El Gobierno podría demorar los exhortos que pesan sobre el presidente, Mauricio Macri, en el caso Panamá Papers. La Cancillería argentina consideró que «no hay claridad en la descripción de los hechos imputados», lo que podría incluso hacer fracasar los pedidos de informe a Panamá y Uruguay hechos por el juez a cargo de la causa, Sebastián Casanello.
«Esta Autoridad Central se permite destacar que de la lectura de la solicitud no surge con claridad la descripción precisa o circunstanciada de los hechos imputados -de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 – y esto determina la posibilidad de que las autoridades requeridas, en forma previa a la ejecución de la solicitud, requieran aclaraciones al respecto o procedan a su devolución para su complementación», dice la nota 6583/16 de la Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal de Cancillería del 15 de junio pasado.
Ello es en relación a los exhortos a Panamá y Uruguay que Casanello ordenó para obtener información societaria sobre la empresa «Foxchase Trading S.A.».
«Foxchase Trading S.A.» es una compañía creada e en Panamá el 10 de diciembre de 2012 y que con otra que tiene domicilio en Uruguay controlaron «Macri Investment Group» (MIG), la firma sobre la que Mauricio Macri declaró en 2014 que tenía participación societaria.
Foxchase está mencionada porque MIG da sus acciones para constituir «Global Collection SA», vinculada a Global Collection Do Brasil, a la que ingresa «Fleg Trading», la empresa off shore que está siendo investigada en el marco de los Panamá Papers.
De todas maneras, las solicitudes de asistencia dirigidas a Uruguay y Panamá han sido remitidas a las respectivas Autoridades Centrales, según se confirmó en tribunales.
Macri está imputado por supuesta omisión maliciosa en declarar su participación en las empresas off shore «Fleg Trading LTD» y «Kagemusha SA», registradas en Bahamas y Panamá, de acuerdo a una investigación de un consorcio de periodistas.
