Más de 2.000 millones de dólares. Esa sería a abril de 2015 la deuda que los vencedores del “juicio del siglo” entre los fondos buitre y la Argentina podrían reclamarle al país, según los criterios de Thomas Griesa.
A ese número se llega recurriendo al mecanismo de indexación que el juez de Nueva York impuso hasta ahora para calcular el número exacto del monto que se le debía pagar a NML Elliott, Olifant, Aurelius y compañía, partiendo de los 1.330 millones de dólares originales que el magistrado les reconoció a los fondos buitre, más los intereses, multas y punitorios que el juez toma en cuenta para medir el dinero final que el país debería pagar.
Según el fallo de Griesa de noviembre de 2012, mes a partir del cual comienza a medirse el monto final a pagar, la Argentina debería haber liquidado esos 1.330 millones de dólares cash, pero como el país se negó a realizar esta operación le aplica un particular criterio de intereses (dos puntos y medio porcentuales más que la media de rentabilidad de los bonos de los Estados Unidos), más un porcentaje indefinido previamente a título de multa por no haber permitido que los fondos buitre realicen negocios extra por utilizar ese dinero.
Según el reclamo original del fondo que maneja Paul Singer, la multa que debe tomarse tiene que ser similar al 7 por ciento anual de rentabilidad que deja su fondo, algo que Griesa rechazó de plano. Sin embargo, le reconoce unos dos puntos porcentuales más de interés por este capítulo, a lo que además le suma otro monto variable como punitorios.
Asimismo, la Argentina debe pagar las costas totales del juicio, más los honorarios atrasados al special master Daniel Pollack, calculando desde junio de 2014 en adelante.
Siguiendo este criterio indexatorio fue como se llegó, en agosto de 2014, cuando Griesa volvió a aplicar el “revalúo” del juicio luego del rechazo de la apelación de la Argentina, por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos, a llevar los 1.330 millones originales a unos 1.660 millones de dólares. Ahora, el monto superó los 2.000 millones de dólares y llegaría a los 2.500 dentro de un año si no hay acuerdo con los fondos buitre.
El problema del “taxi” indexatorio que aplica Griesa es que el mismo criterio debería ser tenido en cuenta por los “me too”, los tenedores de deuda que el juez invitó a sumarse al caso en su juzgado y que hasta marzo pasado estuvieron anotándose en el muy amplio registro abierto por Pollack en su bufete por pedido del magistrado de Nueva York. Según este listado, que los abogados que representan a la Argentina –el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H)– están revisando, la deuda reconocida sería de unos 5.400 millones de dólares, que, de aplicarse el mecanismo indexatorio de Griesa, podrían llegar o a los 6.000 millones o superar incluso los 7.000 millones de dólares, dependiendo del momento en que el juez aplique el comienzo del incremento de la deuda. Esto es, si los intereses se ejecutan desde marzo de este año (cuando se le reconoció el pasivo) o desde noviembre de 2012, cuando Griesa falló a favor de los acreedores.
El mes pasado, los abogados de CGS&H, Jonathan Blackman y Carmine Bocuzzi, le pidieron a Griesa, a través de un escrito formal, que “trace una línea” y rechace la ola de reclamos de “me too” y que limite la aplicación de intereses, multas y punitorios. En el escrito, los abogados habían dicho que la Argentina “ha sido inundada con reclamos” de holdouts, los bonistas que no participaron de los canjes en 2005 y en 2010, que quieren cobrar el ciento por ciento del capital e intereses de sus bonos en default” y que “sería imposible para la república efectuar dichos pagos a todos los holdouts, que en conjunto poseen reclamos por más de 15.000 millones de dólares”. El nombre del escrito resumía la situación: “Las compuertas se han abierto”, graficaba la Argentina.
