La Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario emitió este jueves un comunicado en el que piden a los legisladores provinciales que no voten la adhesión de Santa Fe a la nueva ley nacional de riesgos del trabajo (ley de ART), sancionada en 2017 por el Congreso Nacional.
El proyecto está en la agenda del Senado provincial que tenía previsto sesionar este jueves. Por falta de acuerdos mínimos entre oficialismo y oposición, la sesión se pospuso para la próxima semana.
Los abogados laboralistas rechazan la reforma porque entienden que se pretende “obligar a quienes trabajan en el territorio provincial y sufran un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, a tener que transitar previamente por las comisiones médicas jurisdiccionales dependientes de un organismo nacional, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, prohibiéndoles optar libremente por ir directamente a la Justicia del Trabajo, cuando lo consideren más conveniente a sus derechos”.
El proyecto establece que las resoluciones de las comisiones médicas que no sean cuestionadas por el trabajador afectado quedarán firmes y ya no podrán ser modificadas. Si el trabajador no queda conforme con el dictamen de la comisión, deberá presentar un recurso ante el Juzgado Laboral competente dentro del término de 60 días hábiles judiciales, computados desde la notificación de la resolución de la comisión médica; si no se presenta la demanda dentro de ese plazo, no podrá ya discutir lo decidido por la comisión.
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Para la Asociación de Abogados Laboralistas, eso viola el derecho de los trabajadores a obtener una indemnización justa: “Esta grosera restricción temporal para demandar ante la Justicia del Trabajo que contiene el proyecto de ley de adhesión afecta indebidamente el derecho del trabajador a demandar judicialmente por sus derechos, cuando ese plazo actualmente es de dos años, pero en la provincia de Santa Fe se lo pretende reducir drásticamente”.
“El trámite previo ante las comisiones médicas que se pretende instaurar obligatoriamente con este proyecto de ley puede llegar a extenderse varios meses, buscando con ello generar en las víctimas un efecto de agotamiento, como otra manera de forzar la aceptación de las indemnizaciones insuficientes e injustas que pudiesen llegar a ofrecerle las ART a los trabajadores afectados por accidentes y enfermedades laborales”, agregaron los abogados.
Además, criticaron que desde los sectores empresariales y desde el gobierno provincial y nacional “se pone el foco estadístico en la litigiosidad y en otros aspectos económicos del sistema, pero se silencian toda una serie de datos (que siquiera se miden y publicitan) que resultan absolutamente necesarios para poder prevenir eficazmente los accidentes y las enfermedades laborales”.
“Se hacen relevamientos meramente cuantitativos, no análisis cualitativos. Es que la tan publicitada necesidad de reducir la litigiosidad (que con la adhesión provincial supuestamente se lograría), claramente no es en sí misma un bien socialmente relevante, ni se compadece con un estándar de Justicia, ni de buen funcionamiento de las instituciones del Estado, ni con el respeto de las garantías constitucionales, si esa reducción no es consecuencia de que los problemas de base (las causas) que explican la recurrencia al litigio laboral han sido evitados o resueltos previamente de manera justa. De lo que se trata es de reducir la siniestralidad y a eso no apunta este cuestionable proyecto de adhesión”, sigue el comunicado.
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“El gobierno provincial debería preocuparse de la efectiva implantación y funcionamiento en todos los establecimientos de trabajo santafesinos privados y públicos de los Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo (previstos en la Ley 12.913) y en terminar con la situación de colapso de la Justicia del Trabajo, particularmente notoria en los Juzgados Laborales rosarinos, en lugar de imponerles a los trabajadores un tránsito previo por unas comisiones médicas que han demostrado durante todos estos años estar más del lado de las ART que de las víctimas”.
Por último, los abogados denuncian que detrás del proyecto la verdadera intención es “limitar el derecho de los trabajadores a obtener el cobro de una justa reparación (indemnización) por la incapacidad resultante de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral, por lo cual instamos a los legisladores santafesinos a votar por su íntegro rechazo”.
