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Otro miembro de la banda del Peruano Rodríguez Granthon quedó imputado y en preventiva

Para la Fiscalía Gury Caminos era miembro del grupo criminal: puntualmente lo imputaron de regentear junto con su madre un kiosco de drogas en barrio Las Flores y de "marcar casas" a otros integrantes del grupo que cometían aprietes y balaceras

Gabriel «Gury» Caminos fue imputado por integrar la banda comandada por el piloto de nacionalidad peruana Julio Andrés Rodríguez Granthon. Para la fiscal Valeria Haurigot, este joven -primo segundo del capo de barrio Municipal Alexis Caminos- vendía drogas al menudeo junto con su madre en barrio Las Flores y era una especie de datero de otros miembros de la organización: marcaba lugares que luego eran objetos de otros delitos. Tras la imputación, quedó en prisión preventiva por disposición judicial.

En diciembre del 2022 cerca de una veintena de personas fueron imputados como miembros de una asociación ilícita dirigida por Julio Andrés Rodríguez Granthon, alias Peruano, desde la cárcel donde cumplía condena.

Para la fiscal, debajo del Peruano, la banda se componía del sindicado jefe de sicarios Brian «Negro» Villalba, Yanina Messina (dueña de una empresa de transporte de cargas), Francisco Rodríguez Villarreal (padre del Peruano), Cristian Bravo (uno de los choferes del grupo), Alexis Mauro Rial (reclutador de tiratiros y soldaditos), Jorge Pérez (tiratiros), Nazareno Gauna (sindicado enlace entre eslabones), Luis Lallana y Javier Alvarenga (ambos tiratiros), Gastón y Marcelo Coronel (hermanos, presos en Piñero con un tercer hermano, en libertad, también acusado: Alexis) y Pablo Pascua (referente de la banda en Arroyo Seco).

Muchos de ellos se mantienen prófugos, hay otros que son menores y algunos más no identificados. Incluso, hay varios ya condenados entre septiembre y diciembre del 2023: Esteban Pascua, Vanesa Gisela Corvalán (madre del anterior; tiene a otro hijo imputado), Lucila Ayelén Rioja (pareja del Peruano) y Virginia Malvestitti (pareja de Pablo Pascua) a 3 años de cárcel y Lautaro Ariel Ramos (encargado de las armas) sentenciado a 4 años de cárcel.

Para la Justicia, todos ellos formaban una organización criminal dedicadas a cometer delitos contra las personas, la vida, la propiedad, la libertad, la administración pública, la seguridad pública, en las localidades de Rosario, Arroyo Seco y Funes. Para la acusación la organización funcionó al menos durante el año 2022.

A partir de sus actividades vinculadas al narcotráfico y al narcomenudeo, esta organización criminal realizó un despliegue de actos de violencia en la ciudad de Rosario, particularmente en algunos barrios de la zona oeste y norte, en Funes y Arroyo Seco. Todo ello con la finalidad de apropiarse del territorio para desarrollar actividades ilícitas, excluir de la zona a la competencia y doblegar la voluntad de las personas que mantenían deudas con el grupo obligándolas a pagar, con la intención de sembrar temor en ellos y en los ciudadanos.

En cuanto a Gabriel Caminos, alias Gury, la fiscal contó que, a partir de su relación con Brian Villalba, Mauro Rial y Nazareno Gauna, se encargaba de indicar y señalar o otros integrantes del grupo los domicilios donde iban a cometer otros delitos.

Aunque creció en el barrio 7 de Septiembre, en los últimos meses junto a su madre, Silvina Gauna, se dedicó a la venta de estupefacientes en el barrio Las Flores y tenían a disposición armas de fuego, material balístico, autos y grandes sumas de dinero en efectivo, siempre según la acusación.

Rodríguez Granthon quién acumula algunas condenas, la más reciente a prisión perpetua por el crimen del ex edil Eduardo Trasante, está imputado como jefe del grupo e impartía órdenes a través de mensajes telefónicos o las visitas que recibía y a partir de allí había formado una ingeniería que implicaba el regenteo de kioscos de drogas, un brazo armado que ejecutaba órdenes y aquellos que tenían responsabilidades de conducción media además de la pata financiera donde trasladaban fondos ilícitos para darle apariencia de legales.

Tras la sindicación fiscal el juez tuvo por formalizada la audiencia y dispuso la prisión preventiva por el plazo de ley, es decir un máximo de dos años mientras avanza la investigación.

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