El juez federal Norberto Oyarbide procesó hoy al ex titular de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa y al ex presidente de Enargas Fulvio Madaro por el caso Skanska, el primer hecho importante de presunta corrupción abierto en la etapa de gobierno kirchnerista.
El magistrado los procesó por defraudación a la administración pública y cohecho, a raíz del presunto pago de sobreprecios en la realización de obra pública por parte de la firma Skanska y también dispuso idéntica medida para nueve directivos de la compañía sueca.
La causa fue abierta por hechos que habrían tenido lugar en 2005, cuando se pensó en el proyecto de expansión de los gasoductos Norte y Sur.
En septiembre de este año la Cámara Federal apuró al juez Oyarbide para que definiera con urgencia la situación procesal de los funcionarios, atento al largo plazo transcurrido desde que fueron indagados.
En la maniobra, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) tenía el papel de representante del organizador, es decir, de la Secretaría de Energía; en tanto que Nación Fideicomisos S.A la función de fiduciario financiero; y las licenciatarias Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur S.A.(TGS) fueron constituidas como fiduciantes-fideicomisarios y gerentes de proyectos.
En ambas obras fue contratada la empresa sueca Skanska, y para el juez se pagaron sobreprecios que habrían permitido «la obtención de sumas dinerarias que habrían ingresado ilegítimamente al patrimonio de los funcionarios públicos» y «de integrantes de las empresas y de otros actores vinculados «todo en perjuicio del fideicomiso financiero y del Estado Nacional».
En 2006, el diputado de la Coalición Cívica Adrián Pérez había denunciado que Skanska pagó a una empresa fantasma denominada «Infiniti Group» 1.256.120 pesos, «sin recibir contraprestación alguna, con el fin de evadir impuestos y ocultar pagos ilegítimos, al igual que a otras siete empresas más, por un total de 6.000.000».
En su resolución de 1.300 carillas, consideró que «los elementos de prueba reunidos permiten tener por acreditado, que se instrumentó una maniobra mediante la cual los funcionarios públicos intervinientes perjudicaron los fondos del fideicomiso creado para la realización de las obras allí comprometidas».
Los beneficiarios «ilegítimamente» fueron las firmas Skanska S.A., Techint S.A., Contreras Hnos. S.A., BTU S.A. y Odebrecht S.A., «que resultaran adjudicatarias de éstas».
El juez consideró que Ulloa era «el encargado de la administración de los fondos constituidos para la financiación de las citadas obras, recayendo en él la custodia de éstos no sólo al momento de la materialización de los pagos acordados en los contratos referidos, sino durante la instrumentación misma de los concursos que llevaran a la celebración de éstos».
En tanto, sostuvo que a Madaro, le correspondía «la custodia de los fondos afectados» a las obras, «siendo éste uno de los funcionarios habilitados para incidir en relación a la obligación de tal patrimonio».
El juez también procesó a los ex directivos de Skanska Gustavo Vago, Mario Piantoni, Javier Azcárate, Héctor Obregón, Alejandro Gerlero, Juan Carlos Bos, Roberto Zareba, Eduardo Varni, Ignacio de Uribelarrea y Héctor Obregón.
Asimismo, dictó el procesamiento de otra gran cantidad de empresarios como Claudio Moretto, Rubén Gueler, Raúl Orsini, Pedro Carrozzo, Renato Cecchi, Walter Cecchi, Estela Insenga, Juan Cruz Ferrari, Jorge Roldán, Miguel Ángel Spital, Alejandro Tettamanti, Alejandro Kovacik, Alejandro Porcelli, Enrique Rubinsztain, Daniel Nodar, Blas Pierotti, Alfredo Greco, Pablo Ferrero, Jorge García y Adrián López, este último de la firma Infinity Group.
Los ex funcionarios Madaro y Ulloa habían sido indagados, por primera vez por el entonces juez federal Guillermo Montenegro (actual Ministro de Seguridad porteño), y luego la causa pasó a Oyarbide al subrogar el juzgado federal Nº 7.
Una vez emprendida la investigación, la firma sueca Skanska reconoció haber pagado «comisiones indebidas».
