cámara ya le había otorgado a la tabacalera la posibilidad de autodeterminarse y, a pesar de eso, el juez decide resolver una medida cautelar obligando a Bronway a pagar el impuesto, es decir cerrando la empresa”.
“Es clara la animosidad contra Bronway. Acá siguen estando en juego muchos poderes que quieren cerrar la empresa. Y nunca piensan en la cantidad de personas que se quedan en la calle. No les importa”, cerró el empresario en relación con los 200 puestos de trabajo directos que brinda Bronway.
