Por Néstor Espósito / Diario Tiempo Argentino
El empresario rionegrino Mario Cifuentes admitió ante la Justicia que fue presionado por el falso abogado Marcelo D’Alessio para que pagara más de un millón de dólares para “limpiarle” una deuda con la Afip. Para ello –dijo la nueva presunta víctima- le mostró un informe con logo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con información de su vida privada, presuntamente pedido por el juez Claudio Bonadio, lo amenazó con plantarle droga a uno de sus hijos para que fuera preso y el periodista Daniel Santoro aludió a él tanto en el programa Animales Sueltos como en el diario Clarín.
Cifuentes era el dueño de la petrolera patagónica OPS, que tenía entre sus principales clientes a YPF pero con la llegada del gobierno de Cambiemos comenzaron a retacearle contratos y el principal de ellos le fue rescindido para entregárselo a Pecom Energía S.A., la empresa de los Pérez Companc. La asfixia económica derivó en deudas y una delicada situación económica. Entonces, de la mano de allegados (Cifuentes los identificó como X1, X2, X3, X4 y X5, y aportó sus nombres en un acta secreta) que prometían acercar a inversores para zafar de la situación, apareció el falso abogado Marcelo D’Alessio.
“Si bien nunca supe cómo se llamaba el inversor, sí lo sabían X1 y X2, pero tengo entendido que era un grupo societario importante”. Fuentes judiciales indicaron que uno es un poderoso empresario con legendario pasado y otro tiene parentesco con un actual funcionario.
El 28 de febrero de 2018, Cifuentes creyó que tenía una reunión con el inversor, pero terminó en el country Saint Thomas, en la casa de D’Alessio, en la localidad bonaerense de Canning. “D´Alessio me trató con muchísima confianza ni bien llegamos. (…) Un tema concreto que él abordó en esa charla era la deuda de la empresa, él me hablaba de que la deuda era de 800 millones de pesos con la AFIP, yo le discutía que ese no era el monto y que contaba con una verificación de deuda en el concurso preventivo por menos de $ 400 millones, y él me discutía que eso no era así, me dijo que además de ser abogado era economista”.
“Me dijo que la podía reducir porque trabajaba con un equipo de personas, que estaba conformado por gente que trabajaba en la AFIP y gente que había trabajado para ese organismo fiscal, y que por eso me iba a cobrar el 10 % del ahorro efectivo. (…) Me decía que tenía el poder de parar todo eso y que normalmente el precio de ‘esto’ era entre cuatro y cinco millones de dólares, pero me decía ‘yo te lo puedo arreglar por menos’”.
Para presionarlo a que tomara ese “servicio”, D’Alessio le mostró una suerte de legajo: “Estaba toda esa información sobre mí: mi pasaporte, mi DNI, los datos de mi mujer, mi hijo, mis llamadas telefónicas, los datos dónde vivía, mis ingresos migratorios, alquileres de aviones”. Ese documento tenía logo de la AFI. El juez Alejo Ramos Padilla aún no pudo determinar si son reales o apócrifos.
“Me dijo que sabía que yo había vendido un departamento en Madrid -cosa que es verdad-. Todo el tiempo así, hasta que en un momento me dijo algo que me enervó y golpeó anímicamente, me dijo ‘imagínate que a tu hijo lo paren en un operativo con el Mercedito y le encuentran 5 kg, no sale nunca más’, ahí se volvió más tensa la reunión, pues yo claramente lo entendí como un apriete muy feo”, declaró Cifuentes.
El empresario resistió la exigencia, pero el cuatro de abril de 2018 D’Alessio lo llamó por teléfono con un mensaje: “mirá esta noche el programa Animales Sueltos”.
“Lo miré –declaró Cifuentes- y en un momento Santoro, cuando hablaba del caso de corrupción de una empresa constructora de Brasil (O.A.S.), en vez de decir la empresa de Brasil dijo el nombre de mi empresa, concretamente dijo ‘la empresa constructora O.P.S. que le arregló el departamento y que eso es el pago de la coima para recibir trabajos en Petrobras’. La verdad que eso me llamó la atención, pues era evidente que eso era un mensaje para mí”.
Dos días después, el 6 de abril, el diario Clarín publicó un artículo titulado “Otro empresario K que hizo negocios millonarios con el Estado. El nuevo Lázaro Báez debe $ 800 millones y lo investigan por lavado de dinero. Se trata de Mario Cifuentes quien creó la empresa OPS en el 2003 y pasó a ser un proveedor privilegiado de YPF y Vialidad Nacional”.
Finalmente, OPS, la empresa de Cifuentes, quebró.
