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Padres de una víctima de un presunto femicidio albergan en su casa al agresor

Los padres de la víctima creen que el agresor es inocente porque se trató de un accidente

Un joven acusado del femicidio de su pareja, ocurrido en la ciudad bonaerense de Benito Juárez en agosto de 2020, comenzó a cumplir arresto domiciliario en la casa de los padres de la víctima, quienes lo creen inocente y ofrecieron su vivienda para que permanezca monitoreado bajo una tobillera electrónica, informaron hoy fuentes judiciales.

«Es un aliciente entre tanto sufrimiento», aseguró Horacio Sañudo, papá de Rocío Ayelén Sañudo (17), la joven fallecida, en la exposición judicial presentada ante el juez de Garantías para pedir que al joven se le morigere la prisión preventiva en su domicilio.

El acusado es Kevin Herrera Ullua (21), a quien el fiscal de Azul David Carballo le atribuye el delito de «homicidio agravado por el vínculo y por el empleo de arma de fuego y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil» en perjuicio de su pareja, ocurrido el 11 de agosto de 2020.

Los voceros informaron a Télam que desde ayer Ullua cumple arresto domiciliario en la casa de los padres de la joven, ya que ese beneficio le fue concedido por el juez Juan José Suárez, a cargo del Juzgado de Garantías 3 de Azul, quien, a pesar de la negativa del fiscal, le morigeró la prisión preventiva bajo la modalidad del monitoreo con la tobillera electrónica.

En el informe, el juez de Garantías consideró «la activa participación en favor del imputado por parte de los padres de la víctima, no sólo por creer en su inocencia sino también ocupándose de su bienestar facilitándole asistencia letrada».

Suárez destacó también que los padres de Rocío lo visitaban «con regularidad en su lugar de alojamiento, llevándole provisiones, ofreciéndose como garantes y dándoles su propio domicilio como lugar de cumplimiento de la morigeración solicitada».

En su planteo, el padre de la víctima argumentó que alojar al imputado en su domicilio «sería un aliciente entré tanto sufrimiento».

Por último, el juez también basó su decisión en la Ley de Víctimas (15.232), que otorga relevancia a las opiniones de la víctima, o de sus familiares en este caso, sobre la adopción de este tipo de medidas.

En el capitulo 3, artículo 7 inciso C punto 2 de la Ley se expresa que «durante la audiencia de la suspensión del juicio a prueba, la víctima deberá ser convocada a manifestar su opinión y tendrá derecho a que el/la Juez/a tenga en consideración lo que expresamente manifieste».

Sergio Mercado, abogado de la familia de la víctima, dijo a Télam que el ofrecimiento de la vivienda de la familia Sañudo se debió a que tenían teléfono de línea y acceso a internet vía Wifi, dos requerimientos del Servicio Penitenciario Bonaerense para los detenidos que son beneficiarios de la utilización de la tobillera electrónica.

«Los padres de Herrera Ulloa son de Benito Juárez, una ciudad a cien kilómetros de Azul, donde estaba detenido el joven. Las familias eran amigas desde hacía años y los Sañudo le llevaba alimentos y abrigo», contó el letrado.

Y agregó: «Cuando pido la domiciliaria teníamos un inconveniente con el teléfono porque la familia de Kevin no podía instalar uno, y así surgió esta propuesta» para que el joven se alojara en la casa de los padres de su novia.

Mercado indicó que tanto los padres como los hermanos de Rocío estuvieron de acuerdo con la idea, y describió al papá de la joven fallecida como «un hombre excepcional».

«En el alegato expuse la situación particular del caso. Es un hecho grave por el fallecimiento de Rocío pero es una excepción por la calidad de las personas que intervienen», sostuvo.

Esta mañana, el papá de Rocío manifestó que para él y su familia la muerte de su hija «fue un accidente».

«Para nosotros en el primer momento fue un accidente. Fue una carabina que se disparó accidentalmente. Mi hija se estaba por bañar y le pidió a su pareja que le corra una carabina que estaba apoyada en la pared», sostuvo el hombre en declaraciones al canal de noticas TN.

Por su parte, el abogado Mercado explicó que el arma era utilizada para la caza pequeña y por seguridad, ya que la pareja vivía en una zona de campos.

Además agregó que ambos sabían que «funcionaba mal, era muy sensible y se sabía que se podía disparar sola».

Por último, al ser consultado si la familia de Rocío puede evitar que Herrera Ulloa vaya a juicio por femicidio, el letrado dijo que se trata de un delito de instancia pública y el Ministerio Público Fiscal es el que impulsa la acción penal.

«En el debate oral se definirá si se trata de un hecho doloso o culposo», aseguró.

La fiscalía solicitó la prisión preventiva de Herrera Ulloa el 15 de septiembre último y el 11 de este mes el juez Suárez firmó su arresto domiciliario, que fue concedido ayer, agregaron voceros con acceso a la causa.

Por tal motivo, el joven fue trasladado desde la Unidad Penitenciaria 7 de Azul, donde se encontraba alojado, a la casa de sus suegros para cumplir allí con la disposición judicial.

La muerte de la joven ocurrió el 11 de agosto del año pasado cuando personal del Comando de Patrullas Rural (CPR) fue alertado sobre una persona herida de arma de fuego en un establecimiento rural denominado San Gerónimo, situado en Cuartel VII, en la localidad de Benito Juárez.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la chica estaba sentada en el suelo, apoyada sobre la cama, y que había fallecido por un escopetazo en la parte intercostal izquierda.

Tras el hecho, la policía aprehendió como sospechoso al novio de Sañudo, que convivía con ella.

Al momento de la detención, el sospechoso gritaba que lo perdonara porque se le había escapado el disparo, dijeron las fuentes.

Los uniformados secuestraron una carabina calibre .22 que estaba a un metro del cadáver, expresaron las fuentes, quienes agregaron que en la habitación había signos de violencia como la puerta de un placard arrancada y prendas de vestir dispersas en el suelo.

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