Rosario vive un espiral de violencia desde hace varios años. Los asesinatos, en su mayoría adolescentes y jóvenes de menos de 30 años, siguen siendo moneda corriente, y los efectivos de la Unidad Regional II se encuentran en el ojo de la tormenta ante permanentes acusaciones de corrupción y abuso de poder. Ante esto, diferentes organizaciones sociales formaron la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, en busca de elaborar una propuesta diferente para abordar problemática.
Ante esta problemática, los miembros de la Asamblea convocaron a una nueva reunión, que tendrá lugar hoy a las 19 en la sede de la Asociación Trabajadores del Estado (San Lorenzo 1879).
La última reunión se llevó adelante en la Asociación Trabajadores del Estado. Allí, integrantes de diferentes organizaciones barriales y sociales se congregaron a problematizar y elaborar posturas comunes sobre una temática específica: la enorme cantidad de jóvenes muertos en las zonas periféricas de la ciudad y la creciente represión policial a la que se ven expuestos.
De acuerdo a los miembros de la Asamblea, buscaron “analizar este presente, sentar una postura colectiva y denunciar las decisiones políticas del Estado en sus tres niveles que hoy desembocan en esta realidad”; entendiendo que el accionar de las autoridades provinciales no son causales ni producto de falencias, sino que forman parte de una decisión de criminalizar la pobreza, dejando de lado a los sectores populares, principalmente a los jóvenes “de los barrios pobres. “Hoy se prioriza más la propiedad que los derechos humanos”, señaló a El Ciudadano un vocero de la organización.
A modo explicativo, los organizadores de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud señalaron que “los agentes de seguridad cuentan con cantidad de recursos para su accionar: salarios elevados, vivienda y estabilidad laboral (posibilitada por la mencionada emergencia en seguridad que garantiza la incorporación de 4.000 efectivos en planta permanente); en contraste con la situación de los trabajadores estatales de las áreas encargadas de garantizar los derechos básicos de la población, caracterizada por la precarización, la inestabilidad laboral y la terciarización de servicios”.
