En el departamento Rosario, en 2015, el 70 por ciento de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego. En la provincia, el 68,4 por ciento. Los datos surgen de tres fuentes: el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio de Salud y el de Seguridad. Para atacar ese problema, el diputado provincial Jorge Henn presentó dos proyectos en la Legislatura que proponen reformar la normativa vigente y darles más atribuciones a jueces y fiscales para el secuestro preventivo de armas de fuego.
Uno de los proyectos propone modificar el nuevo Código Procesal Penal de la provincia, que fue sancionado en 2007 y se comenzó a aplicar en forma integral en febrero de 2014. La iniciativa establece que, en casos de urgencia, el fiscal podrá secuestrar todos los elementos relacionados con un presunto delito, entre ellos las armas de fuego, siempre que puedan servir como prueba en el proceso.
El proyecto de Henn incluye una nueva redacción del artículo 240 del nuevo Código Procesal Penal: “En todos los procesos por amenazas, violencia familiar o de género, o cualquier otro delito derivado de situaciones de conflictos interpersonales, el fiscal deberá disponer el secuestro de las armas utilizadas en el hecho, como así también de aquellas armas de fuego de las cuales el denunciado fuera tenedor o poseedor”.
El otro proyecto busca modificar el artículo 5 de la ley de Violencia Familiar, que quedará redactado de la siguiente forma: “Al tomar conocimiento de los hechos motivo de la denuncia, el juez librará oficio al Registro Nacional de Armas, requiriendo se informe al magistrado si el denunciado posee autorización para tener o portar armas de fuego, las armas de que disponga y su lugar de guarda. El juez interviniente ordenará el secuestro preventivo de las armas de fuego y municiones que posea el denunciado. Asimismo, ordenará el secuestro preventivo de otras armas de fuego que según las constancias de la causa, pudiera presumirse se hallen en poder del denunciado.”
Entre otros argumentos, el diputado Henn indicó que en 2015 hubo 295 homicidios con armas de fuego en la provincia, lo que representa el 68 por ciento del total. “Particularmente, en el departamento Rosario el porcentaje de muertes por disparos asciende al 70 por ciento, superando el promedio provincial. El secuestro preventivo de armas de fuego en situaciones de violencia es el primer paso para lograr una política integral de convivencia. Las armas son parte constitutiva de la matriz violenta que hoy envuelve a nuestra sociedad”.
Más herramientas
En diálogo con El Ciudadano, el autor de los proyectos opinó que la Justicia “debe tener más herramientas” para avanzar hacia el desarme de la población civil y consideró que “los fiscales están haciendo una tarea militante sobre el nuevo proceso penal, a veces en condiciones que no son las adecuadas, por eso hay que dotarlos de más elementos: a los fiscales y a los jueces”. Para el legislador de la UCR, las reformas propuestas al Código Procesal Penal y a la ley de Violencia Familiar son “elementos integrativos de una política de seguridad ciudadana, junto con otros como las políticas de desarme y de control de las armas de fuego”. “Desde la Legislatura, nosotros también tenemos que hacer un aporte en términos de prevención del delito. Además, estamos hablando de violencia cultural y eso no significa solamente la muerte: hay una violencia simbólica previa que debería servir como alerta para los jueces y los fiscales”, señaló.
—En ese marco de violencia simbólica, ¿cuál es la incidencia de las armas de fuego?
—Es central. La estadística lo demuestra: siete de cada diez homicidios son cometidos con armas de fuego. Lo que observamos, según estos datos, es que el arma de fuego es la elegida para resolver cuestiones de territorio, fundamentalmente por jóvenes de 18 a 25 o 30 años. Eso requiere un abordaje muy particular porque, en muchos casos, víctima y victimario tienen el mismo perfil. Y hay otro problema: en muchos sectores sociales la violencia ya no es sólo una forma de resolver conflictos, sino también de construir identidad frente a los otros.
—¿Qué pasó en los últimos años para que aumentaran los homicidios y se empiece a hablar de violencia cultural?
—Si no estudiamos lo que hay detrás de la violencia, estamos legislando a tientas. Yo creo que detrás de esa violencia hay malestar. Obligamos a nuestros jóvenes de 18 a 25 años a construir su propia biografía, les estamos diciendo que vean al futuro como una amenaza, que el problema no es colectivo sino personal. Y ante la falta de trabajo y educación, aparecen los búnkers. Hay muchas cuestiones a analizar para entender el tema de la violencia. No solo la falta de perspectivas, también la impunidad. Tenemos encuestas que dicen que el 50 por ciento de los ciudadanos podrían ejercer justicia por mano propia en algunas circunstancias. La impunidad también genera violencia, entonces, un buen funcionamiento del sistema procesal penal ayuda a bajar los niveles de impunidad y de violencia.
El circuito de las armas
En marzo, el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, encabezó un operativo –junto al procurador general de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre, y al fiscal general de la provincia, Julio De Olazábal– en el cual se detectaron más de 700 armas de fuego en distintas comisarías de Rosario, Santa Fe y San Lorenzo que pertenecen al viejo sistema penal. En esa ocasión, el ministro Pullaro se mostró sorprendido por la cantidad de armas de fuego que no coincidían con los registros del depósito judicial.
—¿Cómo es el circuito de las armas de fuego? ¿Cómo llegan a los barrios?
—En primer lugar, no son todas legales. Pero hoy hay un esfuerzo por parte del gobierno provincial y del Ministerio de Seguridad de poner el centro de atención en este tema. Yo no puedo negar que hay un circuito de incautación de armas con posterior reingreso al mercado ilegal.
—¿Por parte de la Policía?
—Sí, por parte de la Policía. Pero soy optimista porque este tema está siendo abordado por el Ministerio (de Seguridad), de hecho hubo medidas exitosas y se va a seguir trabajando en esto.
—Cuando Pullaro descubre armas en las comisarías, ¿qué eslabón de la cadena falló?
—Evidentemente, hay problemas de control sobre la Policía. A las fuerzas de seguridad hay que darles instrucciones y controlarlas. Pero no quiero generalizar porque hay muchos sectores de la Policía comprometidos en la defensa del ciudadano. De hecho, la experiencia de la Policía Comunitaria es exitosa en términos de preservar el espacio público. Eso es central: el espacio público es el espacio de la cohesión social. Cuando le tenemos miedo, cuando privatizamos el espacio público, empezamos a retrotraernos y a entender que cualquier otra persona es una amenaza. El espacio público nos iguala.
