Alan Funes tuvo un fin de año agitado. Pero este 2018 quizás sea peor. Antes, en septiembre, había obtenido la prisión domiciliaria por un homicidio que le atribuyeron cuando aún era menor. Desde entonces fue el más mentado. Un video en que se lo ve disparando una ametralladora en la madrugada del 1° de enero armó un escándalo por el que pidieron su captura. Se convirtió en fugitivo. Le mataron a su hermano Ulises. La ola de homicidios en Rosario hizo que su foto con camisa azul y portando una pistola y una metralleta llegara a la prensa internacional. Este jueves, ya capturado, llegó al banquillo junto con a Jorgelina Selerpe, la madre de su beba, en una audiencia imputativa en la que lo acusaron de nueve delitos, entre ellos otro asesinato, sobre el que la Fiscalía aportó una prueba decisiva: la pistola 9 milímetros que le incautaron fue usada en ese crimen. Al final le dictaron –también a ella, que sumó la acusación por este último homicidio a una imputación previa por asociación ilícita– la prisión preventiva.
Enfundado en un chaleco antibalas, de remera a rayas, chupín azul y zapatillas blancas de marca, Alan Elio Funes escuchó una por una las acusaciones de las fiscales Georgina Pairola y Gisela Paolicelli. El joven de 19 años, que ahora exhibe una barba que disimula su cara aniñada, negó repetidas veces con la cabeza los hechos que le imputaron. Las acusaciones van desde partícipe de una asociación ilícita liderada por su hermano Lautaro (alias Lamparita); amenaza simple; abuso, portación y tenencia de arma; tentativa de homicidio y un crimen concretado.
“Soy inocente. Las cosas que secuestraron no son mías”, fue lo único que dijo Alan en toda la audiencia. Su pareja Jorgelina, alias Chipi y madre de una beba de ocho meses –según se escuchó en la audiencia–, se mostró nerviosa. La chica, de 24 años y quien ya estaba imputada por asociación ilícita, sumó junto con Alan el delito de homicidio por el crimen de Marcela Díaz.
La fiscal Paolicelli, quien en mayo pasado había imputado a integrantes del clan Funes en el marco de un operativo conocido como Los Miserables, incluida Jorgelina, le achacó a Alan pertenecer a esa organización delictiva. Según la funcionaria, Alan, desde la celda del Irar donde estuvo detenido algunos meses, gestionaba las armas que la banda se procuraba para perpetrar “delitos de todo tipo”. A saber: “violaciones a la propiedad, robo a mano armada, usurpaciones y el uso de arma de fuego para dirimir conflictos, todo atravesado por la posible compra y venta de estupefacientes”, describió la fiscal.
Paolicelli reflotó un informe del Ministerio Público de la Acusación y otro de la Policía Federal, para achacarle a Alan el delito de asociación ilícita en carácter de autor y en grado consumado.
La intervención a dos teléfonos celulares atribuidos a Alan se produjo a mediados de 2017, mientras estaba detenido en el Irar por el homicidio de Eugenio “Pupi” Solaro, ocurrido el 1° de mayo de 2016 y considerado una venganza por el crimen de la madre de Alan, Mariela Miranda, dos meses antes. Las escuchas arrojaron sugerentes diálogos para establecer el rol de Alan dentro de la banda, que se develó “activo” –según describió la fiscal–, incluso estando preso en el Irar. Según la Fiscalía, todo en un contexto de disputa entre un bando asentado en Tablada y el Fonavi del Parque del Mercado contra otro ubicado en el barrio Municipal, cuyo liderazgo se atribuye al detenido Alexis Caminos. La pelea, por dominio territorial, viejas broncas, economías delictivas y la barra de Newell’s, dejó hasta ahora 37 víctimas fatales.
Un culto a los fierros
Chalecos antibalas, balas, pistolas de 16 mil pesos, ametralladoras, cargadores. En las escuchas que leyó la fiscal durante la audiencia se hizo referencia al arsenal atribuido al clan Funes. Tanta mención al armamento incluso llamó la atención del juez.
Paolicelli leyó extractos de escuchas. De ellas se desprende que Alan tenía un contacto fluido con su sindicado jefe, René Ungaro (detenido en el penal de Piñero por el homicidio del ex líder de la barra de Newell’s Roberto “Pimpi” Caminos), en pro de conseguir armas. En una de las conversaciones, la voz atribuida a Alan dijo que “René le va a pasar dos metras por cualquier cosa” al otro líder, su hermano Lamparita, leyó la fiscal. “Con la pistola de Alan ya se mandaron una banda de broncas”, dice una transcripción atribuida a Lamparita, quien recomendaba guardar el arma predilecta del imputado.
A Alan lo acusaron de amenazas y de abuso de armas. Para la Fiscalía, estos delitos fueron el prólogo del ataque que se cobró el 14 de enero último la vida de Marcela Alejandra Díaz, hermana de Ariel “Tuby” Segovia, aliado del bando del Municipal y ligado a la barra leprosa. Según la acusación, los ataques comenzaron el 10 de diciembre pasado. “Andate o te cago a tiros”, es la frase que le atribuyen haberle dicho a Díaz en la puerta de la casa de la mujer, en Doctor Riva 20 bis. El 29 de ese mes el apriete fue más violento: lo acusaron de tirotearle la vivienda mientras manejaba un Volkswagen Suran. Ese mismo día, en ese mismo lugar, a las 23, Milton R., de 18 años e hijo de Díaz, quedó parapléjico a causa de un ataque a balazos atribuido a Alan. Por este ataque le achacaron el delito de homicidio agravado en tentativa.
La imputación más grave para la pareja fue por el homicidio de la hermana de Tubi. El 14 de enero, seis días después de que Ulises Funes fuera ultimado en Villa La Lata, Marcela Díaz iba en una moto Honda Falcon negra con su pareja, Nahuel G., en las inmediaciones de pasaje Lejarza al 5600. Eran las 21.20 cuando desde un VW Suran una lluvia de balas les frenó el paso. Según la fiscal Pairola, Alan iba como acompañante y con una pistola 9 milímetros disparó sobre el muchacho, quien cayó malherido, pero sobrevivió por simular estar muerto. Díaz no tuvo suerte: murió acribillada de varios disparos. Para la Fiscalía, Jorgelina conducía el auto y se bajó para completar la faena: la remató a quemarropa. Cuando el sobreviviente habló con los investigadores les dijo que el autor del ataque había sido Alan Funes.
Cuando Alan cayó detenido el martes pasado junto con Chipi en un Fonavi de Callao al 3900, les secuestraron una pistola 9 milímetros. Estaba escondida detrás de un bidet. Los peritajes balísticos que cotejaron el arma con las vainas servidas en el lugar del asesinato de Díaz establecieron que fue usada en ese hecho, reveló la fiscal Pairola.
La defensa, a cargo de Juan Pablo Audisio, intentó contrarrestar la serie de acusaciones contra Alan aduciendo que las evidencias presentadas por la Fiscalía estaban viciadas. Audisio habló de “orfandad probatoria” y apuntó contra los testimonios de las víctimas que sindicaron a sus pupilos por los ataques. “Cuando no se puede atentar contra él, se lo busca culpar”, dijo en alusión a los testimonios de Nahuel G. y Milton R., sobrevivientes de brutales ataques a balazos. Aseguró que Alan y su familia fueron víctimas de sucesivos atentados en su casa, razón por la cual su cliente violó la restricción domiciliaria.
Luego de escuchar a las partes, el juez Héctor Núñez Cartelle aceptó el pedido de Fiscalía de prisión preventiva efectiva por 60 días. El magistrado respondió al argumento de la defensa: “No se puede concebir que (las víctimas de los ataques) sindiquen a un autor que no fue”. Otro argumento fue la expectativa de pena alta, lo que puede implicar un peligro de fuga, según entendió el magistrado; de hecho el joven estuvo en rebeldía desde que violó la domiciliaria por el caso Solaro en el fuero de menores.
Alan Funes “debía elegir otro camino”, consideró el juez. Jorgelina, en tanto, deberá amamantar a su beba en prisión, ya que Núñez Cartelle no hizo lugar al pedido del defensor de que quedara detenida en su casa. Ahora Alan esperará el juicio en el pabellón 16 de la cárcel de Piñero.
