La bajante prolongada y extraordinaria del río Paraná amenaza la reproducción de especies ictícolas y facilita la pesca depredatoria. Es un círculo vicioso en medio del cual la veda de captura en jurisdicción de Santa Fe dispuesta por la Justicia desató un conflicto con pescadores que esconde problemas viejos y de fondo: un modelo extractivo insustentable, la falta de regulaciones nacional y provinciales de la actividad, ausencia en el control de cumplimiento de las normas vigentes y frigoríficos exportadores que, asentados mayormente en Entre Ríos y Santa Fe, presionan sobre el recurso induciendo la sobreexplotación.
En la superficie, el tema ascendió a la agenda periodística local por una decisión del juez en lo Civil y Comercial de la 11° Nominación de Rosario, Luciano Carbajo. El magistrado aceptó una medida cautelar solicitada por las organizaciones El Paraná No Se Toca e Identidad Ambiental y declaró la veda de pesca deportiva y comercial en todo el cauce del río Paraná bajo jurisdicción santafesina hasta el 31 de marzo próximo.
La reacción fue dura y encabezada por la Asociación Civil de Pescadores. Cortaron rutas en el puente Rosario-Victoria, en la capital provincial y en las localidades de Puerto Gaboto y Maciel. Esas medidas de fuerza se mantienen, aunque con levantamientos periódicos de 20 minutos para descomprimir el atasco de vehículos.
El siguiente capítulo correspondió al gobierno de Santa Fe, que este martes apeló «con efecto suspensivo» la medida judicial: la calificó de «irracional», «ilegítima» y una «intromisión» a la potestad del Ejecutivo para diseñar políticas de administración de los recursos hídricos. En ese pedido de intervención de la Cámara de Feria para suspender la veda de inmediato, la gestión provincial agrega que el fallo divide al Paraná en dos al imponer la restricción en Santa Fe y no en Entre Ríos. Y reprocha que, sin previa negociación con el poder político, fija una prohibición que tiene un alto costo social, ya que afecta el sustento de más de 4.000 familias de trabajadores del río.
La gestión provincial, con el conflicto desatado y los debates abiertos, presentó en paralelo a Fiscalía de Estado una propuesta de veda acotada. “Habilitar la pesca comercial durante tres días por semana, ampliando así los días de prohibición a los ya establecidos por la ley 12.703”, resumió la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet. Y “permitir la pesca deportiva exclusivamente con devolución obligatoria de toda especie”, en arreglo al artículo 28 de la ley 12.212.
La ley 12.703, aprobada en 2007, establecía en su primer artículo la prohibición de «la captura de toda especie de peces de río durante los meses de noviembre, diciembre y enero de cada año». Y la 12.212, sancionada cuatro años antes, regula «la captura, cría y/o cultivo de los recursos pesqueros; la investigación y capacitación; la comercialización e industrialización; la fiscalización de la producción pesquera en sus etapas de captura, recolección, desembarco, transporte, elaboración, depósito y comercio; y el registro de embarcaciones, transportes terrestres, establecimientos, productos, subproductos y derivados de la pesca», en jurisdicción santafesina.
Las dos normas, en conjunto, procuraban poner coto a una situación que ponía en riesgo el equilibrio y la supervivencia de la fauna, todavía en el marco de las consecuencias de la crisis económica y social de 2001-2002.
La disputa por las medidas para preservar el recurso, finalmente, desembocó de lleno en Tribunales, además de en la calle con los cortes de ruta. El fiscal de Cámara, Guillermo Corbella, dictaminó este jueves que la veda total no es razonable y recomendó darle a la provincia un plazo de 45 días para que convoque a una audiencia pública, fije un cupo máximo de captura y establezca una veda parcial. Pero la medida fue revisada. Y la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial en feria de los Tribunales de Rosario revocó parcialmente el fallo de primera instancia y dispuso dejar sin efecto la veda de pesca deportiva, permitiéndola pero con devolución obligatoria, y morigerar la pesca comercial limitando la veda en este caso a los días martes, viernes, sábados, domingos y feriados.
Un caudal de razones para preocuparse
En un nuevo escenario extraordinario por otras causas, el cruce de intereses, desigualdades crecientes y riesgo ambiental agudizado, la crisis se hizo otra vez presente, pero sin la mirada en todos los actores ni el contexto de emergencia ecológica en el río que desde hace tiempo ponen en foco los especialistas.
“Aún no hay perspectivas ciertas de recuperación del caudal del río para la primera parte de 2021, lo cual posiciona al recurso íctico en extrema vulnerabilidad”, alertó poco tiempo atrás el doctor Juan Pablo Roux, director del Instituto de Ictiología del Nordeste (Inicne) con sede en Corrientes. Agregó que estudios realizados en el Paraná durante 2020 detectaron, a la par, evidencias de estrés por el déficit hídrico y déficit de alimento primario para toda la cadena trófica.
Las temporadas 2017-2018 y 2016-2017 fueron las últimas en la que se registró un “desove mediano y algo de reproducción”, con condiciones hídricas favorables y reclutamiento de una nueva población de peces gracias a que las larvas fueron a alojarse al valle aluvial durante su primer año de vida. Es la descripción de un proceso que lleva tres años y no se aborda sino parcialmente en coyunturas explosivas como la actual.
«Hay que mirar la película, no la foto. Entre 1901 y 1970 hubo ocho períodos de bajantes extraordinarias. Desde entonces hasta 2018 fueron menores. Y a lo largo de 2019 y 2020 se encendió la alerta sobre una vuelta a la tendencia de descensos extremos. Pero la cantidad de usuarios del río para pesca deportiva y comercial es hoy mucho más amplia que hace 100 o 50 años. Lo mismo la contaminación, las acciones antrópicas y la navegación. La responsabilidad es mucho mayor: tenemos que prevenir y gestionar un recurso íctico sustentable en lo ambiental, lo económico, lo social y las reglamentaciones», describió Roux la complejidad y el carácter estratégico de una mirada deseable.
El inicio no es de ahora
El colectivo ambiental El Paraná no se Toca expuso sus argumentos frente a las críticas por el amparo que originó la declaración judicial de la veda. En parte, son coincidentes con lo dicho por el especialista. «El modelo actual de extracción y comercialización de peces del río Paraná es insostenible. Eso lo sabe mucha gente desde hace muchos años. Un modelo cuyos defectos se pusieron debajo de la alfombra sistemáticamente por parte de todos los actores de la cadena exceptuando algunas voces aisladas que se animaban a hablar sin éxito del asunto», publicó la organización en su cuenta de Facebook.
Cambio de escenario a mediados de los 90
Un repaso del nacimiento de este modelo figura en la tesis de maestría en Sistemas Ambientales Humanos del ingeniero agrónomo Jeremías Müller, dirigida por el ex subsecretario de Recursos Naturales de Santa Fe Ricardo Biasatti: «Las comunidades de pescadores artesanales que históricamente habitaron la región ribereña y el sistema de islas y delta de la baja cuenca del Paraná han utilizado al sábalo como fuente de alimento y con distintas lógicas de apropiación con fines comerciales sin ejercer significativas presiones de pesca», describe un escenario ya inexistente.
Y completa: «A partir de los años 90, promoviendo potenciales negocios con el pescado de río, se establecieron empresas exportadoras de pescado congelado que indujeron la transformación del histórico modelo de pesca artesanal de subsistencia en uno comercial que desde entonces ha ejercido una elevada presión sobre el recurso natural, poniendo en tensión la sustentabilidad del sistema».
El tamaño poco importa
Las ventas externas de pescado se hacen en piezas congeladas. Como una buena parte de ellas no está destinada al consumo directo sino a la producción de harina o aceites (en el extranjero, donde se agrega valor), el tamaño del ejemplar no es crucial, por lo que los frigoríficos aceptan de menor tamaño al que marcan las normas. En la otra punta, la necesidad económica induce en muchos trabajadores de río una causa común para violar las especificaciones, poniendo en riesgo la sostenibilidad del recurso.
Aguas oscuras
El negocio en su totalidad es opaco. No hay más de 14 o 16 frigoríficos o acopiadores que destinan tres cuartas partes de la producción al mercado externo y se quedan con jugosas ganancias en dólares por las ventas. La concentración de ese segmento contrasta con la dispersión de los miles de proveedores: los pescadores de baja escala. Esa diferencia es también la del poder de negociación de los precios entre las partes.
No hay claridad sobre la propiedad y cantidad de los frigoríficos, y las representaciones gremiales de los pescadores son difusas, cambiantes, en general sin respaldos de personerías jurídicas. En ese marco, una negociación de precios como la que se da en otras cadenas de valor es imposible. La consecuencia son los estallidos como el presente, que se repiten sin que el tema de fondo sea abordado.
Sin institucionalización de las partes, los conflictos muchas veces éstos se resuelven por otros cauces, incluso al interior de las partes. Es lo que ocurrió hace poco más de dos años, el 21 de diciembre de 2018: ese día, y después de reunirse con la presidenta comunal de Puerto Gaboto para reclamarle sin éxito un subsidio al sector, el entonces secretario general del gremio de los pescadores, Juan Carlos Billarreal, fue asesinado de dos disparos por uno de sus representados. Fue tras una discusión y forcejeo en la plaza de la localidad, en la que permanecía reunido un grupo de trabajadores del río a la espera de novedades.
Ganadores y perdedores
El Parana no se Toca separó aguas en su explicación. «Por supuesto, y como siempre, hay beneficiados de este status quo. Y perjudicados. En el primer grupo, el negocio de exportación que transforma bienes naturales en dólares (commodities), privatiza ganancias y en los escasos momentos de veda socializa las pérdidas», señala.
El negocio de la exportación de peces de agua dulce muestra, con algunos altibajos, una tendencia creciente. En 2019, según datos del Indec informados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se exportaron 25.485 toneladas por un valor FOB (puesto a bordo de un transporte marítimo) de casi 31 millones y medio de dólares. De ese total, 22.695 toneladas, por un monto de poco más de 27 millones de dólares, corresponden a la especie sábalo, base de la cadena trófica del Paraná. Salvo en casos como el del pejerrey, donde tercian establecimientos de Santa Cruz, el monopolio de las ventas externas corresponde a acopiadores y frigoríficos de Santa Fe, Entre Ríos y, en menor medida, Buenos Aires.
Entre 2008 y 2019, se exportaron, según la misma fuente oficial, unas 453 mil toneladas de peces de río a variados destinos: desde Brasil, Colombia, Uruguay y Chile, pasando por Estados Unidos y República Dominicana, hasta Moldavia, Turquía, Irak, Países Bajos y Nigeria, sin agotar la variada lista.
Los frigoríficos exportadores son los claros ganadores en esa cadena de valor, de cuyo otro extremo de apropiación de la renta cuelgan los pescadores individuales y sus familias. Son los que hoy ponen en el tapete la crisis ictícola, a veces con argumentos propios de los poderosos compradores de su trabajo.
Qué hay debajo del agua
Los vaivenes económicos de la Argentina hacen el resto. Hace un año, el biólogo especialista en peces Norberto Oldani advirtió que, en los procesos devaluatorios del peso, crece el negocio de la exportación de pescado de río. “Cuando el dólar está alto sube el interés en su captura, ya que la tonelada de sábalo vale más de mil dólares. Esto lleva a los pescadores, que son cada vez más pobres, a trabajar más para ganar menos, porque a los dólares los agarra el acopiador y el exportador. Todo esto genera un enorme problema social”.
«No se escucha por estas horas ninguna propuesta superadora por parte de este sector, mucho menos se escucha que tengan pensado asistir con parte de sus ganancias a sus proveedores precarizados e inexorablemente empobrecidos». Es decir, los pescadores. El «segundo grupo heterogéneo al cual el modelo de negocio mantiene no organizado para afrontar este problema», sigue la publicación de El Paraná no se Toca.
El colectivo ambiental agrega que, «para peor, en el eslabón final de la cadena de debilidades están las más de 240 especies de peces que habitan el río Paraná. De todas ellas, sólo se han estudiado más o menos a fondo las que tienen valor comercial, en un desquiciado criterio de visión productivista a ultranza que no se condice ni de cerca con la imprescindible y urgente necesidad que tenemos (con los hechos a la vista) de preservar la biodiversidad y sostenimiento de un recurso económico en un río/humedal que nos está dando clarísimas señales de que no es un bien natural infinito».
Uno de los detalles que evidencia la fiscalización de capturas de peces es la presencia de carpas, una especie exótica invasora que está prosperando en el mismo nicho ecológico que las especies nativas, posiblemente favorecida por su merma en abundancia y tamaño.
«Por si fuera poco, ni siquiera tenemos idea cuando el río va a recuperar su pulso de creciente/bajante y mucho menos cómo se va a poder recuperar la fauna ictícola hoy en situación crítica por la falta de agua en el Humedal y por la extracción sin límites, criterios ni controles. Se rifa en este estado de cosas la enorme biodiversidad y la sostenibilidad del recurso para los próximos años. Sin olvidar un año entero de incendios», completa El Paraná no se Toca dando cuenta de que pese a la situación grave y extraordinaria el Consejo Provincial Pesquero «no se ha reunido desde marzo de 2020», en un panorama de «leyes que no se cumplen», «organismos que no organizan» y «controles que no controlan».
