Un conjunto de organizaciones ambientalistas, entre las que figura el Taller Ecologista de Rosario, presentaron esta semana ante la Legislatura entrerriana un proyecto que busca impedir el avance de endicamientos ilegales y el desmonte de bosques nativos en las islas de esa provincia, hasta tanto se cumpla con el ordenamiento territorial necesario para preservar el ecosistema estratégico del Delta del Paraná.
Se trata de un conjunto de organizaciones ambientales nucleadas en la Red Delta del Paraná, que presentaron a través de Fundación Mbiguá un proyecto para declarar “la emergencia ambiental de la sustentabilidad ecológica, social y productiva del sistema de humedales y selva en galería de la provincia de Entre Ríos, de conformidad a las competencias y derechos dispuestos en los artículos 41, 43 y 124 de la Constitución Nacional, y 83 a 86 de la Constitución de Entre Ríos”.
Protección
La iniciativa, dirigida particularmente a la Comisión de Tierras y Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, fue presentada ayer “a raíz de los últimos acontecimientos en el delta y de los retrasos de la provincia de Entre Ríos en dar cumplimiento a su Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo”, con el propósito de impulsar y retomar “el proceso de ordenamiento territorial, acompañar el Plan Estratégico Ambiental y volver a instalar la necesidad de contar con normas claras para el delta”, señala la nota que acompaña al proyecto, firmada por las organizaciones que integran la Red Delta: Fundación M’Biguá (Paraná), Taller Ecologista (Rosario), Centro Ecologista Renacer (Villa Constitución), Ala Plástica (La Plata) y Fundación Oga (San Nicolás).
A finales de julio, un equipo formado por miembros de Taller Ecologista y Asociación Ecologista Renacer, comprobó el avance de la agricultura industrial y la reconstrucción de terraplenes ilegales en las islas de Victoria, en Entre Ríos, particularmente frente a Villa Constitución, situación que viene siendo denunciada por pobladores y ambientalistas desde 2008 a causa del severo impacto que supone para el ecosistema, y por violar las normativas vigentes. Los ambientalistas pudieron constatar en el lugar que la empresa holandesa Bema Agri, propietaria de un predio de casi 10.000 hectáreas en las islas entrerrianas frente a Santa Fe, ha reconstruido un terraplén para avanzar con el cultivo de soja, trigo y colza en parte de sus tierras, en las que se confirmó la utilización de glifosato.
Por otra parte, el movimiento de ciudadanos autoconvocados El Paraná No Se Toca alertó en forma reciente sobre el cierre del arroyo Los Meoncitos, frente a la localidad santafesina San Lorenzo, mediante el uso de palas mecánicas y retroexcavadoras, para poder destinar tierras a la actividad agropecuaria, así como denunciaron anteriormente el avance de otros terraplenes ilegales de distinto tamaño, cerca de Rosario, con los que los productores ganaderos alteran los cursos de agua a su antojo.
A principios de este mes, el mismo secretario de Medioambiente de la provincia, Fernando Raffo, reconoció la existencia de al menos seis o siete terraplenes más además de los denunciados.
