El diputado provincial y secretario general de la CGT Santa Fe, Alberto Cejas, enviará la próxima semana un proyecto de ley a la Legislatura para que las empresas aceiteras y cerealeras que operan en la provincia paguen el impuesto a los ingresos brutos. Mientras tanto, se mantiene la medida de fuerza impulsada por la CGT San Lorenzo, de interrumpir la entrada a los puertos del cordón industrial en reclamo de un piso salarial de 5 mil pesos para todos los trabajadores que realicen tareas productivas en las plantas de las agroexportadoras, equiparando los haberes con los obreros aceiteros.
Por medio de un comunicado de prensa, Cejas planteó que las empresas cerealeras “están injustamente eximidas” de pagar el tributo provincial y que ni siquiera “cumplen con las leyes laborales”. El dirigente indicó que hay una “falta de compromiso de las empresas con la sociedad santafesina, que con sus impuestos les ha financiado las inversiones necesarias en servicios e infraestructura para que puedan instalarse y funcionar sin problemas”.
Para el legislador, “a pesar de que el sector empresario haya recibido todo a su favor, a la hora de realizar su aporte no lo hacen”, por lo tanto el Estado santafesino no debería seguir “beneficiándolos con este tipo de exención”.
“Facturan 20 mil millones de dólares por año y no pagan un peso de impuestos provinciales. La única obligación que tienen es cumplir con lo que dicen las leyes laborales vigentes y ni siquiera eso hacen”, puntualizó.
De esta manera, Cejas aprovechó para pedirle al gobierno de Hermes Binner que “no se desentienda del problema ya que éste no sólo se desarrolla en el territorio santafesino sino que además las empresas también incumplen las normas sobre higiene y seguridad laboral”.
Por su parte, Alberto Rodríguez, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), reclamó ayer que los ministerios de Trabajo de la Nación y la provincia “dicten las medidas que correspondan para terminar con esta situación de piquetes, y así poder volver inmediatamente a la actividad”.
En declaraciones radiales, Rodríguez pidió por la pronta resolución del conflicto porque hay “más de treinta barcos que están esperando para cargar y las plantas están paralizadas desde el miércoles” pasado.
De todas maneras, planteó que desde el empresariado no se piensa ceder al pedido de la central obrera de San Lorenzo: “Obviamente esa pretensión no es aceptada por nuestra parte, porque la CGT no discute salarios y porque la ley de convenciones colectivas establece que cada sindicato tiene que discutir salarios con los empresarios de su rama de actividad”.