La defensora de los Derechos de las Niñas, Niños, y Adolescentes de la Nación, junto a quienes cumplen esa misma tarea en cinco provincias, entre ellas Santa Fe, hicieron un pronunciamiento conjunto en medio de los debates y conflictos intersectoriales alrededor de las dificultades para el regreso a clases presenciales. Esta es la declaración.
12 de febrero de 2021
La defensora nacional de los Derechos de las Niñas, Niños, y Adolescentes, Marisa Graham, y los defensores y defensoras provinciales Analía Colombo (Santa Fe), Amelia López (Córdoba), Juan Pablo Meaca (La Pampa), Miguel Ángel Molina (Misiones) y Luis Santucho (Santiago del Estero), convocados tras la preocupación y debates generados en torno a las dificultades para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de todo el país, creemos necesario hacer públicas nuestras consideraciones sostenidas en el moniitoreo desarrollado a lo largo de 2020.
La permanencia de las disposiciones de aislamiento y distanciamiento a raíz del decreto N°260/2020 por pandemia durante todo el año lectivo 2020 ha tenido un efecto complejo sobre la vida cotidiana y el desarrollo de las personas en general, pero en particular para niñas, niños y adolescentes, impactando principalmente sobre la vida escolar por tratarse de un espacio que brinda las herramientas para la construcción de su subjetividad por el intercambio que allí sucede: la capacidad de pensar, comunicarse, simbolizar y construir sentidos entre otras.
En esta dirección nos resulta imperativo analizar y observar que la privación del lugar “la escuela” para la vida de niñeces y adolescencias ha presentado desventajas y dificultades. Es por esto que es primordial la observancia del Interés Superior del Niño según establece la Convención de los Derechos del Niño y el cumplimiento con el Derecho a la Educación; por lo que las y los Defensores de Niñas, Niños y Adolescentes, manifestamos:
1. Reconocemos los esfuerzos por parte del Estado nacional y los estados provinciales; instituciones educativas, docentes y padres por garantizar el acceso y sostener la trayectoria escolar en este tiempo. Pero no podemos dejar de advertir las grandes desigualdades generadas en el acceso a las herramientas tecnológicas y la conectividad, tanto como por las diversas
posibilidades económicas, estructuras y dinámicas familiares en un territorio tan heterogéneo como el de nuestro país.
2. Advertimos que la situación sociosanitaria ante la pandemia de covid-19 y los protocolos necesarios para la apertura de escuelas, en sus diversas intensidades, formas y modalidades, exigen contar con la infraestructura edilicia así como con los insumos adecuados, que deben ser garantizados por el Estado nacional y los Estados provinciales, quienes deben realizar los máximos esfuerzos presupuestarios en tal sentido.
3. Rescatamos fundamentalmente la palabra de niñas, niños y adolescentes, expresando el deseo de volver a la vinculación con las aulas. La escuela es resignificada por ellos mismos como espacio de pertenencia, siendo por lo tanto una prioridad en la toma de decisiones que no podemos desatender y nos exige la garantía para su existencia.
4. Consideramos que la vida social y el encuentro con otros pares para niñeces y adolescencias es fundamental, siendo un factor de protección y fortalecedor para el tránsito de cada etapa. En este sentido, durante el año 2020, se observaron con preocupación en nuestras Defensorías aumento de consultas por consumos, depresión, ansiedad, suicidios. La soledad que ha generado el distanciamiento y el aislamiento ha repercutido en formas patológicas, y/ o poco saludables.
5. Sostenemos que la situación epidemiológica demanda cuidados y protocolos que requieren un monitoreo permanente, pero simultáneamente esta adversidad nos pone frente a la oportunidad de revisar y transformar la educación y el sistema escolar que ya venían mostrando signos de agotamiento de los modelos tradicionales de enseñanza. La trayectoria escolar, es un tiempo y espacio de aprendizaje integral, que involucra sujetos de derecho. Apostar a que la mirada del sistema educativo se tiña de este cambio de paradigma en donde niñas, niños y adolescentes tengan un rol protagonista en este proceso.
6. Afirmamos el derecho a la educación y el debate de nuevas, diversificadas y flexibles alternativas de aprendizaje, incluida la presencialidad, deben tener como centro el Interés superior de niñeces y adolescencias en la búsqueda de consensos; y no debe ser utilizado para intereses sectoriales, corporativos o partidarios políticos.
Instamos a las autoridades nacionales y provinciales, a todas las fuerzas políticas, a las organizaciones sociales, comunitarias, académicas y sindicales a acompañar y producir mejoras pertinentes y adecuadas para cada comunidad a fin de concretar acciones y estrategias que garanticen el desarrollo de las trayectorias escolares de niños, niñas y adolescentes, garantizando el cuidado de la salud física y emocional de toda la comunidad educativa. Consideramos además necesario promover nuevas investigaciones que permitan el seguimiento y monitoreo del vínculo de los niños, niñas y adolescentes especialmente en este momento de la pandemia.
Del mismo modo comunicamos que hemos hecho llegar nuestras apreciaciones al Consejo Federal del Educación en el documento “Garantizar el Interés Superior y el Derecho a la Educación. El desafío de la continuidad educativa y el cuidado colectivo”, que es puesto además a disposición pública”.
