Tras la protesta de la organización ecologista Greenpeace contra la extracción de petróleo en el Ártico, un tribunal ruso decretó hoy prisión preventiva para otro de los activistas participantes, con lo que son al menos 23 los detenidos, entre ellos dos argentinos.
Esta vez se trata del sueco-estadounidense Dmitry Litvinov, que tendrá que permanecer dos meses en prisión porque, al igual que los otros casos, las autoridades consideraron que existe riesgo de fuga, informó hoy Greenpeace en la red social Twitter.
El tribunal se pronunciará hoy además sobre el caso de otros siete de los tripulantes del barco «Arctic Sunrise», que transportaba 30 personas.
Entre los ya detenidos con prisión preventiva se encuentran los argentinos Camila Speziale y Hernán Pérez Orsi, quienes están «animados, fuertes y orgullosos de defender sus derechos», aseveró la ONG.
Los activistas argentinos de Greenpeace detenidos declararon en la justicia rusa http://t.co/fkK5r5LVUP via @dinedito
— Greenpeace Argentina (@GreenpeaceArg) September 28, 2013
La Justicia está investigando a todos ellos por presunta piratería, por lo que podrían ser condenados a 15 años de prisión.
En tanto, Greenpeace niega que el grupo haya querido ocupar una plataforma petrolera del consorcio estatal Gazprom, en el mar de Pechora, hace una semana y media.
Los activistas están detenidos en Murmansk y en Apatity, a 200 kilómetros de distancia, dijo la funcionaria local Irina Paikacheva a la agencia de noticias Interfax.
Todos tienen una celda propia, pero las autoridades quieren cambiar pronto esta circunstancia para ahorrar costos.
Los hechos ocurrieron el jueves pasado, cuando los ambientalistas que viajaban en el rompehielos «Arctic Sunrise», intentaron escalar la plataforma petrolera de Gazprom, en el mar de Pechora, para alertar sobre el peligro que la actividad implica en esa zona, rodeada de tres reservas naturales.
Al persistir en el intento, la Guardia Costera los detuvo, remolcó el buque hasta la bahía de Murmansk y los activistas quedaron a disposición de la justicia, que fue disponiendo dos meses de prisión preventiva a medida que declaraban, según dijeron, por «peligro de fuga».
