Adolfo Paulón tiene 74 años y necesita un microinfusor de insulina que es indispensable para el tipo de diabetes que padece. El aparato es importado, vale alrededor de 300 mil pesos y la Ley de Diabetes dice que debe ser cubierto por obra social. Él pidió a Pami que lo compre pero se lo negaron durante un año. En diciembre presentó un amparo y el 10 de enero la Justicia falló a su favor con el pedido a la obra social para que se lo entregue de forma inmediata. A un mes de la decisión judicial, sigue sin recibir el aparato. Las consecuencias para su salud crecen día a día. Perdió la visión de un ojo, le tuvieron que cortar varios dedos y tuvo dos preinfartos y un ACV. Recién esta semana desde la delegación de Rosario se comunicaron con él para pedirle más papeles. Paulón hace trabajo voluntario para la obra social hace 15 años y contó que los recortes llegaron también a las actividades recreativas a las que asisten más de 750 jubiladas y jubilados.
A Paulón le recetaron el microinfusor después de varias descompensaciones. En las oficinas de Pami tuvo tres: dos colapsos con un preinfarto y otra con un ACV. El aparato que le debe garantizar la obra social es una bomba para recibir la cantidad justa de insulina que necesita el cuerpo. Es indispensable para personas que tienen diabetes lábil, un tipo patología en la que los niveles de glucosa no son estables. Antes de ir a la Justicia, Paulón intentó por la vía administrativa. Con el endocrinólogo que lo atiende armaron un expediente con dos carpetas de argumentos.
En el Pami Rosario lo revisaron y lo aprobaron. Al ser un aparato caro pidieron a la administración nacional que lo comprara a través de una licitación. Incluso, Paulón ofreció pagar una parte con ayuda de los hijos. Pero Pami a nivel nacional rechazó las dos licitaciones que se hicieron. Dijeron que la bomba había aumentado mucho por la devaluación del peso y que no iban a cubrirlo.
Después de un año sin solución, Paulón llevó todos los papeles a las abogadas Julia Canet y Carina Mazzeo. A fin de diciembre presentaron un recurso de amparo para que la obra social se hiciera cargo de la compra. El 10 de enero la jueza Sylvia Aramberri del Juzgado Federal N° 2 falló a favor y exigió a Pami que le entregue el microdifusor.
A un mes del fallo, la decisión de la Justicia no fue respetada por la obra social. “Recién esta semana me llamaron para pedirme más papeles para saber la cantidad de insulina que necesito. Cada día que se prolonga la espera es más difícil para mi salud. Hace un año que Pami hizo abandono de persona conmigo”, dijo Paulón en diálogo con EL Ciudadano.
Jubilados recortados
Paulón trabaja como voluntario de Pami hace 15 años. Empezó a colaborar cuando se jubiló. Vivía en Buenos Aires y llegó a Rosario para estar cerca de sus hijos y sus nietos. Había sido empleado del Congreso Nacional y los médicos le recomendaron que la mudanza y el tiempo libre llegaran con nuevas actividades.
Decidió ir a la obra social para ofrecerse como voluntario. Allí, se encontró con otros jubilados y jubiladas y empezaron a trabajar juntos. Todos los años organizan talleres para mover el cuerpo, hacen festejos por el Día del Abuelo, reciben donaciones de libros que reparten en geriátricos y policlínicos y llegaron a organizar tres casamientos entre viudas y viudos. Desde el comienzo contaron con el apoyo de las autoridades, pero el año pasado todo cambió.
La nueva gestión recortó la cantidad de profesores para los talleres y no les dio lugar para los cursos de verano, dejando a 750 inscriptos e inscriptas sin actividades. “Todas las actividades están suspendidas. Recortaron 17 talleres. Nos dejan sin actividad física y recreativa, que es muy importante para nosotros. No es sólo moverse sino salir de la casa y encontrarse con otra gente y no sentirnos solos”, explicó Paulón.
