El director de programas de Greenpeace Argentina, Diego Salas, aseguró este jueves que «las leyes ambientales continúan en peligro y los cambios propuestos atentan directamente contra el corazón de la legislación ambiental argentina» en el proyecto de Ley Bases, aún con las «modificaciones introducidas en relación con el texto original».
«Pese a algunas modificaciones introducidas en relación con el texto original, las leyes ambientales continúan en peligro y los cambios propuestos atentan directamente contra el corazón de la legislación ambiental argentina, que representa la protección de ecosistemas importantes de nuestro país como glaciares, bosques y humedales», dijo en un comunicado.
En ese sentido, Salas puntualizó que «las modificaciones introducidas a la Ley de Glaciares reducirán drásticamente la protección del ambiente periglacial», con lo cual estos recursos naturales «que son considerados un bien público, quedarán a merced de las actividades mineras e hidrocarburíferas».
«En el caso de la Ley de Quemas, la modificación sólo afecta el plazo de respuesta de las jurisdicciones en la autorización para quemas, que pasa de 30 a 90 días. Sin embargo, en caso de falta de respuesta de los gobiernos, las mismas quedan automáticamente habilitadas», señaló.
El activista advirtió que «esta decisión pone en serio riesgo a los humedales y pastizales, víctimas de los incendios año tras año, como los lamentables antecedentes en el Delta del Paraná o los Esteros del Iberá, que en 2022 perdió más de un millón de hectáreas».
«A su vez, son derogadas las modificaciones a la Ley de Manejo de Fuego introducidas en 2020, las cuales no permitían modificar la venta y destino de una zona incendiada por 60 años», dijo.
«Si bien gracias a la presión de la gente y de varias organizaciones sociales se logró el retroceso en la autorización de desmontes en bosques protegidos (Categorías I- rojo, y II- amarillo), se continúa desfinanciando la Ley de Bosques», agregó.
Y si bien con la citada modificación «el 80% de los bosques del país, alrededor de unas 50 millones de hectáreas, se salva de la posible legalización del desmonte», el recorte presupuestal «reducirá la capacidad de las provincias para el control a los desmontes ilegales e incendios forestales, y la promoción de actividades sustentables en bosques».
Por eso, desde la organización continuarán con la campaña «Salvá Las Leyes Ambientales» que Greenpeace impulsa junto a más de 30 ONGs y que reúne firmas de adhesión en la web www.salvalasleyesambientales.org que ya suscribieron 80 mil personas.
