Una huelga de la Policía Militar en el estado brasileño de Bahía, declarada ilegal por la Justicia, desató una ola de inseguridad que forzó el envío de tropas federales a la zona que se alista para uno de los carnavales más importantes en su capital, Salvador. La protesta salarial de los agentes, que comenzó el miércoles pasado e involucra a un número indeterminado de uniformados, disparó el número de asaltos y saqueos, sumiendo en el caos a ese estado del noreste brasileño.
“Un grupo de policías usando métodos condenables, difundiendo miedo en la población, llegó a causar desórdenes en algunos puntos del estado”, afirmó el gobernador de Bahía, Jaques Wagner, en un mensaje televisivo.
El gobierno de Dilma Rousseff dispuso, por pedido del gobernador, el envío de más de 2.500 efectivos del Ejército, la Marina y de la Fuerza Nacional de Seguridad para asumir el control de la situación.
La inseguridad de los últimos días produjo la cancelación del 10 por ciento de reservas aéreas y de hotel, dijo al portal O Globo Pedro Galvao, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Bahía.
La mayoría de los destrozos ocurrieron en los barrios de la periferia de la capital bahiense. Ahí, se vieron negocios de electrodomésticos vaciados y gente asustada. Además, los robos y asesinatos superaron la media de las estadísticas de esta ciudad, que alberga a casi 4 millones de personas.
Según cifras oficiales, en cinco horas se registraron 17 asesinatos. El promedio de la ciudad es de 13 muertes violentas en 24 horas. Ante el descontento y el temor –la mayoría de los negocios decidieron cerrar–, las autoridades policiales aseguraron que los muertos eran todos narcotraficantes.
El ministro de Justicia brasileño, José Eduardo Cardozo se reunió ayer con el gobernador de Bahía, Wagner, y dijo que todos los incidentes criminales serán tratados como delitos federales.
“Todos los crímenes cometidos en ese período se clasifican como delitos del orden federal y serán tratados como tales. Vamos a ser muy firmes en el cumplimiento de nuestro deber”, dijo Cardozo en una entrevista en la Base Aérea de Salvador.
La Justicia de Bahía declaró ilegal la huelga de los policías militares, que reclaman un alza salarial del 50 por ciento y mejores condiciones laborales. Un efectivo recibe en promedio unos 1.500 reales (unos 867 dólares) al mes.
“No podemos convivir con un movimiento declarado ilegal por la Justicia bahiana”, sostuvo Wagner, y advirtió que ya fueron emitidas 12 órdenes de prisión contra los huelguistas.
