El gobierno de Brasil fomenta la acuicultura en los embalses de las represas, un negocio millonario de grandes empresas, y esta política atenta contra la biodiversidad del río Parana. Es la conclusión de un estudio en el que participan investigadores brasileños y pares del Conicet en la Argentina, entre ellos uno de Santa Fe.
Luis Espínola, investigador del Conicet en el Instituto Nacional de Limnología (Inali, también dependiente de la UNL), expone junto a científicos brasileños el daño ecológico del incremento exponencial de la acuicultura en embalses de Brasil.
No es el único estudio que avisa sobre esos riesgos. Son varios los que dan cuenta de políticas del actual gobierno de Jair Bolsonaro que amenazan la riqueza ictícola del Paraná con el fomento de los negocios de grandes corporaciones sobre vastas regiones.
Una carta firmada por la investigadora brasileña Patricia Charvet y otros colaboradores de la Universidad Federal de Paraná (Brasil), publicada en la revista Science en enero pasado, señala que el cultivo de especies no nativas, principalmente la tilapia del Nilo, ocasionará importantes consecuencias sociales, económicas y ecológicas, máxime, si esta práctica se potencia sin la fiscalización de los órganos estatales pertinentes.
En la misma línea, en la revista Annals of the Brazilian Academy of Sciences se publicó recientemente otra letter de la que participa Luis Espínola y está dirigida por Rosa María Dias, investigadora brasileña de la Universidade Estadual de Maringá. El trabajo asegura que el avance de estas políticas también favorecerá otras actividades económicas con fuertes implicancias ecológicas para los ecosistemas acuáticos: la minería, la energía hidroeléctrica y la agricultura.
El estudio advierte que al quitarle los atributos de control al Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibam), se afectará la ecología acuática de Brasil y de los países vecinos.
Numerosos artículos científicos de especialistas brasileños, a la par de las denuncias de organizaciones sociales y ambientales, apuntan en el mismo sentido: el desarrollo de negocios empresariales en detrimento de la naturaleza y los pueblos originarios se ha incrementado durante el gobierno de Bolsonaro, jaqueando la existencia misma de la principal agencia ambiental de Brasil y, consecuentemente, la biodiversidad del propio país.
Un caso particular es el decreto federal brasileño (10576/2020), que habilita el cultivo de especies de peces no nativos en los principales embalses sin ningún tipo de control por parte de las instituciones competentes.
Negocio para pocos, consecuencias para todos
El investigador del Inali Espínola explicó que la práctica de la acuicultura en cuerpos acuáticos de agua dulce es citada como el principal vector de introducción y propagador de peces no nativos. Se da en Brasil, pero aclara que los efectos ambientales se expanden a los ríos en territorio argentino y los otros países de las cuencas de los ríos involucrados.
El efecto sobre el medio ambiente y sobre la fauna acuática que produce una especie no nativa, que en determinados casos se transforma en invasora, depende de las características ecológicas del ambiente y de la propia especie. Las consecuencias no se detectan de inmediato, sino a mediano o largo plazo, cuando ya la especie no nativa se torna imposible de erradicar.
“La acuicultura de especies no nativas y sin medidas de control representa uno de los principales vectores de introducción de especies, por lo que debe haber acciones en conjunto orientadas a evitar diversos problemas ecológicos a toda la región”, destaca Espínola.
Si el gobierno de Brasil mantiene sus actuales políticas de fomento de la acuicultura, los daños ecológicos impactarán en la biodiversidad acuática del conjunto de países que integran la Cuenca del Plata. En particular, la Argentina, porque muchos de los grandes embalses se encuentran en los ríos Paraná e Iguazú, pocos kilómetros aguas arriba de la frontera.
Una posible invasión de especies causaría impactos globales sobre la fauna piscícola nativa del tramo argentino, tales como homogeneización biótica, reestructuración de la comunidad nativa, depredación, extinción y propagación de enfermedades y parásitos.
A los riesgos, contraponen gran negocio; el peligro de la tilapia
Tras conocerse el decreto 10576 que habilita el cultivo de peces no nativos, nueve investigadores brasileños firmaron la carta publicada en Science en la que advierten que “una vez que la tilapia del Nilo (una de las especies autorizadas, originaria de África) se escapa, sobrevive, se reproduce, establece poblaciones y causa impactos ambientales y pesqueros”.
Además del riesgo de fuga, los expertos señalan que los restos de comida y excrementos de tilapia enjaulada aumentan el crecimiento de algas, comprometiendo el nivel de oxígeno del agua y dificultando la supervivencia de especies nativas. A esto se suma la posibilidad de que los invasores traigan parásitos y la proliferación de virus y bacterias.
“La tilapia es depredadora y competidora de las especies sudamericanas, las cuales no tienen mecanismos de defensa contra este pez. Se adapta al ambiente y compite por el espacio y la comida”, explicó Patricia Charvet, bióloga del Laboratorio de Ecología y Conservación de la Universidad Federal de Paraná y una de las autoras de la carta.
El gobierno brasileño responde a las críticas con potenciales ventajas económicas, aunque ellas serán centralmente para las empresas que exploten el negocio. Según la Secretaría de Acuicultura y Pesca del Ministerio de Agricultura de Brasil, solo el embalse de Itaipú, central hidroeléctrica binacional ubicada en la frontera Brasil-Paraguay, tiene el potencial de producir 400 mil toneladas de pescado al año, lo que puede generar ingresos de 2 mil millones de reales (400 millones de dólares) y 5.000 empleos directos.
Prepararse para la invasión
Espínola señala que hay que prestar atención e invertir recursos para abordar el fenómeno: “Es necesario trabajar de forma integral, a escala de paisaje o con un enfoque ecosistémico de la cuenca. El control para evitar la llegada de especies no nativas debe ser responsabilidad de ambos países, ya que hay muchos actores que dependen de la pesca nativa y la llegada de una especie invasora podría ser un riesgo social, económico y ecológico de largo plazo. Los efectos no se detectan de inmediato. Todo esto impone difundir la problemática y encarar más estudios ecológicos con el fin de establecer planes de manejo destinados a detectar y erradicar la introducción de especies no nativas y así poder reducir los potenciales establecimientos y dispersiones de estas especies en nuestros cuerpos de agua”, señala Espínola.
