El fiscal Adrián Spelta imputó ayer a dos hombres por el crimen de Nicolás Savani, ocurrido en abril de 2014 en la localidad de Pérez, cuando se produjo un tiroteo entre dos facciones del Sindicato de Camioneros. Según trascendió, uno de ellos es integrante de la comisión directiva del gremio y se espera para el próximo lunes que un tercer sospechoso, también directivo del sindicato, sea acusado. Ninguno de los apuntados por la pesquisa está detenido y aún no se resolvió el pedido hecho en abril pasado por la federación nacional liderada por Hugo Moyano para que se impute al actual titular local, Rubén López.
Según voceros judiciales, fueron acusados ayer Fernando M. (integrante de la actual comisión directiva del sindicato) y Cristian A. (delegado de base) en la sede de la Fiscalía de Homicidios, ya que por el momento no interviene el juez de Garantías al no estar en juego su libertad. Ambos sospechosos declinaron declarar ante la acusación de partícipes secundarios de homicidio y lesiones leves y graves, mientras que el lunes se presentará otro integrante de la comisión directiva que está citado por el fiscal.
El 12 de abril de 2014, la facción oficialista de Marcelo Dainotto llegó en cuatro colectivos a la sede del camping del sindicato casi indefensa. La investigación del fiscal Spelta sumó un video que muestra a un hombre identificado como delegado de base de Camioneros cuando encabeza un corte en la calle y da órdenes al resto. Y también el momento en que arriban los ómnibus y al menos tres integrantes de la facción contraria abren fuego con armas cortas. Por testimonios, se conoció que al menos un miembro del bando atacado respondió a los disparos, lo que no se observa en la filmación porque la cámara de la empresa Transener, ubicada en las cercanías, apuntaba en dirección a los agresores.
Como resultado, Nicolás Savani, trabajador de aguas gaseosas y afines de 27 años, murió dos días después de recibir un impacto en la nuca. Su hermano Mauricio fue herido de un tiro en un brazo. Diego C., de 31 años, perdió un riñón, mientras que su hermano José C., de 36, fue baleado en una pierna, y otro joven recibió una herida cortante en la cabeza. Según la pesquisa, fueron tres los tiradores, aún no identificados, mientras que siete personas integraban el grupo atacado. Tras la balacera, la acusación sostiene que Cristian A. fue hasta la puerta de la sede del sindicato, en Pasco al 1000, y guardó en el baúl de un auto elementos usados en el hecho, como remeras identificatorias que fueron incautadas.
Recién en julio de 2014, cuando habían pasado casi tres meses de homicidio, la Policía allanó la vivienda de un sospechoso, Darío C., de 44 años, en Colegiales al 2300, y halló una pistola nueve milímetros, un revólver 32 largo y dos escopetas, armas que no se pudieron vincular con el ataque. La sede sindical también fue allanada, aunque no fueron incautados elementos para la pesquisa.
Tras el cimbronazo que provocó el ataque fatal, la federación nacional decidió la intervención del gremio, que en la asamblea desarrollada el mismo día de la balacera había votado el desplazamiento de Dainotto y la entronización de López. Sin embargo, a fines de julio de 2014 un fallo de la Justicia federal en lo laboral ordenó cesar la intervención. En septiembre, las denuncias por desmanejos económicos contra Dainotto por parte de los opositores, que lo habían llevado a renunciar en mayo, tuvieron un eco judicial: el gremialista acordó en un juicio abreviado avalado por el juez Gustavo Pérez de Urrechu dos años de prisión condicional por retención indebida de fondos y mal desempeño en su cargo. De cuentas bancarias a su nombre fueron decomisados 1.750.000 dólares, 700 mil pesos y unos 3.300 euros que pertenecían al gremio.
