El gobierno nacional presentó ayer ante la Justicia el informe “Papel Prensa: la verdad” y pidió la indagatoria de represores y de autoridades de los diarios La Nación, Clarín y La Razón. La presentación fue realizada por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, ante el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata. En el escrito, que dio a conocer públicamente hace algunas semanas la presidenta Cristina Fernández, se denuncia la supuesta “apropiación ilegal” de la empresa productora de papel para medios gráficos y la posible vinculación con delitos de lesa humanidad en el proceso de venta durante la última dictadura.
La querella, patrocinada por el secretario de Protección de los Derechos Humanos, Luis Alén, y el Procurador del Tesoro, Joaquín da Rocha, pidió la indagatoria a los imputados Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, José Alfredo Antonio Martínez de Hoz, Raymundo Juan Pio Podestá, Laura Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Luis Mitre, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Fernando Peralta Ramos.
Se trata de los tres diarios que en 1976 se quedaron con las acciones de Papel Prensa, que hasta entonces se encontraban en manos de la viuda del empresario David Gravier, Lidia Papaleo, quien denunció haberlas entregado bajo “presión” de la cúpula militar y las autoridades de los diarios.
“Por medio de esta acción se persigue la reconstrucción histórica de los hechos objeto de esta investigación, sus circunstancias y características; como también alcanzar la verdad histórica en cuanto al destino e identificación de las víctimas”, explicaron desde la Secretaría.
A lo largo de sus 200 páginas, el escrito aborda la legitimación de la Secretaría de Derechos Humanos para querellar, así como antecedentes y hechos en los que se fundamenta, incluidos numerosos comunicados de la Junta dictatorial.
El informe despliega hechos, testimonios y argumentos respecto del “Estado terrorista y su faz clandestina”, quiénes fueron “los grandes beneficiarios” civiles y el papel de “los grandes medios de prensa asociados con la dictadura”, en alusión a los diarios antes mencionados, que pasaron a ser accionistas de la empresa.
Además, argumenta en torno de “la coerción genérica al Grupo Graiver y su temor –terror– fundado”, para afirmar que “por medio de intimidación y amenazas se obligó a varios de los damnificados a vender las acciones de Papel Prensa a los diarios Clarín, La Nación y La Razón”. En la querella, Duhalde sostiene que “aquellas acciones fueron concertadas por los directivos de las empresas junto a las más altas cúpulas del gobierno de facto”.
El escrito hace referencia también a “persecuciones a la prensa desafecta o independiente” y a los periodistas detenidos-desaparecidos y asesinados entre el 24 de marzo de 1976 y el 31 de marzo de 1977, el primer año de la dictadura. La Secretaría entiende que los delitos de los que fueron víctimas los dueños anteriores de las acciones clase A y B de Papel Prensa “deben calificarse como crímenes contra la humanidad y, por ende, imprescriptibles”.
Mientras tanto, Rafael Ianover, quien se desempeñó como vicepresidente de Papel Prensa antes de la transferencia, declarará hoy ante los fiscales Marcelo Molina y Hernán Schapiro, para brindar detalles de la operación de venta de la empresa. Ianover, de 85 años, había sido citado para el pasado 8 de septiembre, pero se excusó por medio de un escrito “debido a que tenía que cumplir con una serie de estudios médicos programados”.
El fiscal Molina ya tomó declaración a Lidia Papaleo, la viuda del ex dueño de Papel Prensa, quien posteriormente solicitó protección en su carácter de testigo, beneficio que le fue concedido por el ministro de Justicia, Julio Alak.
El informe sobre Papel Prensa fue presentado públicamente por la presidenta Cristina Kirchner el mes pasado durante un acto en la Casa de Gobierno, en el que además anunció el giro al Congreso de un proyecto para declarar de “interés público” la producción, comercialización y distribución de papel para diarios.
