La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamará ante la Cámara Federal porteña que se le amplíen las indagatorias a los acusados por el intento de magnicidio a partir de los mensajes hallados en el celular de Gabriel Carrizo quien, a criterio de esa parte, deberá ser sindicado como coautor del hecho y ya no como partícipe secundario, informaron este martes fuentes del caso.
Los abogados de la querella José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal llegaron ante el tribunal de apelaciones luego de que la jueza María Eugenia Capuchetti rechazara el planteo que le formularon hace una semana pero les concediera la vía de la apelación para que pudieran discutirlo en la instancia superior, como pasó con otro planteos.
«Ante la revelación de nuevas comunicaciones extraídas del celular de Gabriel Carrizo, solicitamos que se amplíe su declaración indagatoria y que, al procesarlo, se lo sindique como coautor y no como partícipe secundario», reclamaron los abogados querellantes en referencia al dueño de la maquina de hacer copos de nieve para el que supuestamente trabajaban Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, procesados como coautores.
«A su vez, dado el contenido de los mismos mensajes, sumados a extracciones realizadas del celular de Sabag Montiel, solicitamos que se indague a Brenda Uliarte, a Fernando Sabag Montiel y a Gabriel Carrizo por la plataforma fáctica recabada hasta el momento que, además de revelarlos como coautores del delito de homicidio, muestran que operaban como una asociación ilícita», indicaron los letrados.
Los mensajes de Whatsapp, extraídos del teléfono celular del detenido y procesado Carrizo, motivaron la semana pasa una presentación de la querella en la que se señaló que el ataque del que fue víctima la exmandataria «no estaba destinado exclusivamente a matar a la vicepresidenta» sino también a «desestabilizar el sistema político y constitucional en general».
«Mi amigo intentó matar a Cristina», «Es un golpe que le dimos al gobierno» y «Esto se va a poner peor», son algunos de los mensajes que Carrizo le envió el 2 de septiembre a una persona de su confianza, cerca de las 7.40, según surge de la presentación de la querella a la que accedió Télam.
En la apelación para llegar a la Cámara Federal, los abogados sostuvieron que basta con exponer el contenido de esos mensajes para notar que «el ataque estaba planificado cuidadosamente, que los atentados no se dirigirían solo contra la Vicepresidenta y que el involucramiento de Gabriel Carrizo era el de alguien que tenía competencia interna en la decisión del hecho, requisito que toda la doctrina contemporánea marca como fundamento de la coautoría».
«Al momento del procesamiento, como vimos, los mensajes atribuidos a Carrizo eran muchos menos. Cierto es que algunos ya daban la pauta de una posible coautoría, pero esta querella siempre fue respetuosa del derecho vigente y no busca ir más allá de lo que surja de la prueba. Por eso, consentimos tanto la decisión de la jueza como la de V.E., que lo procesaron como cómplice secundario. Dicho esto, lo cierto es que el nuevo cúmulo de mensajes, sumado a los ya imputados, imponen procesar a Carrizo no como cómplice sino como coautor», continuaron.
«Para empezar, el plural utilizado al hablar con ´Kevin Bargas 2´ («Recién intentamos matar a Cristina» y «No sabés que hicimos con esto») muestra su rol en la planificación y decisión al hecho. Lo mismo sucede con su referencia a que a que intentaron matar a Cristina Fernández para que el gobierno supiera ´con quienes se está metiendo´», señalaron los abogados de la querella en el escrito al que accedió Télam.
«Frases como ´no tenés idea del grupo que formé´ o ´El trabajo si se dan las cosas bien lo voy a terminar yo´ muestran una preparación conjunta. Del mismo modo, dichos tales como ´No le dio recarga´, ´Es un boludo´ prueban su detallado conocimiento del plan y de lo sucedido. Todo esto, como vimos, hace que se cumplan los requisitos para procesar a Carrizo como coautor», continuaron.
Paralelamente, señalaron que «el contenido de otros mensajes hace necesario aplicarle tanto a él como a Sabag Montiel, Uliarte y otras personas cuya intervención surja de la investigación, el agravante previsto en el artículo 41 quinquies del Código Penal», en referencia a la figura que eleva la escala penal de los delitos cometidos para aterrorizar a la población.
Ocurre que en los mensajes detectados en el celular de Carrizo se había referencia a que el ataque contra la Vicepresidenta tenía por objetivo «que sepan con quien se están metiendo» y «obligar al señor presidente a que renuncie»; a la vez que se había referencia a que «si bajan a Cristina, bajan a la Cámpora, y con esto le damos un golpe terrible al gobierno».
«Con su boicot a ampliar las indagatorias, la jueza veda la posibilidad de que la elevación a juicio abarque los hechos que tiene que abarcar y sea calificada como tiene que serlo. Es que los mensajes son, obviamente, hechos. Y, como tales, deben imputarse a través de una declaración indagatoria. De esta forma, no hay ninguna otra oportunidad para esta abrir la vía para las calificaciones correctas que no sea la ampliación de indagatoria durante la instrucción», concluyeron los abogados de la querella.
