El primer e histórico juicio ‘complejo’ del sistema acusatorio federal, que comenzó el 8 de mayo pasado y no superó dos audiencias contra 10 sospechosos de participar en el comercio agravado de estupefacientes (‘La Banda de los Rosales’), sufrió también un traspié histórico: fue anulado por el propio juez del debate, Daniel Doffo (Tribunal Oral Federal). Sucedió que el magistrado advirtió un error procesal, ya que en lugar de un juez, la ley (el nuevo Código Procesal Penal Federal) establece que debía intervenir un tribunal, por una cuestión elemental: la escala penal de los delitos en juego, contempla castigos de entre 6 y 20 años. Y esa situación impone que el debate sea dirigido sí o sí por tres magistrados.
¿Por qué? la ley procesal establece tres posibilidades: en los delitos con un máximo de 6 años de castigo, interviene un juez. El imputado y su Defensa podrán optar por un tribunal cuando la escala penal no supere de 15 años de cárcel. Y será obligatoria la presencia de 3 magistrados, para aquellos casos con eventuales castigos superiores a 15 años, como el que anuló el juez Doffo.
‘(…) se trata de un vicio del proceso que provoca una nulidad que no es convalidable o subsanable ni siquiera con acuerdo de partes, puesto que la errónea interpretación (…) vulnera las garantías constitucionales del debido proceso, juez natural y de defensa en juicio’, dijo el magistrado en su fallo.
Y agregó: ‘Cierto es que esta advertencia parcialmente tardía ha producido desgaste jurisdiccional pero, la continuación del juicio en estas condiciones, traería aparejado un desgaste mayor y el mismo e irremediable final’.
¿A quién atribuirle el error? las miradas apuntan contra la delegación local de la Oficina Judicial y también al juez mendocino que intervino en la audiencia de control de acusación (ahí se depura la prueba y se pasa el caso a juicio), Manuel Pizarro. Aunque el descuido también pudo advertirlo el propio fiscal, Fernando Alcaraz.
De todos modos esa misma Oficina Judicial deberá ahora designar a un tribunal, en el que Doffo podrá intervenir, o no, ya que hasta que decidió anular todo desde su designación (antes no conoció la causa), pudo oír a unos 15 testigos, algunas escuchas telefónicas y varios videos con la investigación de los pesquisas de la Drogas Ilegales de la policía provincial, quienes pusieron al descubierto el comercio de drogas entre el 5 de agosto y el 29 de noviembre pasado.
Cuando el juez ordenó múltiples allanamientos, los investigadores confirmaron sus sospechas, pues secuestraron un total de 590 gramos de cocaína, 17 plantas de marihuana y 9 gramos de esa hierba, hongos alucinógenos, 2.256.060 de pesos, balanzas de precisión, elementos para fraccionar, teléfonos y cinco vehículos, entre otras evidencias que los complicaban.
Los principales imputados son Franco Marcelo ‘Gordo’ Carrizo (defendido por Claudio Vera), acusado de llevar la droga hasta 9 de Julio para Sergio Maximiliano Rosales y su pareja María Eugenia Parra. Esta pareja, la distribuía después entre otros parientes, como Evelin y Noelia Ríos, Miguel Parra, Isaías Varela, Milagros y Priscila Rosales (acusados son defendidos por Alejandro Castán y Manuel Giménez Puchol). El último de los imputados es el comerciante.
Ángel Andrés ‘Gallego’ Gunella (lo defiende Rubén Pontoriero), que actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación, indicaron.
