La relación entre el gobierno y los gremios del sector público –principalmente los docentes– ingresó en su etapa más delicada desde que el Frente Progresista administra la provincia. Las negociaciones salariales en el marco de las paritarias nunca fueron sencillas, pero este año el conflicto ante la falta de acuerdo ha escalado a niveles nunca antes vistos.
Dos decisiones políticas del gobernador Miguel Lifschitz amenazan con hacer volar por los aires los puentes que supieron construir desde ambos lados: el descuento de los días no trabajados por medidas de fuerza –que alcanza a docentes, estatales y trabajadores del sector salud– y la suspensión de las titularizaciones docentes acordadas en las paritarias de 2018.
Las medidas que anunció el gobierno en respuesta a los paros generaron estupor en los sindicatos. Amsafé salió rápidamente a repudiar la suspensión del cronograma de concursos de titularizaciones con un comunicado en el que se expresa el “enérgico repudio ante el anuncio del gobierno provincial” que cancela el cronograma de titularizaciones de cargos y horas cátedra acordado para el primer semestre de 2019.
“Se debe enfatizar que dichos ofrecimientos son fruto de la paritaria docente del año 2018 y, por tal carácter, deben ser cumplidos por parte del gobierno”, señalaron desde el principal gremio docente. “De sostenerse esta medida unilateral y autoritaria, Amsafé avanzará con una presentación ante el Ministerio de Trabajo en razón de que se trata de un fundamento falaz el esgrimido para suspender ni más ni menos que un proceso de estabilidad laboral conquistado por esta organización sindical en el marco de la paritaria docente”.
Una semana antes de decidir la cancelación de los concursos, el gobierno había anunciado que este año invertiría 202 millones de pesos para la creación de nuevos cargos docentes, la mayoría destinados a los niveles inicial, primario y secundario. La movida tuvo por objeto desactivar las medidas de fuerza que analizaban los docentes, pero no dio resultado.
La reacción de los estatales
A diferencia de los sindicatos docentes, que inician este martes su tercera semana de paros, los estatales de ATE y UPCN tuvieron más paciencia y esperaron un mes y medio una propuesta salarial convincente. El aumento del 10% con cláusula gatillo sujeta a revisión que ofreció el Ejecutivo resultó “insuficiente”.
El martes 19, tras la reunión de la paritaria de la administración central, ATE y UPCN anunciaron un paro de 48 horas para el martes 26 y miércoles 27. Tres días más tarde los docentes tomaron una decisión idéntica. El 26 confluirán todos los gremios del sector público en una marcha hacia la Plaza 25 de Mayo, frente a la Casa Gris, donde demandarán una nueva propuesta salarial al gobierno.
El gobierno reaccionó a los nuevos paros con una advertencia que, lejos de calmar los ánimos, terminó por exaltar a los sindicatos. Con el anuncio del descuento de los días no trabajados por medidas de fuerza, la relación entre los trabajadores y el Ejecutivo entró en zona de conflicto.
“Si alguien está faltando a su obligación, es el Estado”, disparó el líder de UPCN Jorge Molina. “No sólo no hay un acuerdo paritario que posibilite establecer un acuerdo salarial, sino que el gobierno está debiendo a los trabajadores el porcentaje de incremento del mes de febrero. Si alguien está en mora, es el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe”.
Molina conduce UPCN desde la muerte de Alberto Maguid y siempre tuvo buen diálogo con las gestiones socialistas. Pero los últimos movimientos del gobierno cayeron decididamente mal en el principal sindicatos de empleados públicos. “Que se plantee el descuento de días cuando está en falta el gobierno, me parece insólito”, criticó Molina, además de calificar como “injusta e infundada” la medida anunciada por la Casa Gris.
ATE también repudió la advertencia de descuentos. “El gobernador debería estar orgulloso de los trabajadores públicos de Santa Fe por el sacrificio que vienen haciendo estos años, no obstante el deterioro de su calidad de vida, en lugar de sancionarlos porque luchan por su dignidad”, sostuvo el secretario general del gremio, Jorge Hoffmann. En un plenario de delegados realizado el último viernes, ATE repudió el anuncio oficial y recalcó que con la huelga del 26 y 27 “se ejercerá un derecho pleno de los trabajadores consagrado constitucionalmente”.
Hoffmann opinó que “no es concebible que se amenace con el descuento de los días de paro a los trabajadores que luchan por su dignidad”. Y en palabras dirigidas a Lifschitz, agregó: “Debería estar orgulloso de los trabajadores públicos por el sacrificio que vienen haciendo estos años, no obstante el deterioro de su calidad de vida, en lugar de sancionarlos porque luchan por su dignidad. Lejos está de ayudar a encontrar puntos de encuentro para solucionar el conflicto”.
Argumentos oficiales
Desde la Casa Gris habían avisado en enero, antes del inicio de las negociaciones, que este año iba a ser difícil sostener la aplicación de la cláusula gatillo –por la cual los salarios se actualizan de manera automática ante el avance de la inflación– en los mismos términos de 2018, es decir sin limitaciones.
Cuando el gobierno puso sobre la mesa la idea de revisar, en conjunto con los gremios, el comportamiento de la inflación y de la recaudación provincial, comenzó a observarse que esa revisión iba a ser motivo de conflicto.
El gobierno insiste en contrastar la inflación con la recaudación para justificar de ese modo el límite que se busca aplicar a la cláusula de actualización salarial. Los datos los reveló en la semana el ministro de Economía Gonzalo Saglione. En 2018, la inflación en la provincia fue del 50% y la recaudación aumentó un 35%: 15 puntos porcentuales por debajo. En enero de este año, siempre según Saglione la diferencia es de “entre 9 y 11 puntos”.
El gobernador Lifschitz apeló a la “racionalidad” de los sindicatos al exponer una y otra vez ese desfasaje. Lo que ocurrió en 2018 es elocuente: en abril se firmó un aumento salarial del 18% en dos tramos, pero para fin de año, por aplicación de la cláusula gatillo, el aumento terminó siendo casi del 50%. El argumento del gobernador, dirigido a docentes y estatales, es que ningún sindicato del sector privado siquiera se acercó a ese porcentaje.
Las razones de uno y otro lado fueron expuestas en la mesa paritaria y también ante la opinión pública. Las negociaciones quedaron estancadas y los anuncios oficiales, de descuento y cancelación de concursos, hicieron crecer la tensión entre los trabajadores y el gobierno. La salida del conflicto parece aún lejana.
