Trabajadores del Pami I se declararon en alerta y en asamblea permanente ante una nueva profusión de rumores de cierre, ahora por una supuesta reconversión del histórico ex Sanatorio Mapaci en un “centro de día”, lo que además de complicarle la vida a miles de jubiladas y jubilados implicaría, en el mejor de los casos, el traslado del personal que trabaja en el policlínico, sino una ola de cesantías y despidos. Esto, además de la jubilación forzada que el gobierno lanzó como política oficial con la resolución 3/2024 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Frente a la situación, en el mediodía de este jueves se hizo una asamblea en la calle, en Sarmiento al 300, frente al policlínico.
“Al venir el rumor desde varios lugares, decidimos convocarnos en asamblea y bajar la información concreta que teníamos hasta el momento”, explicó Darío Zarza, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado en el Pami I, entrevistado por LT8.
“Lo único que había era una reunión en el nivel central con las autoridades locales de Rosario. Terminada la reunión nos dijeron que no era tan así, y que los puestos de trabajo de las compañeras y compañeros no se iban a tocar y que la funcionalidad iba a seguir siendo la misma”, puntualizó el gremialista.
En el Pami I trabajan unas 670 personas y, en línea gruesa, una reconversión como la que se desmintíó –al menos por ahora– implicaría la merma de las dos terceras partes de los puestos laborales. Y allí se atienden cerca de 20 mil afiliadas y afiliados, a quienes un cambio semejante les significaría cuanto menos serios trastornos su acceso a la atención médica.
El delegado de ATE buscó llevar tranquilidad a afiliadas y afiliados aclarando que el policlínico está en normal funcionamiento, al igual que el anexo que está a una cuadra, donde funcionan los consultorios externos y se realizan los trámites de turnos. De igual modo para este viernes los representantes de los trabajadores y la conducción local del Pami tienen acordada una reunión para mitigar rumores, aunque difícilmente los resuelva. “A nuestros afiliados se los viene vapuleando con la quita de medicamentos, quita de prestaciones. Hoy en día, si bien no se quitaron por completo las prestaciones, sabemos que se redujeron la cantidad de estudios que se pueden hacer mensualmente. Sabemos que se redujeron muchos medicamentos que se cubrían al 100%”, recordó Zarza, ejemplos que evidencian que al gobierno nacional avanza en una política de reducción de gastos sobre la salud de los adultos mayores, además de sus jubilaciones y pensiones, lo que además impacta directamente a otros sectores, como los veteranos de la Guerra de Malvinas.
Los temores de los trabajadores no son vacuos: en febrero pasado se detectó en el Pami I una maniobra de sabotaje en el grupo electrógeno por la que se formalizó una denuncia judicial. Se trató de un encadenamiento de hechos en la primera semana de ese mes, que también tuvieron lugar en el policlínico Pami II, con roturas intencionales, aflojamiento de tornillos y otras maniobras evidentes que pusieron en severo riesgo a pacientes. Y pocos meses atrás, en agosto pasado, una llamativa situación se llegó a sincronizar hasta que desde la administración central dispusieron el traslado de pacientes internados en el Pami I y el desalojo del policlínico en una suerte de cierre preventivo, lo que finalmente no se concretó en el marco de una tenaz resistencia de trabajadores y de la media docena de sindicatos que tiene afiliados allí. Todo se originó en una supuesta denuncia anónima sobre “olor a gas”, que disparó una inspección por parte de la concesionaria Litoral Gas, que a su vez no encontró pérdidas pero sí una “llave cerrada” que sólo podía manipular personal calificado de la empresa. Se colocó entonces un “cepo”, cuando la instalación estaba en obras de adecuación. Pero para solventar el problema ya se había avanzado en una instalación de termontanques eléctricos, pero de manera imprevista desde la administración central se consideró que no estaban dadas las condiciones para ese plan provisorio.
El encadenamiento de circunstancias, que desembocaba también en traslados de pacientes a sanatorios privados y cierre por tiempo indeterminado de las instalaciones, se frenó con fuerte presión sindical e intensas gestiones por parte de la dirección y administración local del policlínico.
