La provincia no podrá afrontar la deuda que mantiene con las empresas contratistas de obra pública sin contar con una ley de emergencia que le permita al gobierno reasignar partidas y acelerar los procesos burocráticos.
Así lo confirmó este viernes la ministra de Infraestructura Silvina Frana en un encuentro que mantuvo con empresarios de la Cámara Argentina de la Construcción delegación Santa Fe. El gobierno reconoce, en ese concepto, una que supera los 3500 millones de pesos.
A fines de 2019, la Legislatura rechazó un paquete de ocho declaraciones de emergencia –entre ellas, en materia económica– con el argumento esgrimido desde la bancada mayoritaria del Frente Progresista en la Cámara de Diputados de que “no están dadas las condiciones que justifiquen la emergencia”.
Una semana más tarde, el 6 de enero, la ministra Frana informó que solamente en el área de Infraestructura y Servicios Públicos el pasivo heredado era de 8000 millones de pesos, de los cuales 3500 millones corresponden a certificados de obras adeudados durante el segundo semestre del año pasado.
Este viernes, la funcionaria se volvió a reunir con integrantes de la Cámara Argentina de la Construcción y les planteó el panorama. Según señaló el empresario Roberto Pilatti, integrante de la cámara, la respuesta que recibieron por parte de Frana fue clara: “Sin ley de emergencia, no nos pueden dar ninguna respuesta sobre el pago de la deuda”.
Pilatti señaló que la entidad no tiene una posición tomada sobre la declaración de emergencia: “No fuimos a apoyar la ley de emergencia”, aclaró el empresario. “El objetivo era ver cómo nos pagan los certificados de obra de parte de julio y desde agosto en adelante. La ministra y sus funcionarios ratificaron que necesitan la ley de emergencia. No tienen otra forma de darnos una propuesta de pago sin esa ley”.
En el presupuesto 2020 está previsto el endeudamiento a corto plazo, un mecanismo que según la Cámara de la Construcción podría solucionar, al menos en parte, el problema de la deuda. Pero el gobierno no irá por esa vía. “Hasta dentro de dos o tres mes, si no hay ley de emergencia, no tendrán un panorama concreto para darnos una propuesta de pago”, señaló Pilatti.
“El objetivo del gobierno es consolidar esta deuda y ver cómo se paga. Y a finales de enero o principios de febrero, el gobierno tiene el compromiso de pagar los certificados de obra de noviembre”, anticipó el empresario.
A principios de enero, Frana reconoció que el pasivo de su Ministerio es de más de 8000 millones de pesos, entre certificados de obra pública y deudas de la EPE, Aguas Santafesinas, Vivienda y Vialidad.
“Queremos que los contratistas del Estado tengan en claro cuál es la situación actual, para interpretar por qué planteamos en la Legislatura una ley de emergencia que pretende generar un marco legal para hacer los aportes necesarios y resolver esta situación que no empezó hace menos de un mes, con la gestión del gobernador Omar Perotti, sino hace mucho tiempo”, sostuvo en aquel momento la ministra de Infraestructura de Santa Fe.
