“Es la crisis más grave en los últimos 50 años. Nunca he visto una crisis de esta magnitud en la industria panadera”, alertó Gerardo Di Cosco, presidente de la Asociación de Industriales Panaderos, sobre la difícil realidad que atraviesa el sector panadero en Rosario, que se refleja en los 80 comercios de panificación que debieron cerrar sus puertas en la ciudad.
Di Cosco atribuyó el agravamiento de la crisis en el sector panadero a la disparada del dólar en las últimas semanas. «En 15 días se agravó la situación con el salto del dólar. Es que el precio de la harina está atado a la moneda estadounidense. Hasta que no pare, seguirá aumentando el precio de la harina», advirtió Di Cosco.
A finales de febrero, una bolsa de harina de 50 kilos costaba aproximadamente 280 pesos. Hoy, con la volatilidad del dólar, oscila entre los 600 y los 650 pesos. Es decir, la materia prima que necesitan las panaderías para la elaboración de productos, se incrementó en tres meses en un 120 por ciento.
“Además hay un récord histórico de trigo -reconoció Di Cosco-, que hace muchos años que no ocurría pero que lo tienen los grandes exportadores, como los grupos oligárquicos. El molino lo tiene que pagar al precio que lo exportan», lamentó el representante de los panaderos.
Con relación a las 80 panaderías que cerraron en la ciudad, indicó Di Cosco como particularidad que «en todo el Gran Rosario hemos hecho un relevamiento y hay panaderías que no venden más al público. Trabajan a puertas cerradas, no tributan como corresponde y son aquellas que le venden a las granjas en los barrios», apuntó.
La crisis del sector panadero se traslada al consumidor, con ventas que descendieron entre un 20 y un 40 por ciento. «Es un combo explosivo», aseguró Di Cosco. «Además llegaron los aumento de tarifas, luz, gas y agua», sostuvo.
Di Cosco propuso que todos los negocios estén regulados para que los productos de panificación no se vendan en forma clandestina en lugares que no se han vuelto a habilitar. «Hay que conseguir una ley provincial o ordenanza municipal. En Buenos Aires existe una ley donde cada municipio se adhiere». En ese sentido cuestionó la falta de respuestas del gobierno nacional. «Fuimos a hablar a la secretaria de Comercio Interior pero nos hablaron de la teoría del derrame. Con respecto al nivel municipal se hicieron algunas inspecciones pero no alcanza», concluyó.
