Un día después de la veintena de allanamientos que volvió a poner en la mira el aporte policial a la banda mixta cuyo liderazgo se atribuye a Esteban Lindor Alvarado, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra explicaron en la audiencia imputativa presidida por la jueza María Melania Carrara que, luego de analizar las pruebas recolectadas, resolvieron ampliar la acusación contra algunos de los ya encausados por asociación ilícita. Entre ellos, el propio Alvarado, su hombre de confianza Jorge Benegas, sindicado como organizador de la banda, y Nadia Toledo, apuntada como prestanombres. Además imputó como miembros de la organización y por lavado de dinero a algunos jefes policiales vinculados con reparticiones especialmente dedicadas a la persecución del tráfico de estupefacientes. El histórico abogado de Alvarado, Claudio Tavella, fue sindicado como el hombre que usufructuaba su profesión en favor de la banda. La discusión sobre la medida cautelar pasó a un cuarto intermedio hasta este sábado.
La Fiscalía había imputado, en abril pasado, a Alvarado como jefe de una asociación ilícita que funcionó desde septiembre de 2018 hasta abril de 2019. Ahora, los fiscales ampliaron esa acusación no sólo en lo temporal, ya que indicaron que la organización actuó al menos desde el 16 de junio de 2012 hasta el 18 de octubre pasado, sino también en lo referente a las personas, ya que se sumaron los detenidos en los allanamientos de anteayer, entre los que se encuentran cuatro policías provinciales de alto rango.
Para Edery y Schiappa Pietra la asociación liderada por Alvarado estaba integrada por Benegas, dueño de una empresa de transporte y ya imputado, quien era la persona de confianza dedicada a hacer cumplir las directivas que daba el jefe. El rol atribuido a mediados de año para Benegas fue la de integrante.
Los fiscales le ampliaron la acusación a Benegas y lo sindicaron como organizador de la asociación ilícita liderada por Alvarado desde junio de 2012, dos meses antes de ser detenido en la causa bonaerense conocida como Banda de los Rosarinos, por la cual este último purgó la mayor parte de una condena a seis años y medio de cárcel como jefe de una banda dedicada al robo de autos en ese territorio para su posterior desguace y duplicación de la numeración (autos mellizos) en Rosario.
Para la Fiscalía, Benegas tuvo conductas que sirvieron para organizar la empresa criminal. La acusación le atribuyó a Benegas establecer relaciones y contactos fluidos con personal policial para que les brindaran cobertura a los integrantes de la banda y compartir con ellos negocios lícitos e ilícitos de diversa índole.
Además, Benegas fue sindicado de disponer de dinero en efectivo y otros bienes de la organización, prestar su nombre para dar apariencia de licitud de bienes muebles e inmuebles de la asociación y a la transmisión de los mismos entre sus miembros, disponer de ellos en operaciones inmobiliarias con fines no lícitos, colaborar con el accionar violento de los miembros de la asociación para evitar su aprehensión o detención, gestionar con Alvarado el cuidado, venta y disposición de caballos de carrera.
En este último punto, Edery y Schiappa Pietra describieron que junto con el subcomisario Luis Quevertoque, Benegas era titular del caballo de carrera Cascarudo, perteneciente a la caballeriza L.Q., y cuyo certificado de carreras registra como propietario.
Como organizador, Benegas también mantenía al tanto a su jefe del funcionamiento de la empresa Logística Santino y denunciaba el robo de diversos rodados, sin perjuicio de continuar utilizándolos o colocándolos posteriormente en el mercado negro para así defraudar a las empresas de aseguradoras con el objetivo de cobrar las pólizas y conseguir liquidez.
El letrado
Al histórico abogado de Alvarado, Claudio Tavella, la Fiscalía lo sindicó como miembro de una banda criminal de esta envergadura. Es la primera vez que en el fuero provincial un penalista es investigado como un profesional que utiliza su título de abogado para beneficio de una organización delictiva. Si bien hubo algún intento durante la pesquisa provincial contra la banda de Los Monos, donde la descabezada y cuestionada División Judiciales hizo un organigrama en el que incluyó a un abogado –nunca prosperó esta hipótesis–, esta vez los fiscales pidieron su detención y lo llevaron al banquillo de los acusados, a donde llegó como el resto, con chaleco antibalas.
Edery y Schiappa Pietra le imputaron a Tavella ser miembro de la asociación ilícita y por el delito de encubrimiento agravado por ser un delito especialmente grave. Para los fiscales usufructuaba ilegalmente el título y cargo de abogado para acceder a información y manipular bienes y recursos, todo en pro de la obtención de beneficios lícitos e ilícitos para la asociación ilícita.
En este marco describieron algunas conductas que para la acusación “excedieron” el ejercicio de defensa de su cliente. Para los fiscales, Tavella conocía el funcionamiento de la banda y prestó servicios de asesoramiento y apoyo para su continuación, funcionando como “soporte estable de la estructura criminal”; describieron que sus aportes sirvieron para concretar hechos lícitos e ilícitos de la organización para situaciones pasadas y futuras.
Contaron los fiscales que, a su entender, Tavella le brindaba información a Alvarado y a otros miembros de la banda – en la imputación anterior la Fiscalía dijo que Benegas tenía contactos con los abogados de Alvarado– cuando su cliente estaba preso por el caso de la Banda de los Rosarinos. Usaba bienes que proveía la banda en forma lícita o ilícita, dice la acusación, que también lo señala como la persona que ofreció plata al personal policial de la DDI de San Isidro, por disposición de Alvarado, para frustrar un procedimiento que tuvo lugar en Rosario en agosto de 2012, cuando fue detenido.
También cuando fuerzas policiales estaban trabajando en ubicar a Alvarado, luego del pedido de detención emitido un año atrás por el crimen del prestamista Lucio Maldonado –está acusado de instigarlo– y como ejemplo citaron el caso del policía Pablo Báncora, detenido e investigado en esta causa.
La Fiscalía también le achacó a Tavella haber intercedido a pedido de Benegas para dejar una constancia de identidad falsa de Jorge Laferrara, un ex convicto por narcotráfico enfrentado con la banda de Los Monos y padre de un sindicado sicario de Alvarado. Según la acusación, en ese momento este hombre estaba prófugo cuando llegó herido al Heca en agosto de 2014 tras haber sido atacado a balazos, y ofreció dinero incluso al personal del hospital para que su condición de fugitivo no trascendiera.
También Tavella, dicen los fiscales, se prestó a la maniobra que ordenó e ideó Alvarado para desvincularse del crimen de Maldonado, al intentar desviar la investigación contra integrantes de Los Monos, “sugiriéndole a Schiappa Pietra que en teléfonos que habían sido secuestrados en un allanamiento había información que desvinculaba a Esteban Alvarado”.
La casa de Roldán
La propiedad de calle Misiones al 800 de Roldán era de un testigo protegido en la causa por asociación ilícita y homicidio contra Alvarado, contaron los fiscales. La acusación dijo que Alvarado, en febrero de 2012, amenazó al testigo para que entregara la propiedad junto con Gustavo Ramos, hermano de Alvarado, y Darío Fernández.
La mujer que figuraba como titular de esta propiedad fue obligada a suscribir un boleto de compraventa en un bar frente a Tribunales, en calle Moreno, en presencia del abogado Tavella y Alvarado, dijeron los fiscales. Figuraba como comprador Ramos; la propiedad se escrituró en 2012 a nombre de Nadia Toledo.
Luego, en 2015, Toledo y su pareja, Ricardo Ianni (encausado en el caso por transporte de marihuana por el cual Alvarado iba a ser indagado el último jueves, en una audiencia que se postergó), crearon la firma Toia SRL y cuatro meses más tarde la casa de calle Misiones pasó a nombre de la empresa como un aporte de capital. Por este hecho le ampliaron la indagatoria a Nadia Toledo como integrante de la asociación ilícita, falsificación ideológica de instrumento público, lavado de activos agravado.
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