El juez federal Norberto Oyarbide dispuso ayer excarcelar al titular del gremio Uatre, Gerónimo “Momo” Venegas, y le fijó una fianza de 500.000 pesos, tras siete horas de indagatoria por su imputación en cuatro delitos, entre ellos el de asociación ilícita, en el marco de la causa denominada como “mafia de los medicamentos”.
Al cierre de esta edición Venegas era trasladado a la dependencia de Madariaga y General Paz, en Villa Lugano, donde recuperaría la libertad tras pagar una caución real de medio millón de pesos que sus allegados salieron a juntar en forma urgente, tras conocerse la decisión de Oyarbide.
La indagatoria de Venegas había comenzado cerca de las 13 y tras un breve receso fue retomada pasadas las 15, y tuvo lugar en el despacho de Oyarbide en los tribunales de Comodoro Py.
Durante la audiencia, Venegas era asistido por el abogado Miguel Plo, quien se quejó ante el magistrado porque se enteró “por los medios de comunicación” que el juez había ordenado el traslado de su defendido desde la alcaidía de Villa Lugano para adelantar el trámite que estaba previsto en principio para hoy.
Antes de que Venegas llegara a los tribunales, un grupo de manifestantes de distintos gremios –la mayoría de Uatre- se concentró frente al edificio, y mientras cortaban el tránsito frente a los tribunales de Comodoro Py, acompañados con bombos y pirotecnia, dirigían cánticos contra la decisión y vitoreaban al gremialista.
El fiscal de la causa, Luis Comparatore, había pedido la excarcelación de Venegas, al considerar que la situación del gremialista es diferente a la de otros imputados en la causa (tiene casi medio centenar), según informaron fuentes judiciales.
Al dirigente gremial se le imputan cuatro delitos por tres hechos, el más grave se trata de “asociación ilícita”.
También se lo imputa por defraudación al Estado, referido a dos millones de pesos derivados por programas especiales del APE (el organismo que provee de fondos para tratamientos onerosos, como oncólógicos y trasplantes).
Según indicaron los abogados de Venegas, la acusación es porque ese dinero no se habría aplicado a tratamientos, pero según los defensores la suma se destinó a la compra de 20 ambulancias.
El tercer delito que le imputan es poner en peligro a la población con sustancias peligrosas, por haber encontrado medicina irregular en una de las clínicas de la Uatre.
Por último, se lo acusa por infracción a la ley de Marcas por haber utilizado medicamentos apócrifos (es decir, falsear marcas), y refiere a una droguería proveedora de la obra social.
Tras siete horas de indagatoria, un grupo de allegados a la Uatre permaneció en la puerta de los tribunales con carteles, tirando petardos y aludían en sus cánticos a la sexualidad del magistrado, y luego explotaron de júbilo al escuchar la noticia de la excarcelación.
En tanto, el Consejo Directivo de la CGT rechazó ayer a la tarde a través de un comunicado la detención del sindicalista, defendió lo actuado por las obras sociales, y fustigó a los “muertos vivos que buscan publicidad electoral, aprovechando la complicidad de los medios de comunicación monopólicos”.
La frase fue una alusión directa al ex presidente Eduardo Duhalde, quien ayer cargó contra el gobierno tras la decisión del juez Oyarbide de detener a Venegas ayer.
“Mas allá de las personas, hay un ataque a las instituciones sindicales y en esta oportunidad, el ensañamiento es con las obras sociales, que nacieron para preservar la salud de las trabajadores por la insuficiencia de las prestaciones públicas”, señala el texto cegetista.
