Que cierren las clínicas San Camilo y San Antonio, y que cambien las políticas de drogas en este país. Esos fueron los objetivos del periodista Pablo Galfré con la publicación del libro “La Comunidad. Viaje al abismo de una granja de rehabilitación”. El material denuncia los episodios de extrema violencia que ocurrieron en la clínica para consumidores problemáticos de la localidad de Pilar desde 2013 hasta hoy. En la autodenominada “fundación” fallecieron tres internos. Por una de esas muertes, están imputados cuatro de los responsables de la institución de homicidio culposo. Galfré visitará hoy Rosario y presentará las historias a las 17 en el Centro Cultural La Toma (Tucumán 1349) de la mano del por el psicólogo social Ricardo Bergesio.
—¿Cómo te acercaste a la historia de la comunidad San Camilo?
—Mi objetivo principal de estudio era Alejandro Merenzon, quien tiene una comunidad terapéutica que se llama El Paraíso. En 2013, Lucas Tabares, quien protagoniza el primer capítulo del libro –los primeros 6 capítulos son historias individuales– publicó un link donde relacionaba a Merenzon con San Camilo. Lucas me contó su historia: estuvo internado contra su voluntad, lo encerraban en celdas y lo medicaban. Participó de motines y terminó escapando. Ahí empecé a entrevistar a otros chicos: Axel, Matías y Laura, hasta que Florencia me habló de la muerte de “Felipe el sidoso” y “Saulo el diabético”. Y empecé a investigar sus muertes.
—¿Cómo te contactaste con los chicos?
—Los fui contactando por Facebook. Entrevisté a cerca 30 chicos. Algunos por teléfono y otros en persona. La investigación la hice por Facebook, Youtube y Whatsapp. Me fui metiendo en los perfiles de cada uno. Fue una gran herramienta para ubicar a los chicos.
—¿Encontraste alguna resistencia para que te cuenten sus historias?
—Encontré varias resistencias. Lucas y Axel fueron los menos resistentes. Laura, la rosarina –que protagoniza el capítulo 4– tampoco tuvo problemas. Con muchos hablé por teléfono porque no querían verme. Uno de ellos, “el pelado al principio no quería hablar, y ahora es un amigo. Hubo gente muy solidaria. Incluso muchos vinieron a testificar en la causa por la muerte de Saulo.
—¿Esperabas conocer historias con este grado de violencia?
—Mi primera nota sobre el tema, “Rebelión en la granja”, ya hablaba de violencia extrema, pero no esperaba encontrarme con celdas. Me hablaban del empleado de seguridad que era policía, que el dueño de la comunidad mandaba a la Policía a buscar a los chicos, que eran encerrados en la caballeriza. Cuando entré en la sede de Del Viso –me hice pasar por un psicólogo diciendo que la quería alquilar– me di cuenta que los chicos decían la verdad. Después hablé con los vecinos y me dijeron que escucharon gritos que decían: “No me lleves al engomado”. Los chicos me hablaban de eso.
—¿Qué te contaron los vecinos?
—Me decían que veían camiones del Servicio Penitenciario de Santa Fe. Y los chicos me hablaban de “la banda de los rosarinos”. Según ellos, había rosarinos con alguna condena penal. No pude chequear esa información. No me parece mal que un delincuente que tenga un consumo problemático de droga vaya a una clínica a cumplir parte de esa condena.
—¿Cómo te sentiste cuando la Justicia imputó a los responsables de San Camilo?
—Una alegría gigante. Saulo murió en 2013. Durante todo el proceso me junté con la madre y le entregué toda la información a los abogados de la familia. Llevamos la información a Fiscalía en 2015. En diciembre de ese año cambiaron el fiscal y ahora, de a poco, las cosas se están moviendo. Pipi, el empleado de seguridad que encierra a Saulo, va a ser imputado en los próximos días.
—¿Pudiste hablar con ellos antes de publicar el libro?
—En junio de 2015 entré a la comunidad y ése es el capítulo final del libro. Le di derecho a réplica a Martín Irribarne, el dueño de la clínica. Me dijo que sabía que lo estaba investigando. Hablamos cerca de una hora y media. Hablé con Alejandro Jacinto, el director terapéutico, con una psicóloga y con Alejandro Leguizamón, el empleado de mantenimiento, que reconoció que era el responsable de llevar a Saulo desde la sede de Derqui a Del Viso. Me resultó paradójico ir a entrevistar a un psicólogo y terminar entrevistando al empleado de mantenimiento.
—¿Reconocieron alguna responsabilidad?
—Ellos sin darse cuenta reconocen su responsabilidad. Negaron la violencia extrema, pero cuando los apuré terminaron diciendo que eran “todos delincuentes”. Para ellos los consumidores son adictos delincuentes. Reconocen que es su forma de trabajar, bajo el castigo. En la web de la comunidad dicen que internan a pacientes sin orden judicial. Eso está prohibido por la ley de Salud Mental.
—¿Qué pasó con Alejandro Merenzon?
—No está imputado. Lo denuncié en 2013. Hay una causa en el juzgado federal de Campana. Pese a mi denuncia y al testimonio de una chica que fue internada en San Camilo en 2000, la Justicia no hizo nada.
—¿Cuál es el próximo paso?
—Encontrar Justicia para Saulo Rojas. Dar una mano a los familiares de Matías Lamorte. Me encantaría que alguien se solidarice con Felipe, porque no tiene familiares. La madre está internada y no sabe que murió. La hermana también tiene consumos problemáticos. Que cierren San Camilo y San Antonio y que cambien las políticas de drogas en este país.
Las Muertes
Felipe Mariñasky tenía 44 años, sífilis, VIH, leucemia y retraso madurativo. Su padre murió en 1996 y su madre tiene esquizofrenia y una relación conflictiva con Felipe. Después de la muerte del padre, el tío lo internó en una clínica. Según precisó Galfré, el parte médico decía que lo internaron “por puto”. A mediados de 2000, Felipe llegó a San Camilo. En medio de un clima de violencia, no atendieron sus enfermedades. Murió el 3 de junio de 2013 en un hospital del conurbano, a 80 kilómetros de Pilar, después de estar un mes en coma. La causa fue un hematoma subdural crónico. “No significa que sea un golpe lo que lo generó. Pero la hematóloga que lo atendió me dijo que Felipe podría seguir vivo de haber tenido otro trato médico. Toda muerte en una institución mental es dudosa, por eso debería ser investigada”, marcó Galfré.
Saulo Rojas murió 11 días después de un “engomado” en la sede San Camilo en Derqui. Tenía 23 años y era de Mendoza. La causa judicial indicó que se quitó la vida, ahorcado con su cinturón. “No es responsable de su muerte: tenía consumo problemático, fue agredido dentro de la clínica y lo iban a llevar a Del Viso. Saulo no quería ir ahí”, contó el periodista. El dueño de la clínica, Martín Irribarne, Victoria Bonorino, la esposa y presidente de la institución; Alejandro Jacinto, el director terapéutico, y Sergio Rey, el director psiquiátrico, están imputados de homicidio culposo por la muerte de Saulo.
Matías Lamorte murió en 2015 en San Antonio, otra comunidad de Pilar relacionada que actualmente dirige Alejandro Jacinto, antes al frente de San Camilo. Por la muerte se tramita una causa en el juzgado de Pilar. Según contó Galfré, a San Antonio la dirige Nicolás Perrone, que entró como adicto y terminó a cargo del lugar. “A Lamorte lo internaron un miércoles de mayo y murió cuatro días después. Mientras sus padres iban a pagar la internación, la Policía llamó a la madre para avisarle que su hijo había muerto. Las últimas palabras de Matías fueron: “Me ahogo”, explicó Galfré.
En el Concejo
El domingo pasado, Rosario/12 reveló que 17 adolescentes de la provincia de Santa Fe fueron enviados por la Dirección de Niñez a San Camilo, un día antes de que en el Concejo se llevara adelante una audiencia pública sobre la problemática, donde unos 40 oradores analizaron –y, sobre todo, cuestionaron– las políticas públicas.
