Los trabajadores de Pami de Rosario reunidos en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que la obra social de los jubilados tiene un galpón de Génova y avenida Alberdi repleto de sillas de ruedas y de camas ortopédicas en desuso. “Hay abuelos esperando esos insumos desde hace más un año. Con lo que hay pueden cubrir las demandas”, dijo a El Ciudadano la delegada del sindicato, Sandra Silvetti. La denuncia se dio en el marco de otros reclamos de prestadores que impactan en el servicio. Este jueves de 12 a 14 no habrá servicio en todas las delegaciones de la obra social porque los trabajadores realizarán una asamblea en la repartición de San Lorenzo al 900. “Lamentamos tomar esa medida, pero es la única forma de solucionar una situación de emergencia”, confiaron desde el gremio.
Imágenes y crítica
En una conferencia de prensa realizada en la sede de ATE (San Lorenzo al 1800), los delegados difundieron un video que muestra un galpón ubicado en el norte de la ciudad. Según se pudo ver, el espacio estaba lleno de sillas de ruedas y camas ortopédicas. “Hay muchas nuevas y otras que necesitan reparación, pero no puede ser que tengan todos esos recursos guardados cuando hay jubilados que hace un año están esperando”, dijo Silvetti.
En la conferencia también denunciaron que el sistema de emergencias está en crisis. “En el 2012 las autoridades decidieron privatizarlo y desde entonces sólo empeoró. Hay demoras y el servicio es pésimo, por lo que muchos jubilados terminan pagando una prepaga para poder tener este tipo de cobertura”, contó la delegada y agregó que ese traslado significa perder los medicamentos gratuitos. Lo anterior se debe al recorte en medicamentos que aplicó el gobierno .
Tal como publicó este medio, la denuncia se suma a las que ya hizo el gremio sobre la falta de entrega de medicamentos por el nuevo régimen nacional. Siempre según contaron desde ATE, en Rosario las primeras semanas de aplicación dejaron a 13 de cada 15 jubilados afuera. La cifra fue negada por las autoridades de Pami. “Hicimos un análisis y sólo dos de cada 15 pudo obtener los medicamentos gratis”, dijo Marcelo Sánchez, delegado de ATE en el Pami I. Según la delegada Silvetti, el cálculo fue hecho en base a que el 76 por ciento de los afiliados cobra la jubilación mínima. Apenas el 10 por ciento está debajo de los 8.500 pesos de ingreso que establece el gobierno como excluyentes. “Sólo entre el 9 y 11 por ciento pertenecen a un sector pudiente. La reglamentación es restrictiva porque apunta a una minoría dueña de yates y helicópteros, pero termina excluyendo a la mayoría que está en el haber medio. La reglamentación es una mera excusa para encubrir el ajuste sobre los derechos de los afiliados”, dijo Silvetti.
El nuevo régimen lleva en contra la poca mano de obra de trabajadores sociales encargadas de evaluar los casos que quedan excluidos del subsidio. Cada vez que un abuelo es rechazado se abre un expediente para revisar su situación. “Al Pami I llegaron cientos de causas y sólo trabajan diez compañeras en esa área. Para peor, Milva Sánchez –interventora de la obra social en Rosario– nos dijo que no va a crear cargos nuevos”, explicó Sánchez.
Reclamo histórico y negado
Norma Cáceres, del Gremio Odontológico Argentino, participó de la conferencia de ayer y contó que existe un problema histórico en el pago a las prestadoras. “Nos derivan el trabajo pero nos pagan monedas y eso hace que se vuelva imposible sostener el sistema”, dijo.
