Una nueva muerte de un interno en la Unidad Penitenciaria de Coronda volvió a poner el foco en la sobrepoblación y las condiciones inhumanas de alojamiento que caracterizan a las cárceles santafesinas, según informó el portal SantaFePlus.
La víctima, Miguel Ángel Padilla, de 31 años, cursaba una condena por tenencia de arma de fuego y, de acuerdo con su legajo, presentaba un registro de conducta “ejemplar”.
Sin embargo y por cuestiones no del todo claras, el reo había sido trasladado el 26 de abril pasado al pabellón 6 (se encontraba en el 4 Sur), lugar donde se habrían profundizado las “condiciones inhumanas” de alojamiento que padecía «desde hace más de un mes».
“Mi defendido me manifestó con una total preocupación que desde la fecha no ha recibido agua, no cuenta con colchón y que la celda de resguardo se encuentra inundada de agua”, señaló el abogado defensor de Padilla, Leonel Botta, en una carta dirigida al directorio del Servicio Penitenciario y con copia a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), firmada el 29 de abril.
Además de exigir el inmediato “cese antijurídico de la situación de encierro inhumando del mi defendido”, Botta planteó en la misiva diferentes irregularidades que habría padecido Padilla, sobre las que había alertado “que si continuaba dicha situación iba a tomar la determinación de autoflagelarse o de quitarse la vida”.
Entre las irregularidades padecidas, Botta había denunciado que Padilla “no ha recibido agua, no cuenta con colchón y que la celda de resguardo se encuentra inundada de agua”.
La situación de sobrepoblación en las cárceles santafesinas fue reconocida públicamente por el gobernador Omar Perotti durante la apertura legislativa del lunes, donde observó que “en la actualidad tenemos una población total de 9.350 internos, 2200 más de lo disponible”.
También viene siendo reiteradamente denunciado por el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.
Los hechos que derivarán en una denuncia
Según el informe elevado por los trabajadores de la unidad penitenciaria, el hecho fue descubierto el sábado por la tarde, a las 18.51, al momento del «recuento físico» diario.
Fue allí cuando los oficiales hallaron el cuerpo de Padilla y se activó el protocolo, y acudieron al lugar el jefe de Vigilancia, Leandro Barrientos, y el médico oficial, Mariano Apullán, quien constató la muerte del interno. Ante las irregularidades, el abogado iniciará acciones legales por “homicidio culposo por omisión de deberes” contra los trabajadores que hayan incumplido con su deber, así como con los funcionarios públicos que podrían ser responsables al respecto.
Las irregularidades
En su carta al Servicio Penitenciario y a la OGJ, Bottta enumeró las siguientes irregularidades por parte de la dependencia penal:
Que Padilla venía “padeciendo (las condiciones inhumanas de alojamiento) desde el día miércoles 26 del presente mes y año cuando fue apartado de su lugar de detención, del pabellón 4 sur de vuestra unidad, y puesto en una unidad de resguardo”.
Que a partir de entonces, Padilla “no ha recibido agua, no cuenta con colchón y que la celda de resguardo se encuentra inundada de agua”.
Que la situación “fue notificada por este defensor al jefe de día que se encontraba en la unidad y solicitó verificar los dichos de mi defendido, los cuales fueron denegados de forma arbitraria por el personal penitenciario al prohibirle el ingreso al lugar de resguardo donde se encuentra el Sr. Padilla”.
Que la situación “ya se viene repitiendo desde hace más de un mes, motivo por el cual este defensor en fecha 8 de marzo solicitó el traslado del Sr. Padilla a los fines de resguardar la integridad física, psicológica y moral del condenado”.
Que “ante el silencio del organismo encargado, el mismo pedido fue reiterado en fecha 26 de abril pasado, respondiendo desde la dirección general de servicio penitenciario que los derechos de mi defendido son respetados y que no existe posibilidad de traslado atento al volumen de situación carcelaria, contestación que no fue respaldada con la correspondiente contestación de la unidad respectiva sobre la situación poblacional de otra unidad penitenciaria”.
Ante esta contestación, “me presenté en la unidad donde se encuentra mi defendido alojado y al momento de conferenciar el Sr. Padilla, me manifestó que si continuaba dicha situación iba a tomar la determinación de autoflagelarse o de quitarse la vida”.
Tal preocupante situación “fue notificada al Jefe de la Unidad del Complejo Penitenciario de la Unidad a los fines de que tome medidas al respecto”.
Antecedente inmediato
No hace falta retrotraerse mucho en el tiempo para encontrar un caso similar.
Fue el jueves 13 de abril, cuando Rodrígo Rígoli, de 36 años, fue “hallado muerto” en su celda de Coronda por motivos que no fueron aclarados pero por los que se ordenó activar el protocolo Minnesota.
Esto se debió al presunto vínculo de la víctima con la banda narcocriminal Los Monos, dado que Rígoli cursaba condena en el marco de una causa por narcotráfico.
“La muerte se produjo el 5 de abril pasado en una celda donde habría estado solo, aunque se desconocen las circunstancias del hallazgo (…) En tanto, desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que la principal hipótesis se inclina por que Rígoli se haya quitado la vida, aunque no se descartan otras”, informó al respecto LT9.
