Este fin de año signado por el drama de la muerte violenta en la Argentina refleja las miserias de la política nuestra de cada día, muy lejos de las pretensiones de cualquier acuerdo político y social.
Hace poco, todo el escenario político se conmovió por el asesinato del militante del PO Mariano Ferreyra, en el marco de una refriega ocasionada por la simple pretensión de cortar vías para que personal tercerizado del Roca pasara a planta permanente.
Ahora, domina la escena el estupor por los muertos en la ocupación de los terrenos del Parque Indoamericano, en Villa Soldati, de quienes apenas si trascendieron sus nombres, aunque sí sus nacionalidades.
Así como casi no se conocen las identidades de los matados tampoco hay demasiados indicios sobre los matadores. Es como si las condiciones de extranjeros de los muertos le restaran importancia.
Tanto el gobierno nacional como el porteño deslindaron en forma lastimosa sus responsabilidades, primero por los excesos policiales y luego por la ausencia casi total de vigilancia en el predio.
Para llegar a tan dramática instancia influyó también el accionar de los punteros zonales que operan para ambos lados y se venden al mejor postor y muchas veces al dinero de la droga.
El jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, cargó contra los inmigrantes de los países limítrofes y, en simultáneo, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, confundió prevención con represión.
Las autoridades que sacaron el cuerpo tampoco pueden olvidar los miles de vecinos que habitan en una de las zonas más castigadas de la Capital y el conurbano y deben soportar a diario el chantaje de los punteros.
Si Fernández aclara que no se mandará a la Federal y se observa que Macri creó la Metropolitana por ahora sólo para cuidar las zonas ricas de la ciudad, se puede presumir un destino de más confrontación.
La justicia también tuvo lo suyo porque la cruel orden inicial de desalojar el predio terminó por incendiar todo.
Ya con varios muertos en el camino, hubo medidas judiciales y reuniones políticas tendientes a la pacificación. Como siempre, con el gusto amargo de lo tardío.
Pero las responsabilidades no son sólo de la actualidad, ya que a lo largo de la historia nunca se pudieron resolver con satisfacción los problemas de inmigración y el déficit habitacional.
La política de vivienda estuvo condicionada por la insuficiencia de recursos para el sector, la inflación y la escasez de crédito, tres cuestiones que se repiten hoy.
Los presupuestos para la vivienda están subejecutados y por ejemplo este año, la ciudad utilizó el 18 por ciento de lo estipulado para ese rubro.
La inflación, claro está, potencia los valores de las casas y carcome los ingresos de todos. Mientras, el crédito disponible siempre apunta a los sectores con clara capacidad de pago.
Frente a este panorama, los sectores de menores ingresos alquilan o se ven obligados a incrementar la autoconstrucción en casas paternas, villas o asentamientos ilegales.
Este es un fenómeno que nació y se desarrolló en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma y también en la periferia de grandes algunas ciudades del interior del país, como Rosario y Córdoba.
El Observatorio de la Deuda Social de la UCA presentó un nuevo informe correspondiente a octubre de 2010, el cual indica que a pesar de los avances, el 12,6 por ciento de la población urbana aún no tiene acceso a agua corriente, el 35,5 por ciento no está conectada a la red cloacal y el 25 por ciento no tenía gas por red.
Asimismo, la precariedad en la infraestructura, producto de la escasa o nula inversión pública o privada, lleva a que el 43,5 por ciento de las personas careciera de desagües pluviales en su manzana y que el 25,7 por ciento tiene calles sin pavimentar.
Por su lado, según estimaciones de la Dirección de Estadísticas y Censos porteña, la población de villas aumentó un 40 por ciento en los últimos diez años y en su composición se incrementó la cantidad de extranjeros,
De acuerdo con esos relevamientos, los extranjeros, especialmente de países limítrofes, llegan a constituir la mitad de la población de los barrios precarios de la ciudad, que en su mayoría se encuentran en la zona sur, según un estudio de Maguidi y Bruno.
Sin embargo, de acuerdo con las estimaciones del economista del SEL, Ernesto Kritz, los migrantes de Bolivia, Paraguay y Perú no superan el 3 por ciento de la población total, del 8 por ciento del trabajo formal, el 4 por ciento de los pupitres de las escuelas públicas y el 10 por ciento de las consultas en los hospitales.
Lo particular de la situación creada en el Parque Indoamericano es de qué manera se puede explicar el aumento de la precariedad a pesar de los ocho años de crecimiento consecutivo.
Hay más trabajo y la gente viene, por lógica, a radicarse aquí tanto de países limítrofes como de las provincias pero con bajas remuneraciones y sin previsiones habitacionales.
La única solución posible es la presencia del Estado en cualquiera de sus estamentos y con la planificación adecuada, alejada de la voluntad propia del mercado, siempre mezquina y discriminadora.
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