Todo el directorio de la corredora de cereales Guardati Torti fue imputado este martes al mediodía, en libertad, por defraudar a 42 personas por una suma cercana a 1.190.000 pesos y casi 449.000 dólares. La sindicación fiscal llegó tras el pedido de urgencia que hicieron los abogados defensores de los empresarios –que presidió el juez Alejandro Negroni– a través del cual solicitaron la suspensión de la audiencia imputativa, aunque no tuvieron la respuesta esperada del magistrado. Igualmente, la inusual presión pareció haber surtido efecto: la imputación finalmente llegó pero sin control jurisdiccional, ya que no se solicitó una medida cautelar por parte de la Fiscalía. Se realizó en la sede del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y ante el fiscal Sebastián Narvaja de la Unidad de Delitos Económicos. Tras el acto, que se hizo por zoom, los empresarios volvieron sin mayores inconvenientes a su cotidianidad, luego de haber sorteado sin inconvenientes la posibilidad de que les pintaran los dedos.
A principios del 2020, Guardati y Torti SA, titular del acopio GYT Plus, comenzó a ser noticia tras el default de la firma Vicentin SA. En aquel momento, a través de un comunicado, contaron a sus clientes la dificultad de dar cumplimiento a las obligaciones asumidas “en forma temporal”, por el impacto en sus finanzas de la crisis del grupo asentado en el norte santafesino y con influencia determinante en la Bolsa de Comercio local. Aseguraron que venderían activos para enfrentar las deudas pero todo fue de mal en peor para los ahorristas e inversionistas.
La situación se agravó y derivó en presentaciones judiciales en el ámbito civil –la firma terminó intervenida–, también hubo un correlato en el ámbito penal. Se fueron sumando denuncias por administración fraudulenta que llegaron a las 42 presentaciones. En algunos casos, las denuncias fueron por cifras millonarias. En uno, por ejemplo, un transportista que tenía en su haber 17 millones de pesos en la firma denunció que se había encontrado con su cuenta vacía. En la empresa le dijeron que habían tomado su dinero para enfrentar pasivos, aseguró la presentación. Le dieron un cheque que finalmente rebotó.
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A mediados del año pasado se realizaron varios allanamientos. Los procedimientos estuvieron a cargo del personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y secuestraron dispositivos electrónicos y documentación de interés para la causa.
En febrero de este año y en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Narvaja se abrió, con orden judicial, una caja de seguridad propiedad de Pablo Torti y Juliana Fernández Chemes. En su interior se encontraron 330 mil dólares que fueron secuestrados.
Imputativa
Esta semana se conoció la citación del directorio titular y el síndico a la audiencia imputativa pedida por el fiscal, entre ellos Juan Carlos Guardati y Ángel Torti, quien fue además vicepresidente de la Bolsa de Comercio en la época en que Alberto Padoán, el hombre de Vicentin, la presidía.
La audiencia se fijó para el mediodía de este martes pero los defensores de los mandamás de la firma, Lisandro Martínez Gorostiaga y Cristian Scoponi, solicitaron de urgencia una audiencia que fue concedida y se llevó adelante este lunes ante el juez Negroni.
Los abogados plantearon la suspensión de la imputación por 90 días, lo que fue rechazado por el magistrado. Si bien la medida requerida por la Fiscalía siguió en pie, la imputación finalmente no se hizo ante un magistrado sino ante el fiscal, en libertad y por zoom, o sea sin necesidad de moverse de sus domicilios hasta el Centro de Justicia Penal y sin riesgo de enfrentar una prisión preventiva, donde se le dio a conocer a los directivos los delitos que se les achaca y la evidencia con la que cuenta la Fiscalía hasta el momento.
En forma remota Ángel Alberto Torti, Juan Carlos Guardati, Natalia Susana Guardati, Noemí Alicia Ponte, Susana Margarita Alesandrini, Alejandro Damián Giacomino, Juan Martín Guardati y Laura Marcela Torti, quienes son directores titulares de Guardati Torti SA y el síndico titular Gustavo Ricardo Rossi escucharon el achaque fiscal.
Narvaja les atribuyó ser parte de una serie de maniobras ilegales, violando los deberes que tenían a su cargo como administradores de la sociedad y responsables de la administración y custodia de fondos de terceros.
Según la imputación, utilizaron los fondos de sus clientes que debían administrar y sin su conocimiento ni consentimiento, para realizar distintas operaciones como transferencias bancarias y compra y venta de dólares o títulos valores para financiar operaciones de la firma GYT Plus SA sabiendo que esta firma estaba en cesación de pagos y con un pasivo que rondaba los 1.697 millones de pesos y un patrimonio negativo neto que superaba los 746 millones de pesos.
Estas maniobras produjeron pérdida de liquidez y un desbalance patrimonial en Guardati Torti SA y, cuando los fondos de los clientes fueron pedidos, la firma terminó en quiebra lo que generó un perjuicio patrimonial a los clientes e inversores que aún no lograron hacerse de sus fondos. Además, las decisiones de sus directivos y síndico perjudicaron a la propia empresa y la llevó a una cesación de pagos, se describió en la imputación.
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El fiscal explicó que si bien la cesación de pagos de Vicentin SA, que los imputados sindicaron como un factor externo que provocó y afecto a la firma, especialmente a GyT Plus SA en 230 millones de pesos, fue un hecho, en lugar de proteger a Guardati y Torti SA financiaron la operatoria de GyT Plus en perjuicio de la propia Guardati y Torti SA, usando los fondos de los clientes. En seis meses este fondeo implicó una disminución: pasó de 227 millones de pesos a poco más de 26 millones, es decir que tuvo una baja de 201 millones de pesos, refirió.
La imputación explicó que al 6 de febrero del año pasado Guardati Torti SA otorgó crédito a GyT Plus SA por 416 millones de pesos con un saldo negativo de 62 millones de pesos en su cuenta asignada al giro en descubierto. La presunta normalidad informada por Guardati Torti SA a inicios de 2020 permitió sostener la administración infiel de sus administradores, en perjuicio de la propia sociedad y de los clientes. Lo que facilitó que ALyC (agente de liquidación y compensación) continuara captando ahorro público que iba a cubrir desequilibrios financieros de la firma.
Narvaja además les imputó publicar, certificar y autorizar el balance terminado en septiembre de 2019 reflejando una situación económica que no se correspondía con la realidad de la empresa y reflejaba un menor pasivo del que tenía.
Además les achacó que no se enumeró en el balance los hechos posteriores que generarían impacto inmediato en la situación financiera y económica y que eran conocidos a la fecha de la información contable. Entre ellos, cheques rechazados por falta de fondos por más de 45 millones de pesos, suspensión de la matrícula por la Comisión Nacional de Valores (CNV), inhabilitación para operar en mercados, entre otros.
Para el fiscal esta omisión de información es una acción ilícita que buscaba continuar disimulando la verdadera situación patrimonial de la empresa en perjuicio de terceros y en beneficio propio. Narvaja los imputó por administración fraudulenta en perjuicio de 42 clientes por una suma millonaria y la propia empresa, en calidad de coautores para los directivos y en calidad de partícipe necesario para el síndico. Además, se le sumó la acusación por el delito de confección, aprobación y publicación de balances falsos.
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