Por Mariángeles Guerrero / especial para El Ciudadano
La Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) resolvió convocar a un paro nacional con movilizaciones en todo el país para mañana lunes, el día previsto para el inicio de clases. A la medida se sumarán, en la provincia, Amsafe y Sadop y docentes de las universidades. Reclaman al gobierno nacional la convocatoria a la paritaria nacional, la entrega de fondos destinados a la educación en las provincias y una mejora salarial para la docencia universitaria. En Santa Fe hubo un amplio rechazo a la propuesta salarial del gobierno provincial y el paro se extenderá hasta el martes inclusive.
El paro de Ctera se definió luego de la falta de acuerdo entre el gobierno de Javier Milei y la gestión del secretario de Educación, Carlos Torrendel, cuya repartición depende del Ministerio de Capital Humano. En vísperas del inicio de clases, el gobierno nacional no giró a las provincias el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID); tampoco las partidas para comedores escolares ni las que corresponden al Fondo Compensador de Desigualdades Salariales. En cuanto a las universidades, se congeló el presupuesto de 2023 y a las y los docentes se les ofreció un 6% de aumento salarial.
Estas medidas de ajuste se producen en un contexto de tarifazos e inflación que genera una pérdida del poder adquisitivo de las y los trabajadores de la educación. Al respecto, la Ctera resolvió que el martes 27 se presentará ante la Nación para exigir la entrega de los fondos adeudados que, por otra parte, están previstos en las Leyes 25.053, 26.075 y 26.206. En ese marco, también pedirán que se convoque a la Mesa Paritaria Nacional, tal como lo establece la Ley de Financiamiento Educativo.
Desde la central sindical anticiparon que, de no tener respuestas, el miércoles 28 habrá un nuevo plenario de secretarios y secretarias generales para definir los pasos a seguir.
Para la docencia de las universidades nacionales, la propuesta del gobierno nacional es un aumento del 6% para febrero, que se suma al 10% ya acordado en las paritarias firmadas en noviembre y diciembre de 2023 con el gobierno anterior. La misma fue rechazada por el Frente Sindical Universitario, conformado por la Conadu, la Conadu Histórica, Ctera y otras federaciones sindicales. El magro incremento se suma a la decisión de no actualizar los montos de las partidas para el funcionamiento diario de las facultades. En el marco del paro nacional, la docencia universitaria llevará adelante clases públicas y volanteadas en conjunto con el movimiento estudiantil.
En las escuelas de Santa Fe
En la provincia, 33.243 docentes de escuelas públicas votaron el pasado 22 de febrero si aceptar o rechazar la propuesta salarial del 7% de aumento, propuesto por la gestión de Maximiliano Pullaro. De ese total, 32.882 optaron por el rechazo. La moción más votada fue la que proponía rechazo y paro por 48 horas, por lo que habrá paro este lunes y martes. Además, se realizará una movilización provincial en la ciudad de Santa Fe. En caso de no haber una nueva propuesta, se realizará otro paro de 48 horas con fecha a definir. Desde 2011 que en Santa Fe no empiezan las clases en la fecha prevista.
Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafe provincial, califica el resultado de la votación de las bases docentes como “histórico” y explica que es “porque hay una lectura en común: la propuesta salarial del gobierno provincial no tiene nada que ver con las necesidades que tenemos”.
Entre los reclamos de la docencia santafesina nucleada en Amsafe, se enumeran: recomposición salarial para activos y jubilados, resolución de concursos pendientes, urgente solución a problemas de infraestructura en las escuelas, aumento de los montos de las asignaciones familiares, urgente solución a los problemas de IAPOS, mayor presupuesto para educación, aumento de los montos asignados a comedores y copas de leche, creación de cargos y horas y defensa de la caja de jubilaciones y del 82% móvil.
Alonso precisa que otro aspecto que generó malestar en la docencia, además de la propuesta salarial, fue cómo se comunicó la misma desde el gobierno provincial: “Hubo un intento de desinformar, haciendo creer que el aumento era del 43,4% cuando en verdad en ese 43,4 hay un 36,4 que corresponde a una deuda que tenía el gobierno, por lo tanto el aumento real es del 7%”. En pesos, el incremento real para un maestro o maestra que recién se inicia es de 21.000 y, para el que termina, de 29.000.
“Si a eso se le resta el incentivo docente, que son 28.700 pesos, está claro que para el maestro con el máximo antigüedad el aumento real de bolsillo va a ser 300 pesos. Y el maestro que recién se inicia va a cobrar menos que en el mes anterior”, grafica el titular del sindicato a nivel provincial.
“El gobierno presentó una propuesta que ya fue discutida en la mesa paritaria. Y lo que hoy le falta a esa propuesta es exactamente lo mismo que habíamos planteado el 4 de enero (fecha de la primera reunión paritaria). Estuvimos prácticamente dos meses en donde no hubo avances y ahora proponen un incremento salarial que no tiene nada que ver con los procesos inflacionarios”, cuestiona.
En Rosario, 10.970 docentes de escuelas públicas resolvieron ir al paro. Juan Pablo Casiello, titular de Amsafe Rosario, manifiesta: “La situación de la docencia es complicada por la embestida que estamos viviendo por parte del gobierno nacional y a la que lamentablemente se ha sumado el gobierno provincial. Estamos ante una política de ajuste y rebaja del salario”. Y puntualiza: “La provincia no cumplió todavía con la paritaria de 2023 y nos hizo una propuesta miserable para marzo, a cobrar en abril. En esta situación vamos a un plan de lucha”.
Sobre la propuesta salarial en la provincia, añade: “Habíamos empezado con expectativas, porque el gobierno provincial dijo que iba a discutir la paritaria con tiempo y que iba a discutir una mejora del salario, pero desde el 4 de enero hasta hoy, en lugar de avanzar, retrocedimos”.
“En toda la provincia hay un ánimo de rechazar esto y vale tomar nota de que buena parte de la docencia votó a Pullaro y a Milei, pero de ninguna manera el voto es un cheque en blanco para nadie”, marca el docente. “El plan de lucha va a ser duro, pero es la base de esta votación tan clara y tendremos que llevarlo adelante en unidad con otros gremios, no pensar que es una lucha sólo de la docencia”, considera.
Por su parte, Sadop, que nuclea a docentes de escuelas particulares, también dispuso un paro para lunes y martes. “El 98.7% de las escuelas votó el rechazo de la propuesta salarial del gobierno de Santa Fe”, informaron desde ese gremio, y agregaron que también participarán del acto que se convoca para mañana en la ciudad de Santa Fe.
También en las facultades
Sueldos por debajo de la línea de pobreza y rectores que no cuentan con recursos para pagar la luz o las becas estudiantiles. Ese es el panorama de la universidad pública argentina hoy. Al respecto se expresaron desde la Universidad Nacional de Rosario, desde la Universidad de Buenos Aires y desde la Universidad Nacional de General Sarmiento, aunque el escenario se replica en todo el país. En ese marco, también la docencia universitaria va al paro este lunes.
Beatriz Introcaso, secretaria general de COAD (que nuclea a docentes e investigadores de la UNR), subraya que la pérdida del poder adquisitivo del salario de docentes y no docentes es de más del 50%, teniendo en cuenta la inflación de diciembre y enero y las proyecciones de la suba de precios en febrero. “Lo mínimo que reclamamos es que nuestros salarios no pierdan respecto de la inflación. La propuesta salarial del 6% está muy lejos de esa equiparación, por eso la rechazamos”, explica.
“La situación es muy preocupante y es preocupante también el ninguneo que nos hacen. En la última reunión que hubo entre el gobierno nacional y las federaciones sindicales docentes, se hizo un ofrecimiento que las federaciones rechazaron. Se pidió un cuarto intermedio y, en el medio, el gobierno sacó este aumento por decreto. Están descalificando las herramientas de la paritaria como tal”, cuestiona.
Sobre la suspensión de la paritaria nacional, agrega: “Además de afectar un derecho en sí, que es la paritaria nacional docente, nos afecta porque allí se establece el salario mínimo que repercute en la garantía salarial, que es el monto por debajo del cual ningún docente puede cobrar”.
La docente de la Facultad de Ingeniería de la UNR recuerda que, durante el macrismo, el sector perdió 40 puntos del poder adquisitivo y nunca lo pudo recuperar. Además indica que el recorte del FONID también perjudica a docentes que trabajan en escuelas secundarias dependientes de universidades nacionales.
El presidente Milei repite que la educación depende de las provincias, negando así que las universidades dependen de políticas nacionales. La desvinculación de la responsabilidad no es sólo discursiva. Introcaso precisa que el gobierno propone regirse por el decreto 1007/95, de la época del menemismo. El mismo establece que la negociación salarial se debe realizar entre los rectores de las universidades (a través del Consejo Interuniversitario Nacional) y los sindicatos. “El Estado se está corriendo de su rol de garantizar un salario digno para la docencia”, denuncia la titular de COAD.
Además considera que esta decisión tampoco sería bien recibida por los rectores: “Ellos no cuentan en este momento con un presupuesto como para hacer frente a la negociación salarial y tendrían que poner la cara para una negociación que, según lo que se viene previendo, va a ser muy desfavorable para la docencia y muy conflictiva”.
La docencia universitaria de todo el país está protegida por un mismo convenio colectivo de trabajo —homologado en 2014— y sus salarios son unificados. “Esto se logró después de mucha lucha, y retroceder en ese sentido habilitaría a que las universidades con más presupuesto puedan acordar salarios mayores en comparación con las universidades con menos presupuesto”, alerta Introcaso.
Esta semana, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, dijo en declaraciones a Télam que la situación económica de la casa de altos estudios “es muy compleja” y admitió que con el presupuesto asignado será “muy difícil llegar más allá del primer semestre”.
Defender la escuela pública
Las políticas que pretende imponer el gobierno de Javier Milei van en sintonía con las medidas que, en los años del menemismo, motivaron la Carpa Blanca: un acampe que docentes de todo el país sostuvieron frente al Ministerio de Educación de la Nación entre abril de 1997 y diciembre de 1999. La histórica protesta se plantó contra la Ley Federal de Educación y el desfinanciamiento educativo. Hoy, otra vez con el recetario del Fondo Monetario Internacional bajo el brazo, el gobierno vuelve al ajuste y a la pretensión de mercantilizar el derecho a estudiar.
Casiello sostiene: “Las decisiones del gobierno nacional expresan dos cosas: por un lado, ‘hago lo que quiero y no me importa la ley’; por el otro, su pensamiento de que la solución a todos los males es recortar. Pero el supuesto recorte a la casta es a los docentes, a los jubilados, a los comedores escolares”. Y agrega: “Con este paro no sólo estamos defendiendo el salario de la docencia, sino también a todos los trabajadores y trabajadoras y a la escuela pública”.
Por su parte, Alonso recuerda los años 90 y hace un paralelismo entre la actualidad y lo que pasaba en aquella época: “Hoy también hay un gobierno que se desresponsabiliza de la educación pública”. En ese sentido, cuestiona la comprensión de la educación como servicio. “Esto es gravísimo, porque es entender que la educación es como cualquier servicio se puede comprar y vender: se está abriendo las puertas a la mercantilización educativa”, advierte.
Desde la docencia advierten que la pretensión de declarar a la educación pública como servicio esencial va en contra de su derecho a huelga. Por otra parte, definir a la educación como un servicio se contrapone con la Declaración del Consejo Regional de Educación Superior, que en 2018 consideró a la educación un derecho humano universal.
“Por supuesto que había muchas cosas que cambiar del sistema educativo público tal como lo conocemos y nosotros lo veníamos diciendo, pero en lugar de hacer de la Universidad un espacio de transmisión y de creación de conocimiento más inclusivo y más universal se vuelve para atrás y se plantean posibilidades de arancelamiento, se la vuelve más excluyente”, reflexiona Introcaso.
En ese sentido, argumenta: “El gobierno pretende que la educación sea un valor de mercado más, entonces si alguien quiere estudiar y no tiene plata, deberá ver cómo va a hacer porque el Estado no lo va a garantizar”. Para la docente, esta embestida atañe a quienes trabajan en las universidades, a quienes estudian o quieren estudiar en ella y a la sociedad en general. “A la universidad pública la sostiene toda la sociedad, pero los conocimientos que allí se producen después vuelven en beneficio de todos”, argumenta.
Alonso se expresa en la misma línea: “Hay que defender la escuela pública porque no sólo es el lugar en donde van las niñas y niños, sino también es el lugar que cobija a toda la sociedad”. Como ejemplos, cita lo acontecido en la pandemia —cuando las escuelas eran el espacio de entrega de alimentos— o en 2003, cuando las familias inundadas de la ciudad de Santa Fe se evacuaron en escuelas de la capital provincial.
El dirigente gremial finaliza: “Es necesario una política económica y educativa totalmente opuesta a la que está llevando el gobierno nacional; una política que tenga que ver con inyectarle más recursos a la escuela pública, donde haya mayor inversión y políticas educativas para garantizar el derecho a la educación”.
