Esteban Guida
Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
El domingo pasado se definió quién será la persona que asumirá al Poder Ejecutivo el próximo 10 de diciembre. Con el 48,1% de los votos, el candidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, se impuso por casi ocho puntos de diferencia sobre la fórmula de Juntos por el Cambio que encabezaba Mauricio Macri. A pesar de que el actual presidente logró acortar la brecha entre ambos, las elecciones generales se resolvieron en primera vuelta cerrando el ciclo Cambiemos con una fuerte derrota, también en la provincia de Buenos Aires.
Momentos posteriores a la lectura de los primeros resultados provisorios por parte del ministro de Interior, Rogelio Frigerio, los candidatos comenzaron a reconocer el triunfo del binomio Fernández-Fernández. Uno de ellos fue el presidente en ejercicio, Mauricio Macri, que en su discurso invitó al presidente electo a reunirse con él al día siguiente en la Casa Rosada, para así comenzar a arreglar la transición de mandatos.
Simultáneamente a la carga de los resultados, el directorio del Banco Central se reunía para anticipar cómo trabajarían el día siguiente tras el shock devaluatorio que se vivió pos Paso. Por tanto, la entidad autárquica anunció, ese mismo domingo por la noche, que se endurecería el control de cambios impuesto unas semanas atrás. En particular se anunció un nuevo límite a la compra de divisas por parte de personas humanas, de 200 dólares. En la comunicación anterior, el Banco Central había prohibido la compra de dólares para atesoramiento por parte de personas jurídicas sin autorización previa, y sólo podrían realizar transacciones para pagos de operaciones de comercio exterior y deudas en moneda extranjera. A los pocos días el Central profundizó la medida sumando otra restricción más a través del control en las transacciones con tarjeta de crédito en el exterior, por lo menos hasta diciembre de 2019.
En el anuncio, el presidente del BCRA dijo que las medidas “tienen como objetivo proteger las reservas y permitir al nuevo gobierno contar con más grados de libertad para la implementación de sus políticas económicas”. El objetivo resulta comprensible y pertinente la medida, pero es sospechoso (cuanto menos inexplicable) que el propio Guido Sandleris, al mando de la política cambiaria, haya permitido que se pierdan 22.000 millones de dólares de reservas en tan sólo 60 días.
Finalmente, el tipo de cambio no “voló por los aires”, como especularon muchos frente al resultado cantado de las elecciones presidenciales. Desde luego, el control de cambios surtió efecto y la divisa se mantuvo estable durante el transcurso de la primera semana pos elecciones; ahora, el que quiera dólares para atesorar, los tendrá que pagar bastante más caro que el oficial.
Nuevamente, la realidad confronta el relato macrista y abre la posibilidad a pensar una economía sin “cucos”, aunque con actores económicos que se aprestan a ingresar a un nuevo ciclo que seguramente traerá cambios.
Pero el control cambiario aplicado (tarde) por el BCRA para manejar el tipo de cambio no es la solución a los problemas sino tan sólo una medida puntual, de coyuntura, para evitar profundizar el desastre que generó la política económica de Cambiemos. Ahora el electo presidente deberá encarar, con precisión y responsabilidad, un nuevo rumbo político y económico que le permita a la Argentina salir de esta aguda crisis.
Uno de los principales temas a encarar es, sin dudas, el tratamiento de la deuda pública que deja el gobierno saliente. La deuda pública nacional registró, al 30 de septiembre de 2019, un total de 311.240 millones de dólares, de los que 173.000 millones corresponden a endeudamiento externo. Dentro de este último número se incluyen los 43.500 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional ya le prestó al país, restando recibir del organismo 13.600 millones más hasta junio de 2021. A partir de esa fecha, el país debe comenzar a devolver el capital prestado por el Fondo en cuestión de 3 años.
También hay que considerar los demás vencimientos de capital e intereses por el resto de las emisiones de deuda con acreedores privados e institucionales. En términos totales (moneda nacional y extranjera), en los próximos cuatro años vencen 44.232 millones, 34.849 millones, 39.997 millones y 35.687 millones de dólares, respectivamente, en términos de capital. A su vez, en términos de intereses, en 2020, 2021, 2022 y 2023 vencen 16.607 millones, 12.120 millones, 10.363 millones y 8.223 millones de dólares, respectivamente.
A esta situación de compromisos de pago, se le debe añadir un PBI en fuerte retracción (producimos menos bienes y servicios que el año pasado) y un déficit externo permanente (saldo negativo del intercambio de bienes y servicios con el resto del mundo –Cuenta Corriente– que no aporta divisas netas para financiar el necesario crecimiento de la economía, mucho menos para pagar semejante deuda que sólo atendió a la especulación.
Por este motivo, los próximos años son complicados en términos económicos (cómo generar riqueza) y financieros (cómo atender a los compromisos de pago), habida cuenta de que más de la tres cuartas partes de esos vencimientos están denominados en moneda extranjera (dentro de los cuales está la deuda con el FMI).
La Argentina que encontrará el próximo presidente no es, ni cerca, la que pintó Macri en su discurso del domingo al reconocer su derrota. El actual oficialismo se esfuerza por crear la idea de que dejó sentadas las bases para construir un cambio positivo; pero no hay indicios de eso en ninguno de los indicadores de la economía real; ni en la calle, ni en las empresas, ni en los trabajadores, ni en los jubilados, ni en nada que tenga la bandera celeste y blanca flameando con orgullo.
El desafío del próximo gobierno deberá atender a todas estas cuestiones con un plan sólido que no sólo reestructure el perfil de vencimientos de deuda, sino principalmente reoriente la economía nacional hacia la generación de trabajo y riqueza.
(*) fundación@pueblosdelsur.org
