“Era una pileta. Transparente era el agua”, recuerda –y lamenta– Marcelo Ferraro. Él tiene 52 años, y desde hace al menos 10, la quinta parte de su vida, viene librando una batalla que cree justa, incuestionable, pero se le hace cada vez más cuesta arriba. Nacido y criado en la calle La República entre Sarratea y Wilde, él y sus amigos tenían uno de los mayores regalos que la naturaleza le podía dar: un espacio verde natural con una “olla” en la que podían bañarse sin riesgo –o casi– pescar y divertirse. Pero ahora a menos de cuatro décadas de esa postal de verano intenso, nada es así: sequía mediante, el otrora profundo arroyo Ludueña, es ahora en algunos tramos un hilito que se parece más a una zanja y en otros tramos sus aguas “color té oscuro transparente” son una espuma blanquecina y opaca. Y hay también partes en que las barrancas, donde sobre los desagües pluviales saltaban a contrachorro cardúmenes de pequeños pirá-pitá, son literalmente depósitos de basura a la espera que la próxima creciente se los lleve. Son apenas algunas evidencias visibles de una degradación sin límites de lo que a tiro de memoria era un vergel y ahora es un foco de contaminación que destruye la vida que antes albergaba. ¿Se puede hacer algo con eso? Esa pregunta tiene respuestas y una masa de conocimiento disponible suficiente. ¿Se debe hacer algo con eso?, es una pregunta cuyo cauce se interna en la política, y hasta ahora no tiene desembocadura.
“En carácter de ciudadano común y con la obligación que la naturaleza nos infiere, vuelvo a implorar para que sea tratado y se tomen las medidas necesarias en los estamentos gubernamentales que amerite, acerca de los temas inherentes a los basurales que rodean los arroyos regionales, puntualmente el Ludueña; vertedero de deshechos de toda índole de cuanto asentamiento precario habita en sus proximidades”, escribió Ferraro con visible impotencia. En su experiencia viene estableciendo contacto con funcionarios, legisladores y dirigentes sin distinción política ni ideológica: simplemente busca que alguien atienda su pedido, pero cada intento –dice– naufraga.
Pruebas le sobran: cada tanto recorre parte del cauce de curso, que no llega a los veinte kilómetro de extensión y comprueba siempre algo nuevo, nunca bueno. Antes eran camiones atmosféricos de empresas desagotadoras de pozos ciegos que dejaban su carga aguas arriba, ahora lo que “peor huele” –remarca– son desagües clandestinos presuntamente del shopping del Aeropuerto “Islas Malvinas”, y de un barrio privado, Aldea Tenis, “que a la vista de todo derrama sus efluentes y épocas de sequía y poco caudal quedan estancados o corren muy lentamente”.
Ferraro viene reclamando una serie de medidas lógicas, simples y no onerosas, pero ni siquiera esas llegan: más contenedores de residuos –“Los que hay son volquetes y rebalsan, porque los vacían una vez a la semana”, refiere a <El Ciudadano<, una campaña sobre los habitantes de las márgenes, y controles “rigurosos” con sanciones “para los establecimientos y complejos habitacionales de alto valor económico que no invierten en plantas de tratamiento de aguas servidas”.
A título de vecino inquieto y residente de la zona, Ferraro participó de al menos cinco reuniones. Ninguna hizo posible, en una década, que se mejorara la situación. Pero dos legisladores, refiere, un concejal y un diputado provincial, le prestaron un poco más de atención. Tomaron el tema, lo vienen siguiendo. Están en los antípodas en cuanto a posiciones políticas, pero tienen algo en común: ambos son periodistas. Y aparentemente son los únicos que desde la política , aparentemente, que están haciendo “algo”.
El PRO hace proa
Carlos Cardozo es miembro del bloque Unión PRO-Juntos por el Cambio, pero no integra la comisión de Ecología y Ambiente, de la que sí es parte el jefe de bancada, Alejandro Roselló. Empero, le dio cabida al tema al punto tal que Ferraro considera uno de los pocos actores políticos que en los diez años de denuncia le dieron “un poco de bola”.
Y el edil confirma que lo hizo, y lo volverá a hacer: “Presentamos un pedido de informes en enero o febrero del año pasado y lo expusimos públicamente: los medios de comunicación le dieron mucho espacio. El tema era tratar de mostrar el tema del arroyo, de la falta de limpieza, y nos preocupa además que muchos de los linderos del Ludueña son espacios públicos. La zona que peor está es la que de un lado tiene al Bosque de los Constituyentes y del otro al Autódromo, y el puente que pasa por encima del arroyo a la altura de Newbery está en pésimas condiciones. Y ahora lo que detectamos, con la colaboración de vecinos, es que entre el Rosario Golf y Jorge Newbery hay uno o más condominios o vecinos o algún vertedero de alguien que está tirando una sustancia que indudablemente no se descompone. Entonces con estas pruebas documentales en la mano vamos a presentar un nuevo pedido de informes. Vamos a insistir con el tema, vamos a darle nuevamente visibilidad. Incluso estamos viendo –ya que el pedido de informes no causa en las autoridades provinciales el efecto que tendría que causar– presentar un recurso de amparo por la ley 10,000 de Intereses Difusos o algo por el estilo.
“Ir un poco más allá”, define el periodista y concejal. Y refiere que han tenido “buenos antecedentes” con recursos judiciales para “obligar a la provincia a actuar en los cursos de agua”. Dice que lo lograron en San Martín Sur, cerca del inconcluso Hospital Regional, en un asentamiento donde se volcaban efluentes contaminados que ponían en riesgo la salud de los residentes inmediatos y, por lógica, de todos, incluyendo la flora y fauna del lugar. También lo hicieron en Puente Gallego, en Ovidio Lagos y el arroyo Saladillo, “aunque ahí si complica más por el tema jurisdicción”, aclara Cardozo. Es que no sólo involucra a Rosario: “Las empresas que vierten los desechos están en jurisdicción de Piñero”, explica. “Ya deja de ser una competencia exclusivamente nuestra. Lo que no pasa en el Ludueña: la presa arranca en Funes pero desde que se mete en Rosario a la altura del Golf, cruza el bosque de Los Constituyentes, cruza Empalme hasta el aliviador, ya es todo jurisdicción Rosario”, remarca.
De igual modo aclara que hay más estamentos involucrados: “Nosotros sabemos que el tema de los cursos de agua es responsabilidad de la provincia, por eso insistimos tanto con la provincia. Pero lamentablemente lo que hemos detectado es que esto no ha mejorado, y que, al contrario, en algunos puntos ha empeorado”. De ahí que el nuevo llamado de atención, además de un pedido de informes, ahora puede pasar por la vía judicial.
“Pasa lo mismo que con los incendios en las islas: dependés de la lluvia. Si llueve más o menos intensamente en la cuenca viene agua, para en la represa un rato, y cuando sale, limpia. Pero no es el punto estar a esta altura bailando la danza de la lluvia”, grafica.
De ahí la comparación con los incendios en el Humedal: “Dependemos de que llueva mucho. Si durante un par de semanas no llueve en la cuenca, se transforma realmente en un basural”.
Cardozo puntualiza que “también hay mucha deficiencia de recolección de residuos en algunos barrios contiguos” al arroyo, pero ataja: “No es mala voluntad de los vecinos. Por ejemplo, Stella Maris, que está en La República al fondo, contra el arroyo. Ahí el servicio de recolección es pésimo”. Y marca que hay “uno o dos contenedores para todo el barrio”, pero se corrige: “Contenedores no; volquetes, que es peor”. Y afirma que ocurre que pasan varios días sin que vayan a vaciarlos, y rebalsan de residuos. “Esa basura domiciliaria también termina en el arroyo”, lamenta.
Para el edil, el “combo” contaminante del Ludueña es “mala recolección de residuos, falta de fiscalización, y algunos inescrupulosos que vierten sustancias cuando saben que no tendrían que hacerlo”. Y ante la consulta de El Ciudadano sobre si hay conexiones clandestinas, fue tajante: “Sin duda. Lo vemos personalmente. Pero además los vecinos no mandan material y es una prueba indudable”.
Cardozo remarca que tiene fotos del domingo último en las que, pese a que el caudal del Ludueña es apenas un hilo de agua, se puede apreciar, a la altura del Rosario Golf, que el agua que sale de la represa retardadora todavía se mantiene “limpia”, pero entre ese predio y la avenida Jorge Newbery “se producen los vertederos”. Es decir, en apenas un kilómetro y medio se genera un desbarajuste. “Es tremenda la diferencia. Porque en esa zona está pasando algo. Ahora, si nosotros nos podemos dar cuenta del tema, el Ministerio de Ambiente de la provincia, y Aguas, que tienen todas las herramientas técnicas y todo el personal, ¿no lo ven?”, se pregunta. “No se puede vivir con un arroyo que cruza media ciudad en esas condiciones”, concluye el edil.
Impacto legislativo
Desde la Cámara de Diputados de la provincia, el también periodista Carlos del Frade –y así lo reconoce el vecino denunciante– se viene haciendo eco del tema. El legislador del Frente Social y Popular es vicepresidente de la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara, que encabeza la socialista Érica Hynes. “Venimos hace 30 años trabajando estas cuestiones, y para mí lo del Ludueña es fundamental: el año pasado hicimos un relevamiento por aire de la desembocadura del arroyo en el río Paraná. Es algo impresionante cómo cambia la paleta multicolor del Paraná. Se nota una contaminación realmente muy grande”, advierte el legislador. Y continúa: “Hemos hecho muchísimos pedidos de informes sobre eso, y lo que dice el vecino es verdad”, sostiene. Además, Del Frade tiene imágenes de la basura en las barrancas del Ludueña, y también de cómo “el agua está blanca” en algunos tramos. La solución, va a decir, pasa por la política. Pero también va a advertir que falta recorrer un largo trecho: “Eso también marca el grado de hipocresía de que tenemos, supuestamente, un ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático en la provincia, y tiene el 0,12 por ciento del presupuesto. Es una vergüenza”.
El legislador lleva seis años en la Cámara baja de la provincia y presentó más de media docena de pedidos de informes sobre la situación del arroyo Ludueña. “Al menos uno por año”, resume. Ninguno fue contestado, ni por la anterior gestión del socialista Miguel Lifschitz, ni por la actual del justicialista Omar Perotti. Pero le reconoce a este último que hubo “actuaciones” por parte de Aguas Santafesinas y “algo” de los ministerios de Ambiente y de Producción. “Por eso es tan importante presentar los pedidos”, remarca.
De igual modo reconoce que la situación es catastrófica: “Tiene que ver con un grado de contaminación cada vez mayor, porque no sabemos bien cuáles son los efluentes clandestinos que hay. Nosotros hablamos de los «100 caños» que contaminan el Paraná y muchos de ellos también contaminan el Ludueña y el Saladillo. Las imágenes de la desembocadura de los dos arroyos dan cuenta de que es enorme la cantidad de basura que se tira”, lamenta.
—¿Y cómo se puede resolver?, preguntó este diario.
—En primer lugar, haciendo un control de verdad sobre las empresas que están radicadas a la vera de los arroyos y del río Paraná. Hace poco el Ministerio de Ambiente reconoció que solamente tienen verificado el 1% de las empresas radicadas sobre el Paraná, así que imaginemos qué pasa sobre los arroyos.
Talla, ahí, una cuestión: el Paraná es interjurisdiccional, es competencia nacional y federal. Pero los arroyos no: tanto el Ludueña como el Saladillo, que es mucho más extenso, nacen y desembocan en territorio santafesino. Y aunque arrastren contaminación hacia el Paraná y termine siendo federal el tema, “la competencia de lo que pasa en tierra, al lado del Ludueña, al lado del Paraná es de la provincia“, aclara Del Frade. E incluso marca que la Municipalidad de Rosario también puede accionar, dotando de más “peso político” a la demanda por respuestas y trabajando en “la descarga domiciliaria que está dando una contaminación muy grande”.
El diputado recuerda que la contaminación en el Ludueña y en el Saladillo “se viene denunciando desde los tiempos de las inundaciones, desde el 87”. Y esto es cuando Marcelo, el vecino denunciante, tenía 17 años, apenas unos pocos después de que todavía podía disfrutar de su pileta natural.
Así, pasadas tres décadas y media, todo haría pensar en que ya no hay esperanzas para rescatar el curso de agua, tan negado que en un buen tramo circula por un inmenso tubo. Pero Del Frade corrige: “Esperanza siempre hay, porque mayor participación ciudadana genera mayor presión sobre los Ejecutivos. Es proporcional: con mayor incorporación ciudadana a la protesta, va a haber posibilidades de que se mejore más rápido”, concluye.
Claro como jarra
El Derecho de Jarras, de manera insólita parcialmente resistido pero de igual modo convertido en ordenanza en Rosario en votación unánime en noviembre de 2015, y establecido a nivel provincial a través de la ley 13.935 cuatro años después, en noviembre de 2019, dispone el acceso a agua potable, libre y segura en cualquier bar, restaurante y todo establecimiento del Estado, para todos. “Constituye una ley inédita en América Latina y en Argentina”, había celebrado entonces el titular de la Cátedra del Agua, Aníbal Faccendini, impulsor de la normativa junto a un cúmulo de organizaciones sociales. Pero había un antecedente: mucho antes el derecho al agua no sólo estaba consagrado como tal, sino como un deber: de ella depende la vida misma, y así lo entendió el Imperio Inca, que no sólo la cuidaba sino que la adoraba. El agua era parte central de su cultura y así lo vieron los españoles cuando, armas y voracidad en mano, entraron al Cusco en el siglo XVI.
El acceso al agua estaba, en los Andes de cinco siglos atrás no solamente garantizado para beber: un complejo sistema de canales recorría la capital inca tocando sitios sagrados y regando cuidados jardines. A poco de llegar los españoles se habían convertido en vertederos, según las costumbres que traían los conquistadores. Hoy están entubados, tal como ocurre con el arroyo Ludueña: la mugre se barre abajo del cemento.
Pero para el docente e investigador Sergio Montico no fue un error, sino un camino urbanístico. “Se hizo para que los desbordes no generen alteraciones en las márgenes –apunta–. Es una cuestión de orden espacial, para no tener un cauce abierto, y tiene que ver con la cuestión sanitaria”. Pero aclara: “Si uno quiere manejar la cuenca del Ludueña en términos de gestión, tiene que pensar en el contexto. No solamente la visión del caudal del agua y su calidad, sino un manejo integral, que implica todos los procesos que se dan dentro de la cuenca, desde los márgenes superiores en Pujato hasta el final”. Y puntualiza que debe tener una escala tan amplia como para “poder entender cómo se dan los procesos y buscar soluciones”.
Montico es titular de la cátedra de manejo de tierras de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, y tiene a cargo un equipo constituido por docentes investigadores de esa área, de la cátedra de evaluación de impacto ambiental y de la cátedra de teledetección y sistemas de información geográfica, que es la que le permite a todo el entramado tener la lectura espacial de los eventos. Dirige el Centro de Estudios Territoriales, desde el que –no sólo en el caso del arroyo Ludueña– aborda todas las dimensiones: ambientales, hidrológicas, de uso de la tierra, entre más. Y también tienen vínculos académicos cruzados con la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, en particular con el Curiham, el Centro Universitario Rosario de Investigaciones Hidroambientales: en conjunto reúnen una masa de conocimiento única por su dimensión sobre el arroyo. Y continúan investigando.
El científico una estrategia como la madre de todas las soluciones: el “ordenamiento territorial”. Y explica: “Son tres las patas que lo sostienen, el Estado determinando las directrices, los organismos de ciencia y técnica proveyendo las herramientas para poder hacerlo –porque están y son muchas– y la sociedad consensuando y validando las propuestas”. La estrategia, postula, no es sólo para el Ludueña, sino para toda el área metropolitana de Rosario y las localidades del sur de Santa Fe, pero si una de las tres partes falla, todo falla. En el arroyo puede ser que fallen todos.
Montico marca la necesidad de “preservar los recursos hídricos”: expone la alarma generalizada que desató la sequía presente por el abastecimiento y la calidad del agua, pero su experiencia le indica que “después de un par de lluvias desaparece ese gran interés”. Por ello insiste: “Tenemos que tener un plan de ordenamiento territorial que incluya el recurso hídrico como un recurso fundamental”.
Desordenamiento territorial
Hace casi una década investigadores de distintas facultades de la UNR hicieron un complejo trabajo en el que listaron los factores de presión que soporta la cuenca del Ludueña, esto es el arroyo en sí, los canales Salvat e Ibarlucea contra las inundaciones y una red de canales –algunos naturales– que desaguan en el curso y que cobran visibilidad cuando las lluvias son copiosas, a la inversa de lo que pasa ahora. El listado de los más importantes es elocuente:
- Desigualdad de ingresos económicos de los habitantes.
- Escasez de viviendas en los cascos urbanos.
- Asentamientos de viviendas precarias en sectores no autorizados.
- Expansión de las áreas urbanizadas hacia ambientes frágiles.
- Emprendimientos urbanísticos en el periurbano.
- Disputa de la renta del periurbano entre el sector urbano y el rural.
- Concentración del uso de las tierras.
- Incorporación de tierras de baja capacidad de uso a la producción agrícola.
- Pérdida de la cobertura y de la fertilidad de los suelos.
- Escasos planteos agroproductivos alternativos a los dominantes.
- Alta proporción de monocultivo de soja en los ciclos agrícolas.
- Administración dispar de las pulverizaciones con agroquímicos en los periurbanos.
- Dificultades en la gestión de los residuos sólidos urbanos.
- Desactualización funcional de obras hidráulicas.
- Disminución de la superficie con funciones de nicho ecológico.
Una década después Montico refiere que a lo sumo cambiaron los matices, pero básicamente los factores de presión se mantienen. “Al no tener instalado el concepto de ordenamiento territorial como una línea rectora como un patrón para establecer los mejores usos posibles en los distintos ambientes, esto ha seguido prácticamente igual. Hay falencias que tienen que ver con la cuestión hídrica, hidrológica; con el uso de los suelos, con la utilización de fitosanitarios… Aquello que tiene que ver con el seguimiento de la biodiversidad como un patrón que evidencia el estado del capital natural, es decir todos los recursos naturales que nosotros usamos para sostener la vida. En ese sentido no hemos avanzado, nos faltan acciones concretas, directas, que tienen que ver con aspectos demográficos, con el uso de los suelos –con implementación de rotación de cultivos distintos– con erosión hídrica, manejo de drenajes, temas más relacionados a infraestructura, de vivienda que se van consolidando en distintos sitios muchas veces sin estudios previos, o la requerida evaluación que tiene que ver con el impacto ambiental”.
Montico insiste: “Al no tener una línea rectora que la da el ordenamiento del territorio y que establece dónde hacer las urbanizaciones, cómo controlar el uso de los suelos”, y más todo va a seguir igual.
Con prudencia, el investigador suma “una serie de eventos que dañan e impactan” sobre el arroyo y sobre canales que confluyen en él: “Convengamos que la cuenca del Ludueña tiene cerca de 80 mil hectáreas y contiene algo así como 15 localidades. Cada una tiene sus ordenanzas, su dinámica jurídica. Y el ordenamiento territorial tiene que envolver a todas. Es un planteo de usos múltiples del territorio. Así se llama”.
Y explica: “Se puede utilizar el territorio en salvaguarda del capital natural, que es el suelo, el agua, el aire. Y necesitamos armonizar una serie de normas para proteger ese capital natural –obviamente utilizando el territorio con fines y usos productivos– pero con esquemas que tengan que ver con principios agroecológicos, por ejemplo, para la producción agropecuaria”.
El investigador insiste: hay que ordenar el territorio. Se puede, según su visión, salvar el recurso, y a la par “hacer uso del espacio geográfico”. La fórmula es nada más que hacer lo correcto. Y, como lo correcto suelo no ser a gusto de quien no lo hace, debe haber presencia del Estado. No sólo se trata de control, sino del diseño de una estrategia, el consenso para llevarla adelante, la infraestructura para que se cristalice en realidad y después, claro, control y sanción a quienes saquen los pies del plato, una vez que el plato sea de todos. Lo que había antes, en los tiempos del piletón que disfrutaba Marcelo, no se le parecía; lo que hay hoy se le parece mucho menos. “Hay que producir, hay que generar emprendimientos. Pero para eso necesitamos pautas claras, directrices claras de ordenamiento territorial”, sintetiza Montico.
En el arroyo Ludueña funciona, o debería estar funcionando, un Comité de Cuenca. Se constituyó después de las grandes inundaciones de la segunda mitad de los 80, pero parece reactivarse solamente cuando el problema es ése y para que la solución no sea pasar el exceso de agua de una población a la vecina, de un campo privado más alto a otro más bajo, la carta que siempre está en la manga. La represa retardadora, como obra, surgió así y lleva el nombre del intendente que no fue: Gualberto Venesia. El investigador apunta que el Comité en sí mismo se pensó así, para organizar “cómo se maneja el excedente” de agua, “más que como una pauta ordenadora del territorio”. Y marca que debería, como en otras partes, avanzar en “mejorar el vínculo entre la sociedad y el territorio”, y define: “El Comité de Cuenca debería ser repensado desde el punto de vista del ordenamiento territorial y no sólo desde el manejo del agua”.
Con todo, su trabajo continúa, y este año se va a instalar en el Ludueña una “Unidad de Monitoreo de Alerta Agro-Hidro-Ambiental” en la cabecera de la cuenca, precisamente donde se asienta la Facultad de Ciencias Agrarias. “Es un Proyecto que tenemos enmarcado en la Plataforma Ambiental de la UNR, y cuyo objetivo es monitorear cuestiones hidrológicas como alerta de inundaciones y de transporte de sedimentos y potenciales contaminantes en el arroyo”, explica a >El Ciudadano<.
Llega con atraso, pero llega: “La pandemia demoró la logística de adquisición de equipos y de obra civil, pero tenemos muchas expectativas de que contribuya a aportar información útil para la región”, concluye Montico.
